Familias de las víctimas de la posguerra cuyos nombres figuraban en las placas retiradas por el Ayuntamiento de Madrid del memorial de La Almudena han escrito una carta al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. En la misiva, piden al regidor que entregue al colectivo Memoria y Libertad, que los agrupa, los bloques de hormigón grabados “porque tienen un elevado valor sentimental”.
“Solicitamos tenga a bien, al ser imposibles darle otra utilidad entregar a este colectivo las placas ya grabadas con sus nombres, aunque estén rotas o partidas, por su elevado valor sentimental”, dice la carta que han hecho llegar a través del registro este miércoles. En la comunicación, los familiares recuerdan que fueron “partícipes” del monumento desmontado “como inevitables pacientes destinatarios de esa mínima reparación”.
“Las placas se mantienen en un depósito del cementerio y es absurdo el coste de mantenerlas. Además, tememos el posible final que pudieran tener”, dice Tomás Montero Aparicio, de Memoria y Libertad. El nombre de su abuelo, fusilado, estaba en una de las placas que reclaman. “No las quieren para reivindicar su memoria, así que si las van a destruir u ocupar un espacio absurdo, mejor que nos las donen”, añade.
Una de las primeras decisiones que tomó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando llegó al Palacio de Cibeles fue paralizar el memorial que la anterior corporación había empezado a construir en el cementerio de La Almudena como homenaje a los represaliados por el franquismo entre 1939 y 1944. El nuevo Consistorio anunció que paralizaba los trabajos en julio y hace unas semanas empezó a desmontar lo que ya se había construido.
La nueva placa: “A todos los madrileños que...”
En su lugar levantará un nuevo monumento en el que no habrá nombres y que unificará a las víctimas “de los dos bandos”, según el Consistorio. “En ambos bandos hay heridas”, dijo el presidente del Pleno, Borja Fanjul. Solo habrá escrita una inscripción: “El pueblo de Madrid a todos los madrileños que del 36 al 44 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas. Paz, piedad y perdón”.
El objetivo del Ayuntamiento es que el memoria sea para “las personas que perdieron la vida de forma violenta” y no para las casi 3.000 personas que fueron fusiladas en la capital en esa etapa. Para cambiar la esencia del monumento, el Consistorio justifica que la idea del Gobierno de Manuela Carmena no estaba respaldada por el Comisionado de Memoria Histórica, el órgano consultivo creado por el anterior Ejecutivo y ya desaparecido.
El Ayuntamiento ya ha retirado las placas grabadas con 1.000 nombres que ya estaban colocadas en la instalación. Según Memoria y Libertad, había otros tantos bloques con un millar más de asesinados que ya preparados para ponerse en el memorial y que nunca se colgarán.
La asociación memorialista Ranz Orosa denunció al Ayuntamiento de Madrid por un presunto delito de prevaricación ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal de Cuentas, al estar el 80% del monumento ya ejecutado cuando ha empezado a desmontarse, según su argumentación. “La obligación del Consistorio es velar por la administración del municipio y por la seguridad de los ciudadanos, y en este momento se han despilfarrado 210.000 euros”, criticaba el abogado de la asociación, Eduardo Ranz, en una conversación telefónica.