Inés Aparicio, madrileña de 41 años, ha tardado dos años antes de empezar a recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cuando lo solicitó por primera vez, en agosto de 2020, era madre soltera de un niño de 4 años y trabajaba ocasionalmente como educadora artística. “Es un sector muy precarizado y feminizado, y con la pandemia la cosa fue a peor. Hay mucha temporalidad y para mí ha sido siempre imposible la conciliación familiar”, explica. Tenía todos los requisitos para recibir el IMV, pero por alguna razón que nunca consiguió entender, le seguían denegando la ayuda.
Finalmente, tras ganar una sentencia en los juzgados, empezó a ser beneficiaria de la prestación. No solamente iba a empezar a recibir un monto mensual, sino también todos los pagos atrasados de los meses anteriores. En enero de 2022 le llegó el primer pago. Fue una cifra muy baja, tan solo 200 euros, aunque llegó a alcanzar los 500 euros unos meses después. En noviembre la situación volvió a cambiar. “Voy al banco y me entero de que no me han ingresado el dinero. Dejaron de darme el IMV sin avisar ni dar ningún tipo de explicación”, reclama Aparicio.
Como ella, hay miles de familias que se encuentran en la misma situación. Así lo denuncian las asociaciones y plataformas ciudadanas, que explican que los problemas empezaron en noviembre, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) realizó la revisión anual de oficio de la cuantía del IMV. Mientras algunos hogares han visto drásticamente reducida su prestación, otros han pasado directamente a no recibir nada. Nadie les ha explicado nada.
El colectivo RMI tu Derecho -que lleva años denunciado la “falta de rigor en el proceso administrativo” a la hora de asignar o no el IMV- habla de una situación de “indefensión total” de estas familias, que al no haber recibido ninguna carta de resolución que explicara los cambios en las cuantías, tampoco pueden poner alguna reclamación. “Realizar esta revisión a final de año y no en enero, causa doble daño a las familias, ya que además de quedar en la más absoluta pobreza, deben devolver lo indebidamente pagado por el INSS durante todo el año”, reclamaba el colectivo en un comunicado en diciembre.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sitúa en 400.000 las revisiones que se han llevado a cabo este año, aunque aseguran que más de las mitad de estas familias han mejorado su condición. También garantizan que todos los cambios en las prestaciones han sido comunicados. “Se ha enviado una notificación a cada beneficiario si su prestación ha aumentado, disminuido o si dejaron de cumplir los requisitos”, afirma una portavoz del Ministerio.
“Es una prestación muy incierta, poco segura para las familias que la solicitan”, opina Rosa García, trabajadora social de Carabanchel. En los últimos dos meses, atendió a un centenar de familias que tras el recálculo se quedaron sin recibir el IMV, y sin obtener información al respecto. “Hay familias que de 900 han pasado a percibir 24 euros, sin que su situación económica haya cambiado en el último año. Otras que se quedaron directamente sin prestación todo noviembre, diciembre y ahora también en enero. No se sabe hasta cuánto más van a tener que aguantar”, añade.
La situación de estas familias se hace aún más complicada a causa de la imposibilidad de obtener una cita en la página web de la Seguridad Social. “Esta mañana hemos conseguido siete citas. Entré a la web a primera hora de la mañana y a los diez minutos ya se habían acabado. Me quedan otras ocho familias pendientes. A ver si tenemos suerte mañana”, reclama García.
Sin prestación por un vacío burocrático
Desde que dejó de recibir la prestación en noviembre, Samara Suárez (25 años) se pasa los días hablando por teléfono con su trabajadora social. Antes de la pandemia, recibía la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid, que podía solicitar por tener un hijo a cargo. “Me enviaron una carta diciendo que me quitaban la RMI para darme el IMV. Me pareció bien porque en ese entonces la ayuda mensual era más alta”, recuerda.
Los problemas empezaron durante el confinamiento, cuando nació su segunda hija, y no pudo hacer a tiempo todo el papeleo necesario para incluirla en la solicitud. Todas las oficinas estaban cerradas, así que lo único que pudo hacer en ese momento fue poner una declaración jurada diciendo que su situación familiar había cambiado. “Primero me preguntaron por el DNI de la niña. Lo mandé, pero nunca recibí respuesta. Tampoco me pidieron más papeles. Y luego en noviembre me entero de que me han quitado el subsidio. Sin avisar, sin darte ni el tiempo de organizarte”, cuenta.
Para Amparo Taller (58 años) que le asignaran el IMV fue una “verdadera desgracia”. Lleva seis años sin trabajar y durante todo este tiempo ha “sobrevivido” gracias a una prestación que recibía por tener un hijo menor de edad y ser familia monoparental. Sin embargo, de la noche a la mañana le quitaron este subsidio, y en su lugar le concedieron el ingreso mínimo. La cuantía era mucho menor que lo que percibiría anteriormente: “Me hundieron en la pobreza con sus líos burocráticos. Solo 100 euros al mes de prestación. Con esto no se vive. Hace un año que no puedo pagar el alquiler, la comida la vamos a buscar.”
Sin embargo, en noviembre vio desaparecer incluso esta “pequeña ayuda”, y recurrió a la asociación Cuarto Mundo, para que la ayudaran con el papeleo que implica intentar reclamar la revisión anual del INSS. Cuando por fin consiguió respuesta, se enteró de que había sido por un malentendido. “Para ellos yo soy rica, dicen que tengo ingresos superiores a los 48.000 euros. Pero en realidad se trata de una deuda que tengo con el banco, de cuando pedí un préstamo para pagar el alquiler. Ellos lo entienden como un préstamos hipotecario, cosa que claramente no es”, aclara.
Además de no haber vuelto a recibir la prestación, desde hace un mes también le reclaman que devuelva todo el dinero recibido hasta ahora. “Es absurdo. Llevo meses viviendo gracias a los favores de amigos y familiares, y todo porque han hecho mal mi gestión. Es una situación demasiado angustiosa”, añade.