Los ex concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, además de la entonces consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, se han sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de malversación de caudales públicos en el conocido como caso Open de Tenis, la causa que investiga los informes jurídicos externos que ambos encargaron en calidad de altos cargos de Madrid Destino y que sustentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos que firmó con Madrid Trophy Promotion (MTP). Los tres han defendido su inocencia en un juicio que ha durado más de ocho horas con solo un receso de quince minutos. La acusación del PP pide cinco años de prisión para los tres acusados así como 12 años de inhabilitación especial para ejercer la función pública. Las defensas y la Fiscalía han pedido la absolución.
El caso que ahora por el que están siendo juzgados se inicia a mediados de 2017 a raíz de las denuncias formuladas por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, –retirada del caso– que acusaron a los dos ediles, además de a la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos” en el encargo de dos informes externos para denunciar las citadas presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón.
El punto de partida de esos informes se debió a la negativa a hacer un informe por parte de la Asesoría Jurídica municipal. Por ello, Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela– pidieron al bufete Alemany, Escalona y Fuentes una auditoría del convenio del Open de Tenis a través de la solicitud de dos informes que costaron 26.000 y 24.000 euros, por lo que no superaron los 50.000 euros, cifra a partir de la cual las normativas municipales exigen un pliego de prescripciones técnicas.
La Fiscalía solicitó el sobreseímiento del caso al considerar que los hechos por los que se acusó a los exediles de Carmena “no eran constitutivos de delito de prevaricación”, porque los dos contratos no superaron los 50.000 euros, “lo que permitía la asignación directa” de la solicitud de los informes “a un bufete determinado” sin necesidad del pliego de prescripciones técnicas. En el auto de procesamiento firmado por la jueza Concepción Jerez, la magistrada no atribuyó ningún delito a los acusados. Este lunes, el fiscal se ha reafirmado y ha pedido la absolución de los tres dirigentes.
“Ataque político”
Tanto Sánchez Mato como Mayer y Varela han declarado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid para defender su inocencia. El dirigente de Izquierda Unida, actualmente asesor en el Ministerio de Igualdad al igual que Mayer, ha sostenido que lo que motivó su actuación fue un “exceso de celo” en el uso de fondos públicos, por lo que pidió un dictamen sobre estos contratos a la asesoría jurídica del Consistorio tanto desde su cargo de vicepresidente de Madrid Destino como posteriormente como delegado de Economía y Hacienda del Gobierno de Ahora Madrid que dirigía Manuela Carmena.
Sánchez ha calificado estos cinco años de proceso penal de “ataque político y ajuste de cuentas” del PP que han intentado “arruinar” su vida, pero que “no lo han conseguido” sea cual sea el fallo. Por su parte, Celia Mayer ha recordado que cuando se firmaron dichos contratos con los abogados que redactaron los informes, se encontraba de baja maternal por lo que no pudo “participar” de ellos.
“Quiero hacer alusión también al coste profesional y personal que ha tenido este proceso. Estos mismos argumentos fueron demostrados en la fase de instrucción y a pesar de ello hemos estado con una estigmatización de esta petición de cárcel con consecuencias profesionales y profesionales, que han sido inmensas”, ha lamentado Mayer.
La Fiscalía pide la absolución
Según explica a elDiario.es la abogada de Sánchez Mato, Isabel Elbal, “se ha demostrado la inocencia de los tres acusados así como la necesidad de aquellos informes”. Elbal explica que una de las testigos, la entonces directora jurídica del Ayuntamiento de Madrid que no estaba acusada, ha reiterado la legalidad de los contratos y su necesidad. También los abogados que realizaron los informes “han mantenido sus informes, denunciando que hubo mucha opacidad en el contrato del Gobierno de Gallardón con Madrid Open de Tenis”.
La abogada del grupo municipal popular ha defendido que se buscó un asesoramiento jurídico “no necesario” con “intereses particulares” y de “espaldas a la normativa”. Por se ha reiterado en la petición de cinco años de prisión y doce de inhabilitación.
La Fiscalía de Madrid que ya había pedido el sobreseimiento de la causa, se ha reafirmado en que no ve delito en su actuación y ha reiterado su petición de que se absuelva a los tres acusados. Para el fiscal no se entiende que existiera el delito y que ellos hayan sido sentados en el banquillo.las defensas de Sánchez Mato, Mayer y Varela han pedido que se absuelva y, además, se condene al Grupo Municipal Popular al pago de las costas, ya que creen que hubo “mala fe” en la querella. El juicio ha quedado visto para sentencia.