La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) aplaza el desalojo de una veintena de personas en Carabanchel. El conocido como 'banco malo' confirma que ha solicitado al juzgado la paralización temporal del desahucio de 18 vecinos y vecinas del número 13 de la calle María Guerrero previsto para el próximo jueves tras la presión vecinal y de los partidos políticos.
La mayoría de inquilinos firmó sus contratos en 2010 con una promotora, Proyectos Inmobiliarios Stout S.L, que quebró dos años después. Las viviendas entonces quedaron en manos de la Sareb tras un proceso de ejecución hipotecaria para saldar la deuda de la promotora. El activo se traspasó al “banco malo” definitivamente en 2018, cuando terminó el periplo judicial. Ahora quiere venderlo y para ello antes pretende vaciarlo.
“Las intensas movilizaciones, la visibilidad en prensa y los compromisos adquiridos por varios partidos políticos, como Podemos, PSOE y Más Madrid, han forzado a la Sareb a parar el desalojo”, se felicitan desde la Asamblea de Vivienda de Carabanchel. Portavoces y representantes de las tres formaciones políticas –el diputado Rafael Mayoral (Unidas Podemos), la diputada autonómica Cristina González (PSOE) y el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá– se reunieron la semana pasada con los afectados y se comprometieron a pedir a la Sareb una mesa de diálogo con los vecinos. La sociedad, de momento, no ha accedido al diálogo aunque ha frenado el desahucio.
El director de Responsabilidad Social Corporativa, Gaspar González Palenzuela, comunicó a los inquilinos el domingo que se había pedido la suspensión temporal aunque el juzgado aún no lo ha notificado oficialmente. Para el desalojo se había solicitado la presencia de la Unidad de Intervención Policial.
La Sareb dice que se ha accedido a la paralización porque se han abierto conversaciones con el Ayuntamiento y la Comunidad, que les han pedido tiempo para llegar a una solución. Fuentes de la Sareb consideran que “sería una magnífica noticia” que la administración comprara el bloque, aunque ni en el Gobierno regional ni el municipal confirman que se vaya a adquirir. “No nos han hecho una oferta ni estamos negociando. Si existe en algún momento habrá que valorarlo”, apuntan fuentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.
Se trata de tres bloques con 55 de viviendas, en las que solo quedan 28 inquilinos. Diez son propietarios y el proceso no les afecta; los otros 18 viven de alquiler y el banco malo les obliga a marcharse porque quiere vender el inmueble. Todos pagaron rentas de entre 475 y 600 euros por estudios de 50 metros cuadrados.
De momento las negociaciones y la presión pública han logrado un aplazamiento pero no la paralización definitiva. El juzgado ya decretó en diciembre una suspensión porque solo les dio cinco días para marcharse y había situaciones de vulnerabilidad social identificadas. Algunos se pararon en el juzgado y otros “en puerta” con la comisión judicial, según la Asamblea de Vivienda de Carabanchel.
La siguiente demanda: una mesa de diálogo
El Ayuntamiento de Madrid firmó un acuerdo con el 'banco malo' en 2017, durante le mandato de Manuela Carmena, para la cesión de 300 viviendas que se incorporarían a la cartera pública. Muchos tuvieron que reformarse en unas obras que corrieron al 50% a cargo de cada una de las partes.
“A pesar de la celebración de la paralización del desahucio, las vecinas y vecinos siguen sin recibir una solución por parte de la Sareb que vaya más allá de una paralización temporal del lanzamiento. Por ello, esperamos que el siguiente paso sea la apertura de un canal de diálogo entre la propiedad y las vecinas”, manifiestan los afectados. Los inquilinos buscan que el Gobierno central participe en la mediación con la Sareb dado que tiene participación pública en su capital (el 45% pertenece al FROB).
Fuentes de la Sareb aseguran que en todo momento han estado en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid para garantizar una alternativa a los vecinos vulnerables. Según la sociedad, solo un inquilino está en esta situación y ha sido reubicado en una residencia. La Asamblea de Carabanchel mantiene otra cosa: “en el edificio había siete familias vulnerables, así establecido por servicios sociales, pero la Sareb se desentendió de esos informes”. La persona reubicada, según los activistas, es la madre de una de las inquilinas, que paga la plaza residencial.