La segunda teniente alcalde y concejala de Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Teresa Fernández, con acta de IUCM –antigua federación madrileña de IU desfederada por las relaciones con los casos Bankia, Caja Madrid y tarjetas black de alguno de sus dirigentes– y participante de Convergencia de la Izquierda, ha anunciado este lunes su “dimisión irrevocable” a sus cargos en el Gobierno local –en coalición con el PSOE– para “no dañar el pacto de gobierno”, tras ser declarada culpable por malversación de fondos por un jurado popular.
En rueda de prensa, Fernández ha anunciado que el viernes presentó su renuncia al alcalde, Manuel Robles (PSOE), y ha anunciado que entragará su acta de concejala en el último pleno del año cuando se apruebe el presupuesto municipal.
Fernández ha manifestado que adopta estas medidas para que acabe lo que ha definido como “cacería personal y política del PP” contra ella por 169 euros, el coste de las obras que realizó en su vivienda y que derivó en una causa que juzgó recientemente la Audiencia Provincial de Madrid.
Sentencia
La Audiencia Provincial de Madrid pide un año de cárcel para la exvicealcaldesa de Fuenlabrada en relación con un delito de malversación de caudales públicos. El Tribunal considera probado que esta concejal se apropió de medios propios del consistorio para la realización de unas obras de enfoscado en su vivienda particular.
Los otros dos acusados, Victoriano Agüado López, funcionario del mismo ayuntamiento, y Francisco José Hernández Gómez, asesor de la Concejalía de Sostenibilidad, Obras Públicas, Mantenimiento Urbano y Edificios Públicos también han recibido el mismo veredicto de culpabilidad.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, María Teresa Fernández, para su propio beneficio, encargó a Victoriano Aguado que le enfoscase la fachada de la vivienda particular en la que residía, a sabiendas que se emplearían para ello medios materiales y humanos pertenecientes al Ayuntamiento.
Victoriano Aguado, que conocía la irregularidad del encargo, puso en conocimiento de Francisco José Hernández la obra para que éste la gestionase, cosa que hizo.
Las actuaciones se paralizaron al descubrir la Policía Municipal el uso indebido del material propiedad del consistorio.