La Inspección de Trabajo ha levantado acta a la Universidad Carlos III (UC3M) por el supuesto empleo fraudulento de 570 becarios durante cuatro años, según fuentes sindicales de la universidad. El organismo de control laboral considera que la Carlos III utilizó realmente a estos becarios como trabajadores estructurales, ha cambiado la cotización de los casi tres centenares que seguían vinculados al centro y le impone el pago de un millón y medio de euros por este cambio con carácter retroactivo.
Martina (nombre ficticio) recibió el pasado 16 de diciembre un mensaje en su teléfono móvil en el que la Seguridad Social le informaba de que había sido dada de baja como trabajadora de la Universidad Carlos III (UC3M). Acto seguido, recibía otro en el que volvía a ser dada de alta de nuevo. Extrañada por la situación, solicitó su vida laboral y se percató de que su relación laboral con la Universidad madrileña había cambiado: pasaba de ser becaria a trabajadora indefinida a tiempo parcial como auxiliar administrativa.
No ha sido la única a la que le ha ocurrido. “A mediados del pasado mes de diciembre, algunos becarios de la Universidad empezamos a recibir mensajes por parte de la Seguridad Social de que se nos había cambiado de grupo de cotización. En el departamento donde yo realizaba mis prácticas me informaron: había habido una inspección de trabajo y había considerado que nosotros no éramos becarios, éramos trabajadores indefinidos a tiempo parcial en la Universidad”, relata otra estudiante.
Según informan a eldiario.es fuentes de la Universidad, la Inspección de Trabajo realizó al menos dos visitas a los campus de la Carlos III en el último trimestre del año para evaluar el papel que realizan los estudiantes con prácticas extracurriculares en los centros. Como consecuencia de estas visitas y las entrevistas a los becarios, la Inspección ha levantado un acta por la que establece que 570 estudiantes que han sido becarios durante los últimos cuatro años en la Universidad han ejercido como trabajadores, según cuentan fuentes sindicales de la UC3M.
Los estudiantes cuentan y las fuentes confirman que el órgano de control laboral considera que los becarios estaban en situación irregular porque su trabajo excedía al propio de unas prácticas extracurriculares (un tipo de prácticas que no están vinculadas con los estudios específicos del estudiante y que se desarrollan en bibliotecas o servicios de atención a estudiantes, entre otras) y realmente estaban sustituyendo de facto a funcionarios.
La Carlos III no está de acuerdo con las conclusiones de la Inspección de Trabajo, aunque ofrece información con cuentagotas. En respuesta a eldiario.es, asegura que no ha recibido el acta de Trabajo, pero defiende que “la UC3M, como otras muchas universidades españolas, viene convocando prácticas académicas extracurriculares (...) al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014” que regula este tipo de prácticas.
Su actitud con los becarios también apunta a la no conformidad con Trabajo. Mercedes Martínez, portavoz del sindicato de inspectores Upit, explica que si hubiera estado conforme habría aceptado un requerimiento de la Seguridad Social y habría procedido a regularizar la situación de los becarios. Pero desde que conoció que estaba recibiendo las visitas de la Inspección, cortó las becas y prohibió el acceso de los estudiantes a sus puestos de trabajo. El siguiente paso en ese camino será con toda probablidad impugnar el acta –cuando la reciba– y de ahí al juzgado, que tendrá que ser el que determine finalmente si existe relación laboral entre la Universidad y los estudiantes.
Sin carácter retroactivo en la cotización
La Seguridad Social reclama ahora a la Universidad madrileña 1,5 millones de euros, según fuentes del comité del centro, en su mayoría por las cotizaciones que el organismo ha dejado de percibir durante los últimos cuatro años por estos estudiantes que la inspección ha determinado que son trabajadores. Unos 100.000 euros corresponden a las becas desempeñadas por estudiantes extranjeros no europeos, ya que el órgano de control considera que estaban trabajando sin permiso.
Otra de las alumnas afectadas (que también prefiere mantener el anonimato), recibió la misma notificación por SMS que Martina el 18 de diciembre y al comprobar su vida laboral también descubrió que había sido dada de alta como trabajadora indefinida de la Universidad desde el 1 de junio de 2018, día en el que empezaron sus prácticas.
Pero en el documento, al que ha tenido acceso este diario, se precisa que su alta se hizo efectiva desde el 9 de octubre de 2019, lo que significa que comenzó a cotizar como indefinida desde ese día. Martínez, la portavoz del sindicato de inspectores, aventura que esa es la fecha en la que se hizo la visita a la Universidad por parte de la Inspección. Y que la divergencia entre la fecha de alta como indefinida y el alta real se debe a que estos cambios no tienen carácter retroactivo hasta que se abonan por el empleador (en este caso la Universidad), que probablemente no lo hará hasta que le obligue un juez.
El contrato de prácticas de los estudiantes expiraba el 20 de diciembre, aunque a día de hoy siguen figurando y cotizando como trabajadores de la Universidad. “El 7 de enero nos presentamos a nuestros puestos de trabajo porque seguíamos siendo empleados aunque la Universidad nos cerró la puerta”, explica uno de los afectados. “Ahora mismo nos encontramos en un limbo porque la Seguridad Social nos dice que tenemos que ser despedidos para dejar de cotizar y la Universidad no nos quiere reconocer y dice que no hemos firmado ningún contrato laboral con ellos”, añade.
En su caso, desempeñaba unas prácticas de 20 horas semanales por las que recibía 326 euros mensuales brutos y se plantea reclamar la parte salarial que habría dejado de percibir: “Si la inspección me ha reconocido como trabajador voy a reclamar los salarios que he dejado de percibir y un despido si es lo que quieren hacer”. En estos momentos, unos sesenta estudiantes se han organizado para defender lo que consideran “sus derechos” laborares. Todo esto, en cualquier caso, se resolverá una vez acaben las cuitas entre Trabajo y la UC3M. Dadas las posiciones irreconciliables entre ambos, tendrá que decidir un juez.
La UC3M convocó el pasado mes de mayo 238 becas extracurriculares para los estudiantes del campus, becarios (al menos entonces lo eran) que ahora se han quedado en ese limbo. La Universidad, ante la incertidumbre de la situación y por primera vez, ha pospuesto las siguientes convocatorias, empezando por la del pasado noviembre, hasta que se aclare la situación legal de los estudiantes.
Los precedentes
Las visitas recientes de la Inspección de Trabajo no salen de la nada. Desde el Ministerio ya detectaron que la Universidad es un sector en el que se dan casos de fraude en el empleo de estudiantes, y la Inspección lleva desde hace un par de años haciendo comprobaciones en los campus, según detalló el propio organismo a eldiario.es. En el caso de la Universidad Carlos III existe un precedente en los tribunales que habría desencadenado la inspección laboral en el campus, señalan algunas fuentes.
El Juzgado de lo Social número 21 de Madrid reconoció el pasado mes de julio la relación laboral de la Carlos III con una becaria que trabajaba en el archivo general de la Universidad ubicado en la Biblioteca María Moliner de Getafe. Según relata la sentencia, el juzgado consideró que “no había proyecto académico”, al cual debería supeditarse la evaluación de las prácticas según el Reglamento de prácticas académicas extracurriculares desempeñadas en la Universidad Carlos III de Madrid. Tampoco existía relación entre la demandante y las tutoras de las prácticas.
Según la juez, “todas las pruebas” apuntaban a determinar “que la relación existente entre la demandante y la UC3M no es propia de una beca de formación”. La Universidad tiene la sentencia recurrida.
En un plano más general, ni siquiera es la primera universidad que recibe un acta de Trabajo. El pasado julio el juzgado de lo Social nº7 de Madrid desestimó un caso muy similar que se dio en la Universidad Autónoma de Madrid. En esta ocasión, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sancionó a la UAM por el uso fraudulento de 285 estudiantes, que tenían una de estas becas extracurriculares y que según el Estado ejercían de trabajadores encubiertos. La Universidad recurrió el acta que le impuso la Inspección de Trabajo y el caso acabó en la Justicia, que acabó fallando en primera instancia a favor de la universidad por entender que la labor de los estudiantes “se adapta plenamente a la normativa que las regula”. Tanto la TGSS como los abogados de los estudiantes difieren y han anunciado recursos a esta sentencia.
Pero las cada vez más frecuentes visitas de la Inspección de Trabajo a los campus (también ha habido al menos en Barcelona) y la sanción que impuso a la UAM tienen a las universidades alerta. Casi todas funcionan con parámetros parecidos en lo relativo a sus becarios extracurriculares. Del resultado del juicio a la UAM probablemente dependa todo el sistema.