Una sentencia anula la resolución que permitió la venta a un fondo buitre de 3.000 viviendas públicas del IVIMA
La justicia da un nuevo revés a la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a Golman Sachs-Azora en 2013. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital ha declarado anuladas dos resoluciones del IVIMA (ahora Agencia de la Vivienda Social) que permitieron efectuar el traspaso de 32 promociones de vivienda protegidas por 201 millones de euros cuando Ignacio González era presidente regional.
La sentencia, adelantada por Cadena Ser y a la que ha tenido acceso eldiario.es, nace de la demanda de una vecina madrileña de Navalcarnero, inquilina de uno de estos pisos. En su caso, la justicia deja “sin efecto” la venta de su vivienda y cancela su relación con el fondo buitre, es decir, su casa debe volver a ser pública.
El fallo entra en el fondo del asunto por primera vez y abre la puerta, según varios abogados consultados, a que el resto de inquilinos recurran la venta de sus casas con garantías de ganar. Ya hay más vecinos que han puesto sus casos en manos de los tribunales y esperan sentencias judiciales en el mismo sentido en los próximos meses.
Hay demandas en Parla, Leganés, Ensanche de Vallecas y Valdecarros. Los jueces se están empezando a pronunciar sobre este asunto una vez que el Tribunal Supremo ha reconocido la “legitimación activa” de los inquilinos para recurrir la venta como parte afectada.
La sentencia constata, además, que la justificación de la venta se sostuvo con la “llama afirmación de que no son necesarias” y sin informes de tipo económico que respalden ese argumento vacío. “No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones [...], cuando cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”.
El juez también concluye que el IVIMA se saltó pasos en el proceso de venta: la enajenación “masiva” no pasó por el visto bueno del Consejo de Administración de la empresa autonómica. Y por estos motivos, dice la sentencia, el acuerdo que permite la “adjudicación de dichas promociones no se ajusta a derecho”. En el acuerdo figuraban 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales.
Posible recurso de la Comunidad de Madrid
Contra la sentencia cabe aún recurso y la Comunidad de Madrid lo presentará previsiblemente, según fuentes de la Consejería de Transportes y Vivienda. Estas fuentes apuntan que “los servicios jurídicos tienen que estudiar el fallo” y evitan anticipar cualquier acción del Gobierno regional. Se escudan, no obstante, en que la operación es legado de un “Ejecutivo anterior”.
La vecina de Navalcarnero que interpuso la demanda accedió a su vivienda de protección oficial en el año 2007. Era un piso del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), que ofrecía a personas con escasos recursos alquileres con una reducción de hasta el 90%.
