La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha librado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno de una multa millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre ha vuelto a poner bajo el foco a este órgano fiscalizador. Actualmente está controlada por el Partido Popular que tiene la mayoría del consejo y que ostenta la presidencia y el órgano de gobierno en su totalidad. La absolución de Botella, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas, una exministra de José María Aznar, marido de la exregidora de la capital.
El Tribunal de Cuentas es quien vigila la contabilidad de los partidos, de sus fundaciones y de los organismos públicos. Y aunque reciba el nombre de “tribunal” no es un órgano judicial, ya que no depende del Consejo General del Poder Judicial. El ente que vigila la financiación de los partidos, y si sus actos al frente de las instituciones se hacen de manera correcta, está controlado por los propios partidos: sus doce consejeros los nombra el Congreso y el Senado. Tras la elección, ostentan el cargo durante nueve años con altas probabilidades de repetir.
El Tribunal de Cuentas es, por ley, “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público” y le corresponde “en exclusiva” el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Las cuentas de las organizaciones políticas por tanto no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria, sino a un organismo cuyos miembros los nombran los propios partidos, en este caso los dos grandes partidos: PP y PSOE.
La última elección de los doce consejeros que conforman el Tribunal de Cuentas se hizo en 2012 (y se mantendrá hasta 2021). Ese año fueron elegidos Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, los dos consejeros que han absuelto a Botella y a parte de su Gobierno de pagar una multa de 25,7 millones de euros, revocando así la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia. Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también fue nombrado ese año miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Por parte del PSOE, un exsenador del PSC Lluís Amet es consejero. Y hay otros cuatro nombramiento que hicieron los socialistas en consenso con IU. El voto en contra de la absolución de Botella ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.
La presidencia del órgano desde 2018 es María José de la Fuente, nombrada también por el PP. Su predecesor en el cargo, Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda, que fue diputado por UDC, ha estado en la institución fiscalizadora más de 30 años, desde 1984. No es el único miembro que ha permanecido durante décadas en ese sillón. Ubaldo Nieto, también expresidente de la entidad y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica debido a que aparecía como donante del PP en las notas contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.
El índice de rotación de los consejeros por tanto acaba siendo muy bajo y estos gozan de unas condiciones laborales muy ventajosas. Su salario anual asciende a 119.480,34 euros, según recoge en el BOE, a los que se suman otros 6.000 euros para gastos y los trienios que vayan acumulando. También tienen coche oficial y dos secretarias.
En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece, y la que más poder tiene en el organismo, fue renovada. Por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración. Una vez que abandonan el cargo, tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80% de su retribución (que incluye los trienios) durante un máximo de 24 mensualidades.
Nepotismo
Los nombramientos a dedo van más allá de la que hacen los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos, como publicó El País. Unos 700 trabajadores conforman la plantilla del Tribunal de Cuentas, y un centenar de ellos tienen lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros.
Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo protagonizaron los que fueran presidente del Tribunal de Cuentas hasta 2018 y presidente de la sección de Fiscalización. En la plantilla del organismo está la concuñada de Ramón Álvarez de Miranda, Cristina Querarto Iborra, y un sobrino, José Manuel García Soriano. El que fuera su segundo en el tribunal, Javier Medina Guijarro (PP), tenía a un hermano, Enrique Medina); a una hermana, María Consuelo Medina Guijarro, y a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus).
En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de nombrar a dedo al hermano de Medina, Enrique Medina, como subdirector Técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.
Otro de las sospechas que han sobrevolado sobre el Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones la fiscalización que ha realizado sobre los partidos. Un ejemplo de ello se produjo en 2013, cuando la fiscalización de las cuentas de los partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. Las posibles irregularidades que hubiera podido detectar de las cuentas de 2008 de las formaciones políticas, auditadas cinco años después, habrían prescrito después de que el PP aprobara en 2012 un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular. Ese retraso de cinco años se ha subsanado ligeramente los últimos años.
La trayectoria de los que han absuelto a Botella
El enésimo escándalo en el Tribunal de Cuentas lo han preguntado dos consejeros del PP que han absuelto a Botella y a otros cargos de su gobierno también del mismo partido. Una de las consejeras es Margarita Mariscal de Gante, que fue nombrada en 1996 ministra de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.
José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público.
La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica y las sospechas de enchufismo también han recaído sobre el consejero. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público. En concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada por el Supremo fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP tienen en el Tribunal de Cuentas.