¿Y si hablamos de la gestión de Ayuso?

Pongamos por caso la última quincena, aunque podría ser cualquier otra desde 2020. En dos semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha tratado de abrir una guerra del agua contra el Gobierno anunciando una demanda contra el Plan Hidrológico del Tajo y se presentó como víctima del Ministerio de Fomento por no haber sido invitada a un tramo de alta velocidad ferroviaria entre León y Asturias. Abonada a la hipérbole dijo que Pedro Sánchez pretende “sitiar Madrid” y que sus ciudadanos se “rindan por sed”. Y en la manifestación contra el Gobierno, la amnistía y los socios del PSOE el pasado domingo aseguró:

“Madrid aporta casi el 70% de todo con lo que se sufragan los servicios públicos de España entera”. El dato, como tantos otros que utiliza en la confrontación con el Gobierno, es falso. Ni siquiera recaudando el 100% de todo el PIB de Madrid –230.000 millones– llegaría para pagar un tercio del gasto público español –670.000 millones–.

Ayuso ha hecho del choque institucional contra el Gobierno su razón de estar en política. Sus acometidas se iniciaron meses después de su llegada a la Puerta del Sol en agosto de 2019, desde entonces fomenta una suerte de nacionalismo madrileño que exprime el victimismo y que para la oposición es “calcado” al independentismo catalán y a su “España ens roba”.

“Isabel Díaz Ayuso es ya indistinguible de Carles Puigdemont”, dice en conversación con elDiario.es, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato. La dirigente del PP intenta de esta forma desviar la atención de los puntos más polémicos de su gestión.

“Es una vez más la presidenta madrileña generando incendios contra el Gobierno para no hablar de lo que hace el suyo”, añade Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional.

Mientras los principales debates políticos en la Asamblea de Madrid están dedicados a la ley de Amnistía –una norma que se tramitará en el Congreso y a la que nada puede aportar la cámara regional–, y Ayuso se dedica a polemizar con el gobierno, el PP de Madrid ha aprovechado su mayoría absoluta para aplicar su rodillo y debilitar los controles a su Gobierno. Como ejemplo, la ley que acaba de presentar, que ya ha pasado el primer trámite parlamentario, con la que pretende modificar 15 normas autonómicas. La gran mayoría de estos cambios tienen una única función: limitar la fiscalización a su gobierno. Por la puerta de atrás, cambia– por tercera vez– la ley que regula Telemadrid, para acaparar todo el control del canal que se ha convertido en un publireportaje continuo de la presidenta. También, la ley que regula la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia, con idéntica estrategia: aprovechar el rodillo de la mayoría absoluta para dar a su gobierno todo el control de estos organismos que, en teoría, sirven para vigilar su gestión. 

La misma ley le servirá a Ayuso para modificar el estatuto de expresidentes, a través de una reforma opaca. Desde Más Madrid acusan a la presidenta de querer garantizarse un sueldo vitalicio de al menos 8.500 euros mensuales. La cifra en realidad aún se desconoce, puesto que con la modificación legal será la propia Ayuso, sin que pase por el parlamento, quien la decida: podría ser esa u otra. La presidenta regional reconocía que aprobar ese sueldo para expresidentes entra en sus planes y defendió que era “algo lógico y asumible”.

Política de becas para rentas altas

Pese a que su último propuesto de presupuestos contempla un gasto anual de casi 28.000 millones de euros, la presidenta de Madrid rara vez acapara titulares por su gestión de los servicios públicos, cada día más debilitados. Un ejemplo es su política de becas y subvenciones. elDiario.es ha desvelado que un tercio de los alumnos de Bachillerato que estudian en centros privados reciben una beca. Familias que ingresan más de 100.000 euros anuales y que, bajo los criterios del Gobierno regional, tienen derecho acogerse a un plan de becas que cuesta anualmente 43 millones de euros. La Comunidad de Madrid incluso beca a alumnos de colegios religiosos que segregan a su alumnado por sexo.

La medida contrasta con el caos en la tramitación de las becas comedor que se produjo al inicio del curso escolar. El Gobierno regional cambió el sistema para solicitarlas y provocó que a muchas familias vulnerables se les denegase, reclamándoles en muchos casos documentación que ya habían presentado. Finalmente, la Consejería de Educación reconoció el error en la tramitación y aseguró que concedería todas las becas que se hubieran solicitado. Esta redacción reveló sin embargo que los colegios están reclamando el pago de la cuota del comedor a familias que habían solicitado la ayuda. Esta política de becas ha sido afeada por el Defensor del Pueblo.

Ayudas al alquiler insuficientes

Al mismo tiempo que Ayuso subvenciona a familias privilegiadas para que puedan pagar colegios privados, mientras sigue planteando nuevas rebajas de impuestos, la Cadena Ser desvelaba que la Comunidad de Madrid ha denegado la ayuda al alquiler a cientos de jóvenes y familias vulnerables que cumplen los requisitos: ¿La razón? La falta de fondos. El Gobierno regional ha comunicado a 1.000 familias de las que reúnen el requisito de renta, que se quedaban sin la ayuda al alquiler porque el dinero dedicado a esta ayuda se ha terminado.

Ayuso prometió durante la campaña electoral que esta sería la legislatura “de la vivienda”, pero de los 25.000 pisos de alquiler que prometió en 2019, solo permite optar a 274 cuatro años después. Mientras tanto, se ha decidido a batallar contra la ley de Vivienda estatal aprobada en la anterior legislatura, y la ha llevado a los tribunales, a la vez que deniega a los municipios que lo soliciten, como es el caso de Getafe, declararse zona no tensionada.

Comida podrida para los menores tutelados

Otra de las polémicas que persiguen la gestión de Ayuso es la de la comida que se sirven en las residencias de la Comunidad de Madrid. La misma semana que Ayuso acusaba al Gobierno de querer “matar de sed” a los madrileños, la Ser desvelaba que las condiciones de vida en los centros de menores y residencias de mayores tutelados por la Comunidad de Madrid distan mucho de cumplir con los requisitos mínimos de salubridad.

Huevos podridos e incluso con gusanos, fruta en mal estado, alimentos caducados… Como la Comunidad de Madrid, en sus criterios de concurso, prioriza el precio sobre todo lo demás, una empresa que ya fue sancionada por suministrar alimentos en mal estado ha vuelto a ganar el contrato para servir comida en los centros de menores de la región.

En unas semanas, la Asamblea también aprobará con los votos del PP de Ayuso –y el apoyo de Vox– la reforma de las leyes trans y LGTBi autonómicas, con las que se recortarán por primera vez derechos al colectivo. El parlamento también aprobará los segundos presupuestos regionales –esta vez con mayoría absoluta del PP – que incluyen un recorte de fondos para Sanidad, más de 1.000 millones menos de los que gastó el Gobierno para este fin en 2022. O un recorte del 20% en la partida destinada a luchar contra la violencia de género. Mientras tanto, Ayuso seguirá fomentando el nacionalismo madrileño con el que confrontar con Sánchez.