“Equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad”. Es el argumento que ha esgrimido este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para poner sobre la mesa medidas que intentan responder a la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) al margen de la legalidad. El paquete de acciones se centra en tres puntos: la suspensión de las licencias municipales en los distritos del interior de la M-30, un endurecimiento del régimen sancionador que eleva hasta un mínimo de 30.001 euros las multas para los propietarios que operen como VUT sin autorización del Ayuntamiento y un refuerzo del 15% en la plantilla de inspectores. El consistorio publicará asimismo un listado oficial de pisos turísticos con licencia y su ubicación real.
Las intervenciones, que la oposición considera “propaganda” y “un parche claramente insuficiente”, llegan en un contexto en el que el Gobierno municipal cifra en 13.502 el número de viviendas turísticas de la ciudad. Entre ellas, según datos facilitados por el área de Urbanismo, solo cuentan con licencia del Ayuntamiento 941 (el 7%) y 151 están en tramitación. Por tanto, el propio Ejecutivo liderado por Almeida sitúa en 12.410 los pisos turísticos ilegales en Madrid. El 92% del total.
El número es aún mayor de acuerdo a los datos recopilados por la plataforma de análisis Inside Airbnb, que cifra en 25.543 las viviendas turísticas de la capital (sin distinguir entre las regularizadas y las que no lo están), un 90% más respecto a las que contabiliza el consistorio. Según esta misma herramienta, en 2017 había 7.446 VUT en Madrid, 18.097 menos.
Los dígitos actuales contrastan con los correspondientes a las viviendas en arrendamiento ofertadas en la ciudad. En el portal Idealista actualmente se congregan 8.033 anuncios de alquiler, lo que supone menos de una tercera parte de las VUT que registra Inside Airbnb y un 40% menos que los pisos turísticos reconocidos por el equipo del alcalde. “No es un problema de oferta, es un problema de dejación de funciones de Almeida”, aseguraba este miércoles en X la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.
La suspensión de nuevas licencias promovida por Almeida para paliar la problemática descrita es limitada y afecta a la almendra central: los distritos Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y zonas de Moncloa-Aravaca. Es en estas áreas, donde más pisos turísticos se acumulan, en la que se congela la concesión de permisos municipales en dos casos. En primer lugar, para uso residencial se suspenden las licencias para VUT dispersas y las licencias para la transformación de local a vivienda en los ejes comerciales del distrito Centro. Además, se suspenden las licencias para VUT en edificaciones distintas al ámbito residencial que se sitúen en planta baja.
El Ayuntamiento ha buscado sustento legal para esta suspensión, que se basa en las Normas Urbanísticas del uso de hospedaje del artículo 70 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (LSCM). Se trata de una medida cautelar adoptada antes de que se defina la futura ordenación de las VUT. La nueva normativa, una Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, se aprobará inicialmente en septiembre y tardaría un año en entrar en vigor.
El Gobierno de Cibeles tipificará ahora como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística. De esta forma, la primera multa que se impondría sería de 30.001 euros, como acaba de suceder en un negocio de pisos turísticos en la calle San Bernardo. Antes, los técnicos municipales darán un primer aviso y una orden de cese, por lo que el propietario de la VUT ilegal podría llegar a salir sin sanción del trámite, siempre que dedique su piso a otra actividad como el alquiler a largo plazo. De no hacerlo, se expone a una primera multa de los 30.001 euros citados, a una segunda de 60.001 euros y a una tercera de 100.001 euros.
Hasta ahora, el régimen sancionador contemplaba multas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, explica el Ayuntamiento en un comunicado. “No va a compensar mantener una actividad ilegal”, ha asegurado Almeida a presentar los nuevos niveles de sanción, que tienen un carácter “disuasorio”. El objetivo de estas medidas es incrementar la oferta de vivienda residencial en la zona centro para la llegada de nuevos vecinos, además de “ordenar la oferta turística y dotar de mayor seguridad a los turistas que optan por estos alojamientos”.
La oposición exige más cierres en lugar de elevar las multas
Para Rita Maestre, el anuncio “es simple y llanamente propaganda”. La portavoz municipal de Más Madrid expone que “el problema no es de licencias y la pregunta es cuándo piensa Almeida cerrar las viviendas turísticas ilegales que hoy operan sin ninguna licencia en Madrid”. Y añade: “Si durante 2.023 solo se han puesto 86 multas a pisos turísticos ilegales, ¿con qué cara ahora Almeida dice que va a aplicar mano dura?”.
“Lo que ha estado haciendo el Partido Popular es alimentar el problema. Es aprobar planes especiales para legalizar apartamentos turísticos ilegales. Y tiene pinta de que la nueva normativa que nunca llega va a ser en realidad una amnistía general”, sentencia la dirigente de Más Madrid. Ha pedido al regidor “menos titulares y más políticas valientes que le paren los pies a los fondos buitres y a los grandes especuladores”.
Lo que ha estado haciendo el Partido Popular es alimentar el problema. Es aprobar planes especiales para legalizar apartamentos turísticos ilegales. Y tiene pinta de que la nueva normativa que nunca llega va a ser en realidad una amnistía general
“Esperaba escuchar que va a cerrar todas las viviendas ilegales, pero se ha limitado a decir que va a incrementar las sanciones”, ha criticado la lideresa del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto. Califica el protocolo anunciado este jueves como “un parche” y exige mayor contundencia a la administración madrileña: “Si las VUT incumplen la ley, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es clausurarlas. Almeida carece de la ambición necesaria para abordar este problema y quien sigue sufriendo las consecuencias es la vecindad. El alcalde se olvida de vecinos y vecinas de nuevo”.
Madrid Aloja, asociación de gestores y propietarios de pisos turísticos en la Comunidad, tacha de “ineficaces” las medidas planteadas por el Ayuntamiento. Desde la entidad opinan que “retrasan una respuesta justa y efectiva sobre la revisión de la regulación del sector”. Consideran que la incidencia en la regulación de VUT ilegales culminaría en “un punto de equilibrio entre residentes y el desarrollo turístico de la ciudad”.
En contraste con esta petición, los datos muestran que el encarecimiento de la vivienda no solo persiste, sino que se intensifica y también alcanza la compra de pisos. Según datos de Idealista difundidos en X por MadridDecadente, la capital cuenta con una mayor oferta de pisos en venta valorados en más de un millón de euros que aquellos por debajo de los 200.000 euros: 3.860 frente a 2.988, a fecha del 24 de abril.
La falta de inspectores, en el centro del debate
El refuerzo en la plantilla de inspección de alojamientos ilegales es una de las demandas más reiteradas por parte de oposición y asociaciones vecinales. El primer edil ha anunciado un aumento del 15% hasta los 75 efectivos, por los 65 que hasta ahora han venido llevando a cabo este control. No obstante, estos empleados municipales controlan las irregularidades de todo tipo de licencias, no solo las vinculadas a la vivienda.
“Durante el Gobierno de Almeida se ha desmontado el servicio de inspección que se montó durante el gobierno de Manuela Carmena y eso se ha hecho con el único objetivo de no cumplir con la normativa municipal vigente y permitir que prolifere la ley de la selva”, sostiene Maestre. “Siendo generosos y pensando que se van a dedicar en exclusiva a detectar este tipo de irregularidades, cada uno tendría que inspeccionar 340 viviendas”, recalca Reyes Maroto (tomando como base los datos de Inside Airbnb).
La maniobra de Almeida llega después de un fin de semana de intensas protestas por el modelo turístico en las Islas Canarias, que tiene en las consecuencias habitacionales de las VUT uno de sus puntos calientes. El Ayuntamiento ya actuó a rebufo de la actualidad nacional cuando, después del incendio en una discoteca de Murcia el pasado 1 de octubre, intensificó las intervenciones y clausuras en locales sin licencia o sobre los que pesaban órdenes de cierre hasta entonces no materializadas.
El contagio también se ha producido entre la ciudadanía, con acciones hasta el momento simbólicas en barrios de gran tensión habitacional como Lavapiés. En esta zona del distrito Centro proliferan pegatinas contrarias a los pisos turísticos y a su afectación en el alza de precios de la vivienda.