El equipo de Almeida ya ha elegido quién estará al frente de la empresa que gestiona la M-30 durante los próximos cuatro años. Será Javier Ramírez, uno de los concejales de la anterior legislatura que se quedaron fuera de Cibeles al ser relegados a puestos bajos en las listas del PP en las elecciones del pasado 28 de mayo.
Francisco Javier Ramírez Caro (Madrid, 1971) fue uno de los 12 nuevos consejeros de Calle 30 nombrados el pasado 6 de julio, durante la última Junta de Gobierno. Su designación no fue comunicada en la rueda de prensa posterior pero sí aparece recogida en el boletín municipal de este miércoles, según pudo consultar Somos Madrid. El desembarco de Ramírez en la entidad tenía el objetivo de ser elegido como el nuevo consejero apoderado de la empresa pública en sustitución de Rosalía Gonzalo, que dirigió la compañía en la anterior legislatura.
El puesto de consejero apoderado es el único con sueldo asignado de la docena de cargos políticos en el consejo de administración. Ramírez cobrará 105.660,69 euros anuales (el mismo que su predecesora) por dirigir una de las empresas municipales con mayor presupuesto: en su mano estará la gestión de 150 millones de euros cada año, destinados fundamentalmente al mantenimiento de la principal carretera de circunvalación madrileña.
La votación de la propuesta tendrá lugar este jueves en el primer consejo de administración de Calle 30 de la legislatura, en el que se elegirá la nueva dirección, según el orden del día al que ha tenido acceso este periódico. Javier Ramírez tiene asegurado su cargo, gracias a que el PP cuenta con mayoría en este órgano.
Sin experiencia ni formación en movilidad o infraestructuras
Javier Ramírez llegará al frente de Calle 30 sin ninguna experiencia ni formación en temas de movilidad e infraestructuras, en un cargo para el que normalmente se elige a una persona con el título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Su predecesora, Rosalía Gonzalo, tampoco lo poseía pero contaba con experiencia al haber estado al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid durante dos años.
Hace ocho años, el Partido Popular criticó la apuesta de Carmena por Samuel Romero, quien ocupó durante cuatro años el cargo de consejero apoderado. Entonces el PP afeó la falta de “experiencia” de este joven ingeniero de Caminos, cuando llevaba tres años trabajando en el mantenimiento, modificación y mejora de carreteras e infraestructuras en Reino Unido.
Ahora, el partido de Almeida defiende la elección de Ramírez porque considera que tiene “una acreditada experiencia en la gestión de empresas públicas y va a contar, además, con el gran equipo de profesionales que compone Madrid Calle 30”, explican desde el área de Obras y Equipamientos, que asume en esta legislatura las competencias de esta empresa pública. El exconcejal es graduado en Administración y Dirección de Empresas y antes de ser elegido como edil pasó por la gerencia de la EMSV-Boadilla del Monte (2015-2019), la del Instituto de Realojamiento e Integración Social en la Comunidad de Madrid (2007-2015) y hace dos décadas dirigió la Casa de Vacas y tuvo otras labores durante un paso anterior por el Ayuntamiento de Madrid.
“Ahora sorprende que al PP no le parezca necesaria la experiencia en gestión de infraestructuras. Es imprescindible tener una carrera técnica para ese puesto”, asegura Samuel Romero, el exconsejero apoderado de Calle 30 durante el mandato de Ahora Madrid. “El contrato con Emesa tiene muchas complejidades técnicas que exigen esa formación”, explica en relación al acuerdo para el mantenimiento de la M-30, que depende de una empresa privada formada por las constructoras Ferrovial, Dragados y API Conservación.
Las competencias técnicas que debería tener el consejero apoderado son fundamentales a la hora de dirigir el día a día de Calle 30 y poder contrarrestar la influencia del gerente que nombra la privada Emesa. “Lo puede torear fácilmente si no conoce de lo que habla”, asegura Romero por experiencia. “Además, Javier Ramírez será el presidente de las mesas de contratación de Calle 30, en las que se tendrá que enfrentar a contenidos muy técnicos para tomar decisiones”. A la vista del currículum de Ramírez, Samuel Romero cree que su labor se puede limitar a “delegar, firmar lo que le pongan delante y cobrar 100.000 euros”.
El encaje de Ramírez en Calle 30 llega en un momento crítico para el contrato de mantenimiento con Emesa, que podría deshacerse en el año 2025 al quedar en esa fecha cubierta la rentabilidad de las empresas implicadas. A partir de esa fecha el Ayuntamiento de Madrid podría asumir el mantenimiento o convocar un nuevo contrato con condiciones más ventajosas, que se tardaría más de un año en redactar.
El concejal más polémico de Almeida
Javier Ramírez desemboca en Calle 30 después de un accidentado paso por las concejalías de Chamberí y Fuencarral-El Pardo, donde tomó decisiones muy polémicas y se enfrentó a sus entidades sociales. Por ello partidos como Más Madrid lamentan la propuesta de nombramiento para esta entidad, como explica su consejera en la entidad, Mar Barberán: “Nos parece una irresponsabilidad que nombren como consejero delegado, con un presupuesto como el de Madrid Calle 30, a alguien que ha gastado decenas de miles de euros en banderas y dinero público en enviar flores a las iglesias, que ha destruido a martillazos la placa de Largo Caballero para que la tengan que reponer tras la sentencia de un tribunal o que quiso destrozar y tirar a la basura hasta un millón de euros de un pabellón recién construido en el Parque Móvil, poniéndose en contra de todo Chamberí”.
Desde sus primeros plenos el concejal se vio acompañado de la polémica. Primero con numerosos incidentes en los plenos de distrito, con expulsión de público crítico con su gestión y una petición de reprobación en el pleno de Cibeles, que consiguió salvar. Luego con gestos como retirar pancartas contra la violencia de género de la Junta de Chamberí o gastar más de 90.000 euros de dinero público en banderas de España.
El concejal se estrenó en Chamberí desmantelando la zona peatonal de Despacio Galileo. Después intentó tomar el control del Foro Local sin conseguirlo, en su primer gran encontronazo con los vecinos. También arrebató a 17 asociaciones la Casa de Cultura de Chamberí para abrir en su lugar un centro tecnológico. E intentó expulsar a tres organizaciones vecinales de las casetas de fiestas previstas para el verano, una decisión que tuvo que revertir ante la posibilidad de quedarse sin las propias celebraciones, al boicotear el resto de partidos su propuesta de recinto ferial.
“A este concejal le invitan en el bar”, le gritaban los vecinos de Ponzano en las manifestaciones con las que le acusaban de favorecer a la hostelería. Los continuos enfrentamientos con el tejido vecinal han convertido a Ramírez en uno de los concejales más discutidos del gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que iba sumando polémicas como la retirada a martillazos de la placa de Largo Caballero o la de la pista polideportiva que apostó por convertir en un gimnasio ante la oposición de familias, escolares y clubes del distrito.
El paso de Ramírez por el Ayuntamiento no fue brillante en lo político pero sí ha sido beneficioso en lo personal. No solo por acabar al frente de Calle 30 sino también por un aumento de su patrimonio privado, gracias al notable sueldo recibido como concejal presidente de dos distritos. Según su declaración de bienes pública, en 2021 se hizo con dos propiedades inmobiliarias en Marbella, valoradas catastralmente en 172.844,67 y 12.476,64 euros. Estos bienes se unen a las propiedades en Alcobendas, Jávea y al yate que ya declaró en su llegada al Ayuntamiento en el año 2019.