El Ayuntamiento de Madrid dejó en la calle a 19 inmigrantes, la mayoría menores, en plena ola de calor

En la calle, sin poder ir al baño y a casi 38ºC. En estas condiciones decidió dejar el Ayuntamiento madrileño el jueves pasado a un grupo de inmigrantes con niños y enfermos recién llegado a la capital que buscaba ayuda en el servicio de emergencia social municipal.

Fue el pasado 8 de agosto cuando 19 personas de origen senegalés viajaron a Madrid desde el municipio granadino de Lanjarón. Entre ellas, todas hombres, se encontraban diez menores de edad y un enfermo de fibrosis quística. A su llegada a la ciudad, se desplazaron a la central del Samur Social, ubicada en la Carrera de San Francisco, buscando ayuda para encontrar una alternativa habitacional temporal. La responsable que se encontraba trabajando en ese momento no les ofreció ninguna solución -denuncian a este periódico fuentes conocedoras de lo ocurrido- y únicamente se limitó a indicarles varias pensiones en las que podían pasar la noche, pagándolas de su bolsillo.

Debido a su precariedad económica, el grupo de inmigrantes no tuvo más opción que quedarse a dormir en la calle, a las puertas del centro, donde, según denuncian algunos trabajadores, no les proporcionaron agua ni los dejaron ir al baño durante horas a pesar de las altas temperaturas que la capital registraba ese día. Por la noche los termómetros no bajaron de los 25ºC. A la mañana siguiente, cuando los trabajadores del turno diurno llegaron a las instalaciones se encontraron a los 19 hombres durmiendo en la acera y, según relatan, se echaron las manos a la cabeza: “En todo el tiempo que llevo trabajando para el Samur Social nunca me había encontrado una estampa similar”, aseguran.

Los trabajadores pusieron el grito en el cielo y esperaron la llegada de un mando superior al centro para aclarar lo ocurrido. “No sabíamos si esas indicaciones las había tomado la responsable por su propia decisión o alguien por encima de ella le había dado la orden”, cuenta una de las testigos en declaraciones a Somos Madrid.

A la llegada del mando superior, al que le resultó “indignante” lo ocurrido, pudieron confirmar que la responsable había decidido dejarles en la calle sin consultarlo con nadie porque consideraba que al haber niños de por medio podían “crear un vínculo” con ellos, algo que sus compañeros no terminan de entender: “Aquí vienen familias en situaciones muy complicadas a diario. Sabemos cuál es nuestra posición como trabajadores y que no nos tenemos que encariñar, no tiene sentido ninguno”.

Al conocer lo ocurrido, el mando superior indicó a los trabajadores que activasen el procedimiento habitual en estos casos como con cualquier usuario o familia que acude al Samur Social. “No es necesario que sea nuestra competencia directa asistir a estas personas, debemos prestar nuestros servicios de orientación como mínimo y no abandonarles a su suerte”, señala una trabajadora.

Después de pasar toda la noche a la intemperie, sin agua y sin baño, les permitieron acceder a asearse de dos en dos y se pararon a escuchar la situación particular de cada uno de ellos para poder dirigirles a los recursos correspondientes. En algunos de los casos tuvieron que aplicar protocolos de emergencia: “Uno de los hombres estaba muy enfermo con fibrosis y se le alojó a través del Samur Social”. Desde el Ayuntamiento de la ciudad indican que “ocupó una de las plazas destinadas a refugio para el calor de personas sin hogar” Al resto, incluidos los diez menores, se les derivó a Cruz Roja, institución encargada de gestionar estos casos de protección internacional.

Cuando la situación se solucionó, los trabajadores informaron a los mandos superiores de la estampa con la que se habían encontrado al llegar. Sin embargo, decidieron obviarlo y se desentendieron del asunto. “Se merece que le pongan una amonestación o que la echen”, denuncia una de las testigos.

En estos casos, según indica una trabajadora, si los responsables designados por la empresa que gestiona el servicio no actúan, es el Ayuntamiento de Madrid el que debe aplicar las sanciones correspondientes, ya que la dirección y supervisión del Samur Social corresponde al Consistorio. Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad consideran que no hay razones para amonestar o cesar a nadie y aseguran que “los responsables de Samur Social actuaron en todo momento conforme a los protocolos y mantuvieron informada a la Secretaría de Estado de Migraciones de la situación”.

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por este periódico explican que el grupo de inmigrantes se encontraba acogido en Lanjarón por la entidad AFAVI, dentro del sistema de atención humanitaria del Gobierno central, y que voluntariamente decidieron abandonar este recurso. Según indican desde el área competente, la función del Ayuntamiento es “asistir exclusivamente en situaciones de emergencia social”, un supuesto que consideran que no se cumple en este caso porque estas personas “están acogidas y recibiendo servicios por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”.

Al formar parte de la red estatal de acogida, aunque estas personas no tengan recursos ni un lugar donde pasar la noche, no valoran que se trate de una situación de emergencia social y eluden cualquier responsabilidad. Sin embargo y según otras fuentes consultadas, el Samur Social está obligado a responder ante situaciones “imprevistas” que puedan generar exclusión social de las personas afectadas y debe dar una respuesta inmediata para evitar su desprotección, lo que incluye orientarles para encontrar la ayuda que precisan.

La razón en la que se excusa el Ayuntamiento para no haberles brindado este servicio es que “disponían de fondos aportados por la entidad que los atendía en Lanjarón, que forma parte del programa ministerial”. Una de las trabajadoras del Samur Social señala que “solo llevaban cien euros” y asevera que se trata de una cantidad que no les permitiría vivir más que unos días y terminarían reclamando de nuevo su ayuda.

Desde el área competente aclaran que sí recibieron orientación para buscar un lugar donde pasar la noche: “Samur Social les prestó apoyo en la búsqueda de una pensión. Finalmente, rechazaron esta opción y decidieron pernoctar en la vía pública”. Durante su estancia en la calle, el Consistorio asevera que se les proporcionó agua en repetidas ocasiones e insisten en que “se prestó máxima colaboración a pesar de que estas personas no estaban en emergencia social porque ya estaban siendo atendidos por el Gobierno central”. Sin embargo, la trabajadora incide en que con cien euros en el bolsillo no pueden considerar que se trate de una situación óptima para “buscarse la vida”.

El 10 de agosto, con la ayuda de Cruz Roja, decidieron regresar a Lanjarón. Samur Social se encargó de llevar a cabo las gestiones necesarias para facilitarles el viaje. El día de la partida se les facilitó acceso a duchas, se les dio comida para el trayecto, se les trasladó a la estación en las unidades móviles del Samur Social y les consta que “llegaron sin incidencias al destino y fueron recogidos y trasladados al recurso del que habían partido hacia Madrid”. Para los trabajadores del servicio no es suficiente y piden que el Ayuntamiento o los organismos competentes “cesen a la responsable que dejó a diez menores durmiendo en la calle en plena ola de calor”.

Un servicio asistencial en declive

El Samur Social de Madrid es un servicio municipal que se encarga de prestar ayuda en situaciones de emergencia o urgencia social. Se encuentra integrado en la red de respuesta de los Servicios de Emergencias de la ciudad junto a la Policía Municipal, los Bomberos o el 112 y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

En los últimos años se ha convertido en un servicio conflictivo debido a su modelo de gestión y al deterioro asistencial que ha sufrido. El Samur Social se gestiona a través de un modelo de gestión mixta. Su dirección y su supervisión corre a cargo del Ayuntamiento, mientras que la atención se presta a través de la empresa de turno que gana la licitación, en este caso Atende.

Hace poco más de dos meses, el Ayuntamiento decidió prorrogar el contrato con la empresa, vinculada al grupo ACS que preside Florentino Pérez, a pesar de las quejas y denuncias recibidas desde el inicio de su gestión hace dos años. El servicio se ha deteriorado gravemente desde hace un tiempo atrás, llevando incluso a sus trabajadores a convocar huelgas en varias ocasiones.

Fuentes internas denuncian que este modelo mixto no termina de funcionar ni en lo que respecta a su modelo laboral ni en lo asistencial, una problemática mucho más grave de lo que parece ya que se trata de un servicio público esencial al que acuden miles de personas en riesgo de exclusión cada año. Sus trabajadores lidian diariamente con una falta de recursos que no les permite llegar a atender a todos los usuarios que llegan a la central, o al menos no con toda la precisión que desearían.

“Esta es una de tantas”, señala una trabajadora en referencia a lo ocurrido con el grupo de inmigrantes llegado el jueves pasado a la capital. Los trabajadores del servicio culpabilizan de forma directa a la empresa y al Ayuntamiento de este tipo de situaciones y reclaman las mejoras necesarias para poder “poner el foco en lo que de verdad importa”.

Después de publicar la presente información, la Asociación El Defensor del Paciente ha puesto en conocimiento de este periódico que ha solicitado a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que “se condene esta acción con dureza”. En la denuncia aluden al “abandono reiterado de personas” por parte del Ayuntamiento de la capital y esperan que “se tomen medidas muy serias contra esto”. Además, solicitan a la fiscal competente en materia de inmigración que intervenga en base a lo que dictamina el Articulo 376 del Código Penal: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.