El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida sigue intensificando su persecución contra los grafitis no autorizados en Madrid. El Ayuntamiento ha aprobado la modificación del protocolo de prestación ambiental sustitutoria de las sanciones en materia de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos. En la práctica, el cambio supone que quienes cometan una infracción por pintadas en el espacio público y quieran conmutar la multa económica ya no pueden hacerlo por una prestación en beneficio de la comunidad, salvo que dicha actuación consista específicamente en la eliminación del grafiti por el que fueron sancionados.
La iniciativa, que ya ha sido aprobada en Junta de Gobierno, parte del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. El concejal delegado del ramo, Borja Carabante, considera que la medida permitirá “reducir estos comportamientos incívicos”.
La modificación coincide con la publicación de los datos sobre las sanciones y actuaciones ejecutadas desde la Sección de Protección del Patrimonio Urbano, creada a finales de 2023 y con 39 agentes municipales dedicada a ella. En total, se han levantado 264 expedientes y 384 denuncias, hay 42 investigados y casi 700 identificados, se han desplegado 200 vigilancias y se han remitido 117 atestados a juzgados de instrucción y otros nueve a la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos de daños a edificios protegidos o de interés cultural. El Ejecutivo municipal cree que estos resultados son “muy positivos”.
En 2023, a través del Servicio Público de Limpieza Urgente (Selur), se limpiaron 722.534 metros cuadrados en 73.005 servicios. El Ayuntamiento considera estas cifras especialmente altas, ya que fue el primer año en el que las patrullas de limpieza estuvieron plenamente operativas y completaron mucho del trabajo atrasado que, aseguran, impulsó la creación de estos equipos. Respecto a 2024, hasta el mes de septiembre incluido, se han prestado 42.259 servicios y limpiado 379.432 metros cuadrados.