El Ayuntamiento de Madrid privatizará durante 65 años hasta 27 parcelas públicas para construir pisos de alquiler

El Ayuntamiento de Madrid acaba de lanzar otro intento por conseguir que las promotoras privadas construyan pisos de alquiler a precios limitados sobre suelo público. El primero que lanzó, con enajenación de parcelas municipales a 15 años y luego venta libre, le salió mal. Así que ahora alarga el periodo de privatización de los terrenos a los 65 años, aunque recibiendo al final los pisos.

El concurso lo acaba de lanzar la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y ha sido anunciado por el alcalde de Madrid desde una de las parcelas que serán enajenadas. Forma parte de la primera fase del Plan Suma Vivienda, que abarca 27 parcelas públicas, donde previsiblemente se construirán más de 1.600 viviendas de alquiler asequible, con capacidad para 4.200 personas, en los nuevos desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, en el distrito de Vicálvaro.

La mayoría de estos pisos, alrededor de 1.000, se levantarán en Los Berrocales, mientras que el resto se edificarán en Los Ahijones. Los pliegos ya se encuentran disponibles a través de la página de EMVS Madrid. Las empresas que exploten estos pisos bajo la fórmula del “derecho de superficie” deberán pagar un canon único al Ayuntamiento de Madrid, que oscila entre los 600.000 euros y los 2,7 millones, en función del lote. Al final del periodo de concesión, deberán entregar a la EMVS las viviendas en el año 2090.

Las 27 parcelas se organizan en 7 lotes que el consistorio saca a concurso y por el que espera recibir ofertas hasta el 19 de noviembre de este año. A partir de ese momento comenzará el periodo de adjudicación y entrega, que se extenderá unos seis meses. Y para la construcción las promotoras tendrán hasta 30 meses más a partir de la licencia de edificación, por lo que los primeros pisos podrán ser alquilados a partir del año 2028, como muy pronto.

El Ayuntamiento justifica la privatización temporal del suelo para agilizar la construcción de los pisos: “Optar únicamente por un modelo de gestión directa impediría claramente la ejecución inmediata de las viviendas”, aseguran desde el consistorio a la hora de justificar el concurso de explotación, según los pliegos consultados por Somos Madrid. De esta forma la EMVS excluye su obligación de construir sobre estos terrenos de precio limitado.

La segunda fase del Plan Suma Vivienda se comenzará a licitar en 2025 y prevé la construcción de más de 600 viviendas en estos nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid. Después la finalización de esta segunda fase, el Ayuntamiento incorporará a su parque público de viviendas más de 2.200 pisos de alquiler asequible del plan.

El Plan Suma Vivienda forma parte de una estrategia más amplia del equipo de Almeida, desvelada por este periódico, que persigue la enajenación de una gran bolsa de terrenos públicos bajo la fórmula del “derecho de superficie” -como en este caso- o bien la venta directa a las promotoras con algunas obligaciones temporales, antes de convertir los edificios en vivienda libre.

Almeida asegura que el plan presentado hoy supone “un esfuerzo hecho desde la EMVS, desde la iniciativa pública, en colaboración con el sector privado” con el objetivo de “hacer frente a una realidad dramática que afrontamos las grandes ciudades hoy en día”, que es, según Almeida “la falta de vivienda asequible”.

“Estamos en condiciones de ser la capital de Europa que construya la mayor cantidad de vivienda asequible en los próximos años”, asegura el alcalde sobre los planes de su equipo. Para ello, ha aumentado el mínimo que tienen que cobrar los que aspiren a estos pisos: hasta ahora era el 3,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), pero las nuevas promociones estarán disponibles para las personas que ingresen como máximo el 5,5 de ese IPREM.

A efectos prácticos, se pasa de un tope salarial anual de 29.400 euros a los 46.200 euros. Esto permitirá a las empresas licitantes aumentar sus beneficios con los alquileres, porque ninguna familia deberá pagar más del 30% de su salario para el pago de las mensualidades. Con el cambio legal, que aumenta el máximo de rentas que pueden acceder a estos alquileres limitados, también subirán los posibles ingresos de las promotoras.