“No había nadie para abrir al Samur, ninguna enfermera y tampoco en recepción. Tuvieron que marcharse y volver una hora después, mientras la pobre mujer de 93 años seguía con problemas para respirar”. Así recuerda Leonor, entre la indignación y el espanto, uno de las noches más traumáticas en la residencia de Peñuelas, en Madrid. O en -como ella la llama- “la residencia de los horrores”.
Ahí vive su hermana Pilar, que a sus 78 años lleva ya 17 en este centro de mayores de Arganzuela debido a su discapacidad física. Aunque Pilar no fue la víctima de aquella negligencia, vio reflejada la precaria situación del lugar que debería sentir como su casa. La falta de personal en reiterados turnos, especialmente de noche, motivó aquel suceso y una de las sanciones interpuestas a esta residencia gestionada por Aralia Servicios Sanitarios. Una compañía vinculada además a un empresario condenado por su participación en la rama madrileña de la trama Gürtel.
Pese a esta circunstancia, las multas y el “abandono del que te das cuenta nada más entrar por la puerta”, Aralia es la única candidata en el proceso de licitación abierto por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña va a mantener la privatización en la gestión del servicio y no hay ningún otro aspirante. Se encarrila así una contratación que garantiza a la compañía una facturación de 34,5 millones de euros durante los dos próximos años. De hecho, Aralia presentó su oferta en la fecha límite (el pasado 9 de octubre) y después de una convocatoria previa que quedó desierta ante la falta de solicitudes, según la documentación a la que este diario ha tenido acceso.
La entidad se ocupa de Peñuelas desde hace diez años. Según Leonor, que habla por su hermana Pilar para Somos Madrid, la degradación fue evidente: “Con la anterior empresa nos quejábamos, pero al lado de esta era una maravilla. Dicen que cumplen los ratios porque al contar la plantilla incluyen gente de mantenimiento y recepción, pero los pliegos del contrato con la Comunidad hablan de personal médico. Por las mañanas y por las tardes no llegan al mínimo requerido. Por las noches, donde se pide apenas un enfermero, es habitual que no haya nadie”.
El pliego de condiciones exigidas por el propio Gobierno autonómico establece también una serie de servicios para garantizar la dignidad de las personas que viven en las residencias cedidas a manos privadas. Este apartado tampoco se estaría cumpliendo, y eso que como apostilla Leonor los requisitos son “minimísimos, por ejemplo bañarlas dos veces en semana o plancharles la ropa”. “Tienen un pelo que da pena verlas y nadie cuida el estado de sus prendas”, lamenta la también vicepresidenta de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare).
Un médico especializado en cirugía estética
“Luego está la comida, que es pésima, de muy mala calidad. Claro que la Comunidad apenas les da cuatro euros por día y persona para alimentación, así que ya me dirás qué van a hacer. Mi hermana, al haber sido toda su vida discapacitada, siempre se ha adaptado a todo sin quejarse. Pero hasta ella, que se alimentaría de las piedras, me comenta que lo que les dan es incomible”. Otro insólito aspecto es que el médico que atiende el centro no es geriatra: “Su especialidad es la cirugía estética”.
Por si no fuera suficiente, Aralia está ligada a José Luis Ulibarri, empresario de la construcción y la comunicación implicado en la trama Gürtel. Ulibarri fue condenado en abril de 2022 a un año y medio de cárcel y cinco más de inhabilitación por prevaricación, fraude a la administración, falsedad documental, tráfico de influencias y un delito fiscal. En el juicio, el empresario reconoció haber participado en la trama de amaño de contratos de la Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Maniobró para que una de sus compañías fuera la adjudicataria en la venta de una parcela por un precio menor al procedente en 2005, con comisiones que acabaron en los bolsillos, entre otros, del cabecilla Francisco Correa.
Una década antes había fundado Aralia, que en la actualidad dirigen varios familiares. La empresa administra varias residencias y centros ocupacionales por toda España, algunos como el de Peñuelas por adjudicaciones públicas. Hasta 2021, estaba al frente de otras tres residencias de ancianos por encargo de la Comunidad de Madrid: Ensanche de Vallecas, Ventilla y Parque de los Frailes, en Leganés. Fue la propia Consejería de Políticas Sociales la que entre 2018 y 2020 impuso cinco sanciones a esta empresa por un valor total de 94.285,55 debido a diversos incumplimientos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó todas ellas.
No obstante, según denuncian las familias de los residentes, nada ha cambiado en Peñuelas. La última sanción, a raíz de la ausencia de personal para atender a la mujer con problemas respiratorios, llegó hace solo una semana. Con un montante de 45.561 euros, como avanzó la Cadena SER, es la tercera en 2023. Eso sí, las cifras están muy lejos de esos 34,5 millones que Aralia va a facturar en caso de resultar ganadora de un concurso en el que la suya es la única oferta. Por eso, pese a las multas, las familias piensan que este contexto de “inseguridad y desatención” va a alargarse en el tiempo. “El mantenimiento brilla por su ausencia. Este verano se han llegado a registrar 37 grados en la habitación de mi hermana”, critica Leonor.
Se podría haber dejado a Aralia fuera de la licitación si la Comunidad de Madrid hubiese hecho lo que tenía que hacer: imponer una sanción grave a la residencia por todas sus faltas
Tienen motivos para desconfiar en que se produzca un volantazo. Aunque Aralia incumple sistemáticamente varios puntos del pliego de la Comunidad de Madrid para la gestión externa de la residencia, ninguna otra entidad se ha presentado a la licitación convocada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Leonor, como muchas otras familias, exige que el Ejecutivo regional intervenga para evitar una nueva prolongación del contrato.
“Esto se podría haber conseguido si la Comunidad hubiese hecho lo que tenía que hacer: imponer una sanción grave a la residencia por todas sus faltas. Pero como no les interesa que Aralia pierda la oportunidad de presentarse, en vez de eso les ponen varias multas por infracciones pequeñas, que implican pagos económicos pero no dejarlas fuera automáticamente de un proceso de contratación con un organismo público”, explica Leonor.
La Comunidad de Madrid se ampara en “la aplicación de la ley”
Tanto ella como otros allegados de residentes en Peñuelas que prefieren opinar desde el anonimato creen que la solución más razonable sería recuperar la titularidad pública de la residencia. Además de las mayores garantías que esto conlleva en el cumplimiento de distintos estándares, Leonor considera que el cambio facilitaría la rendición de cuentas: “Cuando el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez López, visitó a mi hermana y al resto de internas dijo que la gestión pública no asegura unas mejores condiciones. Yo le respondí que lo que desde luego asegura es que nos podamos dirigir a alguien para pedir responsabilidades sin que se escabulla, porque ahora mismo la Comunidad nos redirige a Aralia y Aralia a la Comunidad. Me reconoció que tengo razón”.
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de la que depende la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, defienden en declaraciones a este medio su “aplicación estricta de la Ley de contratos del sector público”. Limitan su actuación a que “se comprobará el cumplimiento de todos los criterios legales por parte de la mesa de contratación, como órgano autónomo constituido por técnicos funcionarios, la abogacía y la intervención de la Comunidad”. Aprovechan la ocasión para presumir del crecimiento de las inversiones autonómicas en residencias, con “un aumento de financiación de un 33% y mejoras tanto en personal como en criterios de calidad”.
Estas fuentes no se manifiestan sobre otro aspecto criticado por las familias: la ausencia de reuniones con los afectados. Dirigentes madrileños acudieron hace unas semanas a la residencia, dicen que para conocer de primera mano el estado de la infraestructura y todo lo que allí ocurre. Leonor les manifestó su sorpresa ante dicho interés, ya que previamente habían ignorado todas sus reclamaciones de información, sus peticiones de mantener un encuentro y sus quejas. Una compañera de Pladigmare le aseguró que a las autoridades autonómicas “les enseñaron solo los pasillos, no las habitaciones, ni la cocina, ni el espacio en el que guardan la medicación de los internos”.
Un “problema de modelo” con Aralia como exponente
“Una empresa sancionada por descuidar a las personas mayores no puede seguir al mando de una residencia. Es puro sentido común”, sostiene en declaraciones a este medio la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. “Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han abandonado a su suerte a las personas mayores. Les importa cero su salud y su bienestar. No son casos aislados: es un problema de modelo. El modelo de residencias del PP es antiguo y cutre, propicia el abandono, es un auténtico desastre y traspasa todos los límites: comida en mal estado, malnutrición, profesionales precarizados, desatención a los mayores… todo eso repercute en su salud”.
“Lo hemos visto con los protocolos de la vergüenza y las más de 7.200 personas mayores fallecidas por no tener la asistencia médica que necesitaban. El PP ha convertido las residencias públicas en un foco de abandono y escándalos cuando deberían ser ejemplo de excelencia”, concluye Maestre.
El director de operaciones de Aralia, Jaime De La Lama, afirma por su parte que el único objetivo de la compañía es “atender el bienestar de los residentes”. Destaca “el compromiso y el esfuerzo diario de toda la plantilla de Peñuelas, aunque siempre es posible mejorar”. “En relación a temas como el de la alimentación deficiente, se han llevado a cabo los controles necesarios por las autoridades a instancias de una queja debidamente formulada en tal sentido y que fue archivada posteriormente”, añade. Matiza además que “Aralia no tiene capacidad alguna para pedir la prolongación del contrato”, ya que los tiempos dependen de la licitación convocada por la Comunidad de Madrid.
En Peñuelas convivían 220 ancianos, aunque la cantidad ha disminuido recientemente ya que no se están ocupando plazas que quedan libres por fallecimiento debido a “una supuesta reforma para mejorar instalaciones”, indica Leonor. “No sé muy bien cómo van a afrontarla con residentes dentro, pero la nueva normativa les obligaba a reducir el número de internos y contar con habitaciones más grandes”.
Hace varias semanas una señora escapó de la residencia, sin que nada ni nadie se lo impidiera. Leonor relata que “no apareció hasta el día siguiente, gracias a que el entorno de la desaparecida llenó las calles de carteles con su imagen”. Quería abandonar aquel cuarto convertido en prisión. En una extensión eterna del confinamiento que personas como ella sufrieron más que nadie, ese que parecía iba a enseñar una lección a base de miles de muertes.