La oferta de empleo público de este año promete ser importante en España
El jueves 18 de marzo desayunábamos con el anuncio de Miquel Iceta, titular de la cartera de Política Territorial y Función Pública, de la próxima Oferta de Empleo Público, que será publicada el próximo mes de junio.
Como cada año, se prevé un importante número de plazas de empleo público para todos los cuerpos de la Administración General del Estado, como los de la AGE, Administrativo y Auxiliar Administrativo, así como del Ministerio de Justicia, entre las que destacan las oposiciones Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal, entre otros.
Y, de nuevo como cada año, se hará imprescindible la labor de academias de oposiciones de referencia como Centro Innova, de gran experiencia e inmejorable situación (en el centro de Madrid, en la calle Aviador Zorita, 4).
El plan, que se antoja ambicioso, bascula sobre el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 4000 millones de euros y que, según desgranó Iceta, incluirá, a su vez, el Plan de Modernización de las Administraciones Públicas.
Una de las asignaturas pendientes del empleo público en nuestro país -y que últimamente ha sido motivo de llamadas de atención desde Europa– es su alta tasa de temporalidad, que el Ministerio se compromete a “reducir drásticamente”. A tales efectos, se prevé que, según está contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, la tasa de reposición alcance el 100% (e incluso rebase la línea en algunos casos). Sin duda, una buena noticia para los aspirantes a empleados públicos, pues esta directriz, dotada presupuestariamente, debería aumentar el número de plazas disponibles.
En la misma línea de actuación se plantea acometer una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público en el sentido de establecer la obligatoriedad de que las administraciones públicas cubran las plazas que ocupan personas sin contrato fijo.
A este respecto se abre una vía de esperanza para los interinos de larga duración, que son demasiados en nuestro país, ya que también se ha mencionado una ampliación de los procesos de estabilización que ya se habían facilitado en el anterior ejercicio. Como no podía ser de otra forma hablando de función pública, el ministro subrayó que se hará desde “los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”.
La Ley de Función Pública, que se está elaborando en este momento, pretende remover los fundamentos del empleo público de la Administración General del Estado propiciando, entre otras cosas, los aspectos anteriormente comentados, ayudando al rejuvenecimiento de la plantilla de empleados públicos –que en la actualidad tiene una media de edad diez años superior a la que encontramos en el sector privado– y renovando el acceso a la función pública mediante la modernización de las pruebas de acceso, priorizando aspectos que se alejan de la actual centralidad del ejercicio memorístico. Un reto al que, sin duda, solo podrán responder las academias de preparación con amplia experiencia y capacidad de reacción.
Si el borrador de la ley, finalmente, es una buena regla para conseguir los objetivos declarados, quizá los aspirantes a trabajadores públicos tengan que conocerla a fondo… pero de una forma distinta a como se estudian ahora las leyes en los temarios.
Si los principios que rigen el acceso a la función pública son el mérito y la igualdad de oportunidades, la condición de que su ejercicio se ejerce correctamente ha de ser la rendición de cuentas, aspecto que el actual Ejecutivo también pretende reforzar. A través de la Modernización de las Administraciones Públicas tendremos un Sistema Público de Evaluación de Políticas Públicas en las Administraciones, con el sustento legal de una ley ad hoc. Así mismo, se regularán de forma más efectiva las condiciones de compatibilidad con la actividad privada.
Para que la reforma sea efectiva, debe llegar a la totalidad del territorio español, para lo que se está llevando a cabo también un Estatuto Básico del Municipio de Menor Población, que tendrá que pasar por las cámaras legislativas e ir necesariamente acompañado de un esfuerzo de coordinación territorial e institucional, que Iceta ha invocado diciendo que “juntos somos más fuertes”.
Sin duda, la oferta de empleo público de este año será generosa y las reformas legislativas en marcha prometen poner en valor el empleo público.
