El chamberilero teatro de La Abadía programa este jueves su obra más polémica en mucho tiempo y también una de las que más expectación ha creado. No quedan entradas para ninguna de las funciones programadas, del 18 al 28 de enero. Las últimas en agotarse fueron las de la única sesión matutina de un montaje que llega avalada por dos nominaciones a los premios Max y por un intento de boicot de una parte del espectro político conservador, con Vox a la cabeza.
La obra aborda de forma ficcionada el caso Alsasua, donde un incidente que tuvo lugar en un local de esta localidad navarra acabó con la condena de ocho jóvenes por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. La Fiscalía llegó incluso a promover la calificación de estos hechos como terrorismo, calificativo rechazado más tarde por la Audiencia Nacional, que impuso sin embargo unas elevadas penas de prisión que acabó rebajando después el Tribunal Supremo. Al final los encausados fueron condenados a entre un año y medio y nueve años y medio de cárcel.
La Dramática Errante quiso llevar a las tablas estos hechos, dentro del proyecto Cicatrizar que lidera José Sanchis Sinisterra en el Nuevo Teatro Fronterizo. “Es un claro ejemplo de lo que nunca debería ser la justicia, de un caso desproporcionado que lejos de permitir que la cicatrización se produzca, reabre la herida de nuevo a través de excesos judiciales que son inconcebibles dentro de un marco democrático”, explica la compañía al comentar la génesis del proyecto, donde también aborda temas como el perdón, la reconciliación, la justicia o la reparación.
La Abadía decidió programar esta obra, que defiende como uno de los montajes “más aplaudidos del año”. Y a partir de ahí empezaron a llover las críticas desde los sectores más conservadores de la política, muchos de ellos apostando por su boicot. Vox acabó convocando esta semana una protesta a las puertas del teatro por considerar que practica un “blanqueamiento del terrorismo”, afeando a la Comunidad de Madrid su participación como miembro del patronato de este teatro, en el que también se encuentran el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio de Cultura.
La directora de Altsasu, María Goiricelaya, se mostró la pasada semana “encantada” con la “no conformidad” y la “pluralidad de miradas” sobre su creación, pues defiende que el teatro como elemento “transformador” en el que cree “tiene que generar debate”, y tanto ella como el director artístico del teatro, Juan Mayorga, negado “ningún tipo de presión” para evitar la representación.
El Gobierno de Ayuso, mientras tanto, hace equilibrios para justificar la programación de la obra y, a la vez, mostrar su desacuerdo con el contenido, algo que han hecho varios dirigentes del PP durante las últimas semanas. El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, aseguró que está “al lado de las víctimas del terrorismo”. “La Comunidad de Madrid está al lado de las víctimas del terrorismo, la Comunidad de Madrid está al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la Comunidad de Madrid también está al lado de la libertad, y libertad tienen los artistas para mostrar sus producciones y libertad tienen los ciudadanos para manifestarse siempre que una y otra parte cumpla las legalidades”, decía.
Más Madrid ha alertado sobre la “involución democrática” que supone a su parecer la concentración convocada por Vox. “Amordazar, acosar y alentar el linchamiento de la libertad artística es una involución democrática. Quienes agitan el odio y la censura nos tendrán enfrente”, aseguraba Rita Maestre en un tuit. “Todo mi apoyo al teatro y el equipo de la obra”, escribió.