Tímida apertura al cerrojazo informativo que hasta ahora mantenía el Ayuntamiento de Madrid en el caso de las obras ilegales en el piso en el que vive la presidenta regional. El concejal de Chamberí, último responsable de las licencias que otorga el distrito, confirmó este jueves que los inspectores municipales efectúan visitas en todos los casos de infracción urbanística denunciada.
“Vamos a hacer la inspección” contestaba el edil del distrito, Jaime González Taboada, en respuesta a una pregunta del PSOE, que reclamaba información “sobre las actuaciones que está realizando la Junta Municipal del Distrito de Chamberí para a garantizar el cumplimiento la legalidad urbanística en la vivienda propiedad de Alberto González Amador, ubicada en el distrito de Chamberí”.
El piso donde también reside la presidenta regional lleva en el foco de la oposición desde que se supo que González Amador presentara una declaración responsable para acometer una reforma integral, que fue negada por el anterior concejal de Chamberí. Pese a ello, acometió los trabajos, que acabaron causando desperfectos en pisos y locales comerciales de su edificio.
La pregunta socialista de este Pleno, adelantada hace unos días por este periódico, la formulaba el concejal Antonio Giraldo, quien se acercó al Pleno de Chamberí después de que su partido a nivel regional se haya presentado como acusación en el caso del fraude fiscal de Alberto González Amador.
El concejal de Chamberí explicó a Giraldo que no podía hablar sobre este “particular”, argumentando que “la protección de datos no nos lo permite en ningún caso, no le voy a dar información de la casa de un particular”, insistía antes de advertir incluso: “Me podría llevar una querella de esa persona”.
Taboada apuntó además que “a ningún técnico de esta casa se le va a poner ningún pero para que hagan su trabajo” y defendió el trabajo del personal de la Junta de Chamberí, que definió como “escrupuloso”.
Antonio Giraldo le respondió que a la Junta le compete “hablar de los particulares, especialmente cuando se les atribuyen infracciones urbanísticas” y defendió la relevancia pública del caso. Además, lamentó que hubiera pasado un año y medio “sin que nadie haya ido allí para ver lo que estaba pasando, hasta que la oposición lo denuncia. Hay un trato diferencial”, aseguró antes de preguntar el porqué de esta falta de acción municipal y también por qué las personas implicadas en la denegación de las obras “fueron apartadas” de sus puestos.
Una denuncia de Más Madrid originó la actuación
Los socialistas hacían esta pregunta para abordar el intento de regularización adelantado por elDiario.es el pasado viernes. Alberto González Amador, pareja de la presidenta, se dirigió formalmente al Ayuntamiento de Madrid el pasado 21 de marzo para legalizar la reforma en uno de los dos pisos que disfruta junto a Isabel Díaz Ayuso en el mismo edificio de Chamberí, según revelan al periódico fuentes conocedoras del procedimiento. Lo hizo el día después de que Más Madrid denunciara ante la Junta de este distrito la presunta infracción urbanística cometida en este domicilio.
El partido de Rita Maestre también aprovechó el Pleno de este jueves en Chamberí para hacer otra pregunta relacionada con el proceso iniciado con su demanda. La concejala Sara Ladra pedía “conocer el procedimiento de disciplina urbanística en el caso del piso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, además de “las medidas de inspección llevadas a cabo por la Junta Municipal del Distrito para asegurar el cumplimiento de las paralizaciones de obras tras haberse detectado irregularidades”.
González Taboada respondió de modo más genérico a esta cuestión, explicando que este 2024 su departamento ha abierto hasta el momento 57 expedientes de inspección y 15 expedientes sancionadores, sin citar expresamente si alguno de ellos afectaba al piso donde vive Ayuso. También aclaró que primero se tramitan los casos que llegan por denuncias de Policía y Bomberos, y después el resto, la mayoría motivados por quejas de vecinos. “En todas las denuncias se hace inspección del domicilio, como no puede ser de otra manera”, recalcó ante las dudas de la oposición.
La edil Sara Ladra lamentó que “la cadena de mentiras de la señora Ayuso empieza a ser inacabable” mientras citaba que el piso que había asegurado comprar con su pareja no estaba a su nombre, que “disfruta de dos propiedades” y que el ático que utiliza además del inmueble de su pareja “es propiedad de un empresario hostelero”.
Hasta el momento, la estrategia del Ayuntamiento de Madrid pasaba por no dar ningún detalle sobre este intento de regularización, que enmarca dentro del “procedimiento ordinario” de un “particular”, explicaba a principios de semana el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. “Los servicios técnicos municipales harán el mismo trámite con la pareja de Ayuso que con cualquier otra persona. Y no vamos a dar datos particulares, como es lógico, porque estaríamos vulnerando el principio de protección de datos”, aseguró a preguntas de los periodistas.
Sanciones de 30.000 a 600.000 euros
Alberto González Amador intenta regularizar las obras dentro del “procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística” abierto por el Ayuntamiento de Madrid a raíz de una denuncia de Más Madrid. El modo de legalizar la reforma es presentando una declaración responsable que adjunte un proyecto técnico, aunque la obra ya esté hecha. Puede ser presentada directamente por el dueño de la vivienda o por una Entidad de Colaboración Urbanística (ECU), de carácter privado y habilitada para verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento suele evitar abrir un segundo proceso, de carácter sancionador, cuando los propietarios proceden a regularizar la obra, pero en este caso Alberto Gonzalez Amador se enfrenta a una denuncia expresa de Más Madrid, lo que debería obligar a la apertura del segundo expediente. Las multas previstas van desde los 30.001 hasta los 600.000 euros.
––––––––
En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.