Los propietarios de cientos de viviendas de una colonia situada en el centro de Chamberí han demandado al Ayuntamiento de Madrid para intentar convertir en privado un espacio ahora catalogado como zona verde. En el juicio, la Mancomunidad de San Cristóbal pedirá que los tribunales declaren el pleno dominio de los propietarios sobre estos espacios, que actualmente dan acceso a varios equipamientos públicos y religiosos, y que son usados por los alumnos de un colegio como patio de recreo.
La demanda, a la que ha tenido acceso el periódico Somos Chamberí, fue presentada por la Mancomunidad de Propietarios del Poblado San Cristóbal en el año 2022 y después de una vista previa celebrada el año pasado, llega a juicio este martes. Su objetivo es que el Ayuntamiento de Madrid reconozca el carácter privado de los jardines y áreas comunes de este enclave, alegando que estos terrenos han sido de su propiedad y mantenimiento desde 1991 y que se encuentran registrados en el Registro como tales. Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene que estos jardines y zonas anexas a los edificios son una zona verde pública en su planeamiento urbano.
El conflicto parte de las disputas generadas sobre el acceso y uso público de las áreas cuestionadas, de unos 2.500 metros cuadrados y que sirven para acceder a la Parroquia de San Cristóbal, al colegio público San Cristóbal, a unos locales municipales donde ahora se encuentra el Madrid Innovation Lab y a varios comercios abiertos en el interior de la colonia. La máxima tensión por este asunto se alcanzó en el año 2019, cuando la Junta Directiva que entonces estaba al frente de la Mancomunidad llegó a ordenar el cierre al público de la plaza. La Junta de Chamberí obligó a su reapertura echando mano de la Policía Municipal y abrió expediente a sus propietarios por estos hechos.
La Mancomunidad de San Cristóbal está formada por unas 750 viviendas construidas para los trabajadores del Parque Móvil Ministerial, que fue levantado como una colonia (tenía hasta su propio economato) por orden ministerial en el año 1944. Comprende los números 37, 39 y 41 de la calle Bravo Murillo y el número 3 de la calle Cea Bermúdez, además de viales y una plaza. Ocupa unos 30.500 metros cuadrados.
En el año 1991, el Estado vendió las viviendas a los propios empleados y extrabajadores del Parque Móvil, momento en el que se constituyó la Mancomunidad de San Cristóbal, que es la que ahora demanda al Ayuntamiento. Entre sus argumentos a favor de la privatización del uso, asegura haber ido asumiendo desde entonces los gastos de conservación de aceras, calzadas y árboles, debido a que el espacio entre las viviendas también es considerado privado, aunque de uso público.
El problema del aparcamiento y los niños “molestos”
Una de las razones que más ha pesado entre los vecinos a la hora de iniciar la demanda es que ven en peligro la actual posibilidad de aparcamiento en las zonas comunidad de la Mancomunidad de San Cristóbal. Actualmente, los viales y aceras del entorno están atestadas de coches de residentes, al no existir parkings subterráneos en el interior de la colonia.
En una resolución del año 2019, el Ayuntamiento de Madrid advirtió sobre la zona verde de 2.500 m2 en disputa que se podría “eliminar el tránsito y aparcamiento de vehículos”. Aunque la resolución afectaba solo a una pequeña parte de los viales (los que rodean la iglesia y el colegio), esta posibilidad fue utilizado por la Junta Directiva de la Mancomunidad para aprobar el inicio de acciones judiciales, según pudo conocer este periódico de fuentes vecinales. Somos Chamberí se ha puesto en contacto con la actual directiva de la Mancomunidad sin que hasta ahora haya querido contestar a nuestras preguntas.
Otro de los elementos “molestos” para algunos vecinos de la plaza son los niños que durante los recreos del colegio San Cristóbal y por las tardes usan la plaza como lugar de esparcimiento. De hecho, la Mancomunidad ya consiguió que se dejara de usar uno de sus patios durante la jornada escolar.
En el Ampa de este centro escolar crece la inquietud ante el incierto resultado del proceso judicial, ya que no conocen los detalles de la demanda, aunque entre la comunidad educativa también hay vecinos de la propia mancomunidad. “Nos preocupa como ampa del colegio y nos preocupa como vecinos de Chamberí, porque la plaza es un espacio público y no andamos como para perderlos. Uno muy especial, además, similar a una placita de pueblo, especialmente agradable para la gente de la tercera edad del barrio”, explican sus representantes en declaraciones a este periódico.
Además, señalan que el colegio es también vecino de la mancomunidad, con un coeficiente bastante elevado, y recuerdan que hace años “una minoría de vecinos intentó sin éxito que el cole no pudiera utilizar la plaza”, problemas de convivencia que no han vuelto a producirse. Lo que sí que ha ocurrido, resaltan, es que se han celebrado “unos talleres fantásticos de encuentro entre personas mayores de la mancomunidad y alumnos del cole. Por eso tampoco terminamos de entender este afán repentino en cerrar la plaza”.
Las dudas llegan ante la posible privatización de la plaza: “Es una situación que nos parece bastante absurda y que no creemos que beneficie a nadie. Se produciría una regresión para todos los vecinos de Chamberí que sería contraria a la evolución del este espacio tan peculiar, que fue concebido como un poblado franquista autosuficiente para los trabajadores del Parque Móvil”, recuerdan mientras valoran que los vecinos pudieran acceder a la propiedad de sus pisos en condiciones económicas y resaltan que el espacio “fue construido con dinero público en un contexto muy derterminado” y que por ello “ha tendido a liberar espacios con el tiempo”.
Ahora queda por saber la postura del Ayuntamiento de Madrid en este conflicto. De momento, fuentes del área de Urbanismo no se pronuncian sobre el caso ante las preguntas de este periódico, aunque es lógico pensar que defenderá como hasta ahora el uso público del espacio, que da acceso a varias de sus instalaciones además del colegio. El consistorio disfruta de unos locales cedidos por el Estado, en los que primero estuvo la Casa de Cultura de Chamberí (un espacio vecinal) y después el citado Madrid Innovation Lab.