Nuevo revés judicial para el concejal del distrito de Chamberí. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 31 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Madrid por intentar multar a un grupo de vecinos que colocaron sendas mesas de firmas en la calle Fuencarral y en la plaza Olavide durante una concentración autorizada. Lo hicieron para protestar por la negativa a renovar la cesión de la Casa de Cultura de Chamberí, un espacio ciudadano creado durante la anterior legislatura.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de febrero, cuando la Junta de Chamberí, presidida por Javier Ramírez (PP), decidió enviar a la Policía Municipal para sancionar entonces a los convocantes por infracción de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, utilizando como argumento que los manifestantes no tenían permiso para colocar unas mesas plegables para las firmas, por obstaculizar el paso. “En ese momento no nos dijeron nada, los agentes solo pidieron la autorización de la concentración y se marcharon”, explican miembros de los colectivos vecinales que se encontraban allí. A su lado había incluso una carpa montada por miembros del Partido Popular para repartir su propaganda.
A los pocos días y para su sorpresa llegó la sanción a Corazón Verde Chamberí, la asociación que había cursado el permiso ante la Delegación del Gobierno. Sus responsables abonaron el importe y recurrieron la multa ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, por considerar que había sido impuesta de forma injusta. Ahora la justicia le da la razón: la sentencia, a la que ha tenido acceso Somos Chamberí y contra la que no cabe recurso, condena al Ayuntamiento de Madrid a devolver el importe de la multa (600 €) y a abonar las costas judiciales del proceso.
Según el fallo, la jueza concluye que las concentraciones estaban comunicadas y que los colectivos habían advertido de que iban a recoger firmas, que las mesas eran pequeñas y no impedían el paso y que su instalación “venía amparada por el ejercicio de la libertad de expresión”, señala. “Cabe sin esfuerzo apreciar que las mesas informativas instaladas fueron instrumentos necesarios para publicitar a los ciudadanos madrileños las reivindicaciones objeto de la reunión”, añade la sentencia.
El abogado de la asociación, Víctor Álvarez Bayón, considera que la sentencia deja acreditado “que se ha forzado la normativa para intentar castigar a la Casa de Cultura de Chamberí, al aplicar una infracción urbanística a una concentración debidamente convocada”, indica.
Firmas para frenar la salida de la Casa de Cultura
La Casa de Cultura de Chamberí y los colectivos que de ella forman parte denuncian en un comunicado que la Junta de Chamberí, el concejal Ramírez y el Ayuntamiento “sólo han buscado perseguir y ahogar a las organizaciones vecinal, que nunca han evaluado su labor social y cultural, ni el beneficio que conseguían vecinos y vecinas, y han llegado incluso a exprimir las normas legales sólo por ánimo de venganza contra todo lo que significa participación ciudadana”.
Según este colectivo, el Ayuntamiento intentó amedrentar con multas como la ahora anulada por la justicia la recogida de firmas para conseguir la continuidad de la Casa de la Cultura de Chamberí. El local, que agrupaba a varias asociaciones en un espacio municipal cedido hace cuatro años, fue desalojado el pasado mes de abril. En su lugar, el consistorio abrirá un centro dedicado a la inteligencia artificial.
Este fallo judicial es la segunda sentencia condenatoria en las últimas semanas protagonizada por el concejal del PP Javier Ramírez, que a finales de octubre fue reprobado por otro juez que le condenó por vulnerar los derechos del PSOE al prohibir el debate de una propuesta sobre homofobia en el pleno de Fuencarral.