Las obras ilegales efectuadas en el piso donde actualmente vive la presidenta de la Comunidad de Madrid y su posterior intento de regularización serán abordados este jueves en el Pleno de la Junta de Chamberí, órgano municipal encargado de aprobar este tipo de trabajos en el distrito.
El PSOE formulará una pregunta sobre estos hechos, que deberá ser respondida por el concejal del distrito, Jaime González Taboada (PP), en el turno de respuestas, en la parte final del Pleno. Los socialistas reclaman información “sobre las actuaciones que está realizando la Junta Municipal del Distrito de Chamberí para a garantizar el cumplimiento la legalidad urbanística en la vivienda propiedad de Alberto González Amador, ubicada en el distrito de Chamberí”, reza el texto de la pregunta, al que ha tenido acceso este periódico.
Los socialistas han cambiado una pregunta sobre unas obras en la calle Ponzano para abordar el intento de regularización adelantado por elDiario.es el pasado viernes. Alberto González Amador, pareja de la presidenta, se dirigió formalmente al Ayuntamiento de Madrid el pasado 21 de marzo para legalizar la reforma en uno de los dos pisos que disfruta junto a Isabel Díaz Ayuso en el mismo edificio del distrito de Chamberí, según revelan al periódico fuentes conocedoras del procedimiento.
También Más Madrid abordará el asunto en otra de las preguntas del pleno, de un modo más genérico: “¿Qué información nos puede facilitar el Concejal Presidente sobre los procedimientos y medidas de inspección llevadas a cabo por la Junta Municipal del Distrito para asegurar el cumplimiento de las paralizaciones de obras tras haberse detectado irregularidades en la tramitación de los permisos necesarios por parte de sus promotores?”, es la cuestión que lleva la formación política.
De momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha dado detalles sobre este intento de regularización, que enmarca dentro de un “procedimiento ordinario” de un “particular”, explicó este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. “Los servicios técnicos municipales harán el mismo trámite con la pareja de Ayuso que con cualquier otra persona. Y no vamos a dar datos particulares, como es lógico, porque estaríamos vulnerando el principio de protección de datos”, aseguró a preguntas de los periodistas.
Sanciones de 30.000 a 600.000 euros
Alberto González Amador intenta regularizar las obras dentro del “procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística” abierto por el Ayuntamiento de Madrid a raíz de una denuncia de Más Madrid. El modo de legalizar la reforma es presentando una declaración responsable que adjunte un proyecto técnico, aunque la obra ya esté hecha. Puede ser presentada directamente por el dueño de la vivienda o por una Entidad de Colaboración Urbanística (ECU), de carácter privado y habilitada para verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento suele evitar abrir un segundo proceso, de carácter sancionador, cuando los propietarios proceden a regularizar la obra, pero en este caso Alberto Gonzalez Amador se enfrenta a una denuncia expresa de Más Madrid, lo que debería obligar a la apertura del segundo expediente. Las multas previstas van desde los 30.001 hasta los 600.000 euros.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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