Las trampas legales del Ayuntamiento de Madrid para tirar las cocheras históricas de Metro y levantar una torre de 100 metros

Al norte de Chamberí, en paralelo a la calle Bravo Murillo, hay un solar que espera una operación urbanística desde hace casi una década y que la Administración está empeñada en sacar adelante, diga lo que diga la justicia. Es el que ocupaban las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos, unas instalaciones que nacieron con el suburbano hace más de cien años y que desaparecieron hace dos años gracias a un planeamiento municipal que luego se demostró ilegal.

El periplo de estos terrenos comienza hace en el año 2014, cuando Metro de Madrid vende por 88 millones de euros un solar que ocupan sus cocheras, todavía en uso. Lo compra Residencial Metropolitan, una cooperativa reunida alrededor de la promotora Ibosa. El proyecto, que es modificado durante la legislatura de Manuela Carmena, acaba proponiendo cinco bloques de pisos en este espacio (con 58.500 metros cuadrados de superficie), entre ellos una torre de 31 plantas y por encima de los 100 metros de altura (más elevada que el Faro de Moncloa), que destacaría en un entorno sin construcciones de este tipo.

El proyecto implica modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y también la desaparición de las históricas cocheras, con más de un siglo de antigüedad y atribuidas a Antonio Palacios, el arquitecto de cabecera del primer Metro de Madrid. Su conservación empieza a levantar a asociaciones de Chamberí, el distrito sobre el que se asienta, y a otras que reclaman el valor de este patrimonio industrial, tanto por su diseño como por su antigüedad. Estas constituyen rápidamente la plataforma Salvemos las Cocheras de Cuatro Caminos, para intentar frenar en los tribunales toda la operación urbanística, además se dedican a difundir la importancia de este espacio (por ejemplo, con esta página web con abundante información histórica).

El primer frente es el de intentar que el complejo fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para su protección definitiva, intento que es tumbado por la Comunidad de Madrid (solo se protegen unos muros laterales). En 2019 llegaron las demandas en los tribunales para frenar una operación que aseguraban era ilegal. La justicia les da la razón en primera instancia y después lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Es aquí cuando el Ayuntamiento hace uso de la primera trampa legal para conseguir la demolición de las cocheras y que el proyecto avance: Urbanismo recurre todas las sentencias judiciales en su contra y a la vez autoriza la demolición de todo el complejo, como paso previo a la construcción de los edificios. El derribo de las cocheras se consumó el 8 de junio de 2021, mes y medio después de la sentencia del TSJM que ya dejaba claro que el planeamiento sobre el que se asentaba el proyecto era ilegal. Pero la decisión no era firme hasta que lo dijera el Supremo, gracias a los recursos del equipo de Almeida.

La sentencia final llegó en julio de 2022. El plan municipal para permitir este desarrollo urbanístico tenía que empezar de cero después del mazazo judicial del Tribunal Supremo y el consistorio aceleró al máximo para conseguirlo, aprobando el nuevo planeamiento a las pocas semanas. En juego estaban 443 pisos y un proyecto que en su inicio era defendido por todos los partidos políticos con representación municipal.

Pero en mayo de 2023, cuando todavía continúan los trámites para dar luz verde a Residencial Metropolitan, el gobierno de la nación aprueba la nueva Ley de Vivienda, que obliga a dedicar un 20% de vivienda protegida a cualquier desarrollo urbanístico, en lugar del 10% que se exigía hasta ese momento y que contemplaba el proyecto sobre las cocheras. Todo parecía tener que empezar de nuevo, ante el enojo de los miembros de la cooperativa.

El pasado verano llegó la última trampa legal de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. El equipo legal de Ayuso dice primero que es obligatorio rehacer el proyecto, pero después retuerce la interpretación de la ley estatal para asegurar lo contrario, en un polémico informe en el que los argumentos se dictan desde el área de Urbanismo de Almeida. De esta forma, los 443 pisos pueden ser aprobados en la comisión del ramo de septiembre y quedarán definitivamente validados durante el pleno de este jueves, gracias a la mayoría absoluta del PP en el consistorio.

¿Qué pasará si el proyecto se declara ilegal?

Una vez que el Ayuntamiento de Madrid dé luz verde a este cambio en el PGOUM se abrirá de nuevo el plazo para que las asociaciones recurran en la justicia si consideran que existen nuevas ilegalidades. Los que ganaron el anterior caso ya han dicho que sí que las hay, por lo que acudirán a los tribunales e iniciarán otra vez la batalla.

Pero los tiempos de la justica son largos y los de la construcción puede que la adelanten. Ocurrió, por ejemplo, en el desaparecido Taller de Precisión de Artillería, situado también en Chamberí, a poca distancia de las cocheras. Otro desarrollo urbanístico de una cooperativa que se levantó pese a que el planeamiento era ilegal, como demostraron la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio en todas las instancias judiciales. Cuando llegó la sentencia final del Supremo, sus 450 pisos ya estaban construidos y nadie los iba a poder derribar.

En el caso de las Cocheras de Cuatro Caminos, el Ayuntamiento de Madrid calculaba que las obras de construcción de las viviendas -con la demolición incluida- podían durar unos cinco años. Una vez que han desaparecido los edificios históricos, tardarán bastante menos. Los tiempos judiciales previos indican que para declarar nulo de nuevo el plan municipal hará falta un recorrido de unos tres años hasta alcanzar la decisión del Supremo, siempre que la justicia diera la razón a los demandantes en cada una de sus fases y el equipo de Almeida recurriera todas.