Rafael Catalá inauguraba ayer la remodelada Audiencia Nacional pero, lo que él preveía como un paseo triunfal, terminó convirtiéndose en un viacrucis con sonoros abucheos de medio centenar de funcionarios de la Audiencia Nacional como banda sonora, que protestaban por sus condiciones laborales, pero también por las graves deficiencias que tiene el inmueble.
Recibido con silbatos al grito de «fuera, fuera», «Catalá, menos inaugurar y más solucionar», «Catalá devuelve nuestros derechos» o «Sin justicia no hay derechos», los empleados públicos le pidieron que dedique menos tiempo a actos propagandísticos y más a la solución de los problemas «gravísimos de la Administración de Justicia y de los derechos de su personal».
Ya en el interior del inmueble, a resguardo de miradas indiscretas, críticas y reivindicaciones, Catalá alababa los trabajos de rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional, «un espacio adaptado a las necesidades que marcan las leyes procesales, un edificio digno y adecuado para prestar el servicio público que los ciudadanos esperan de la Justicia», explicó orgulloso.
Esta opinión que contrasta –y mucho– con lo que piensan quienes trabajan en esas dependencias, que se quejan de goteras; espacios insuficientes para archivos que se comparten con lugares de trabajo; despachos desmesurados de jueces y fiscales y reducidísimos para el resto; una planta entera inutilizada; dependencias del Juzgado de Guardia sin cobertura para telefonía móvil; imposibilidad de desplazarse dentro del edificio desde unas dependencias a otras; mesas ubicadas de tal forma que hay que atender de espaldas a las personas que han de declarar o practicar diligencias; ascensores que no funcionan correctamente; inexistencia de carritos para el traslado de expedientes, y un largo etcétera de deficiencias reportadas por las organizaciones sindicales.
Un proyecto de reforma que, según fuentes ministeriales, «ha cuidado especialmente la estética de los dos bloques en relación a las calles adyacentes y la arquitectura propia de la zona donde se ubica». Para Catalá, que alabó el trabajo del arquitecto Francisco Rodríguez de Partearroyo (que previamente realizó una exposición de los detalles del proyecto), la reforma de la sede de este tribunal representa muy bien« las claves con las que ha trabajado el Gobierno en esta legislatura: “modernidad y transparencia”».
El ministro calculó que el edificio subterráneo anexo a la sede principal equivale a la construcción de tres plantas más, lo que supone un aumento del 56% del espacio disponible. «Como respuesta al compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Madrid, la unión de las dos partes del parque de la Villa de París ha permitido liberar una gran extensión antes dedicada a la circulación de vehículos para hacerla peatonal y recuperar así para los madrileños una superficie superior a la de la Plaza Mayor de la capital», explicó.
La reforma de este órgano judicial ha tenido un presupuesto global superior a los 26 millones de euros, de los que. La antigua sede judicial ubicada en la calle García Gutiérrez que contaba con 9.600 m2 se ha ampliado ahora hasta los 11.500 m2, a los que se añaden 3.500 m2 más construidos en otro bloque en el subsuelo de la Plaza de la Villa de París, ambos unidos por un túnel subterráneo. La superficie inicial incrementa así su espacio en un 56%.
La remodelación, impulsada hace tres años por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que partía con 14 millones de euros de presupuesto ha supuesto finalmente 27 millones para las arcas públicas (24,5 para obra civil, elementos de seguridad y urbanización y el 1,8 restante para el equipamiento del edificio).
Los órganos que tienen sus dependencias en esta sede, además de la Presidencia de la Audiencia Nacional, son los seis Juzgados Centrales de Instrucción, el Juzgado Central de lo Penal y las cuatro secciones de la Sala de lo Penal y Sala de Apelación. En las plantas superiores, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de la Audiencia Nacional; y en las plantas bajas los servicios comunes, el archivo, las dependencias policiales, Instituciones Penitenciarias y el Instituto de Medicina Legal.
El proyecto ya contempla la Oficina Judicial, esencial para lograr la modernización de la Administración de Justicia. Además se dota al edificio de salas y zona de prensa con los medios necesarios para facilitar el trabajo de los periodistas. Lo curioso es que, a pesar del dineral invertido, la sede no podrá acoger las vistas de macrojuicios, ya que no dispone de suficientes salas de vistas de gran tamaño, lo que obligará a jueces, fiscales, letrados, funcionarios, acusados, peritos y demás funcionarios a trasladarse a San Fernando de Henares, como hasta ahora, donde existen salas para vistas con muchos acusados y público.