La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraba ayer jueves la sede del Partido Popular en la calle Génova, dentro de las investigaciones de la Operación Púnica. La intervención, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se centró en el despacho que Beltrán Gutiérrez Moliner, antiguo gerente del PP de Madrid, conservaba en la primera planta del edificio, donde requisaron diversa documentación y revisaron su ordenador.
Los agentes de la UCO también registraron el domicilio personal de Gutiérrez y el de Javier López Madrid, miembro del Consejo de Administración de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, además de los dos despachos profesionales del empresario.
Los “papeles de Granados”, claves en la investigación
Estos registros están motivados por las anotaciones incautadas a Francisco Granados en la Operación Púnica en octubre de 2014, que David Marjaliza ha ayudado a descifrar recientemente y que apuntan a la posible financiación irregular del PP de Madrid. Unos delitos de cohecho y blanqueo de capitales que ahora Anticorrupción y la Guardia Civil tratan de confirmar.
Según fuentes judiciales, los registros se han adelantado debido a una noticia publicada el pasado lunes en elespanol.com, que a juicio de los investigadores habría puesto en riesgo la operación. En ella se revelaba que, según las anotaciones del manuscrito de Granados, el yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir habría abonado importantes cantidades de dinero al Partido Popular.
El documento llevaría un registro de esos pagos junto a las letras “JLM”, que las pesquisas policiales atribuyen a Javier López Madrid. Marjaliza también hizo otra importante revelación: que las iniciales “BG” correspondían a Beltrán Gutiérrez, quien a pesar de haber sido destituido como jefe administrativo por el PP nacional por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid continúa trabajando para el PP de Madrid.
Por último, habría referencias a Ignacio Palacios, detenido por la UCO cinco días después de la comparecencia ante el juez de Marjaliza, persona que habría cobrado el dinero negro para Granados a cambio de adjudicaciones.
Indicios delictivos en todas las plantas
La primera era la única de las siete plantas de Génova 13 en la que, hasta ahora, no se había tenido indicios de conductas ilícitas. Las plantas baja, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ya corrieron la misma suerte el 20 de diciembre de 2013, cuando otro magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, envió a la Policía Nacional a buscar documentación relacionada con la reforma de la sede que se llevó a cabo entre 2005 y 2010.
Esta investigación judicial reveló algunas irregularidades. Por ejemplo, se realizaron dos certificaciones finales de las obras: que correspondía al precio real del proyecto (1.552.000 euros) y otra, con menor importe, que se correspondía con la factura emitida por Unifica. En el caso de los trabajos realizados en la segunda planta, se constató la existencia de determinadas obras que no fueron facturadas, pero sí pagadas en su totalidad con fondos de la caja B.
En cuanto a la planta séptima, donde está el despacho del presidente, se detectaron anomalías en la facturación y contabilización de las facturas, con una falta de correlación entre la factura emitida por Unifica y la documentación presentada por el PP en el Tribunal de Cuentas.