A principios de septiembre, las familias del colegio concertado Fundación Caldeiro fueron convocadas a una reunión en la que el centro escolar expuso su nueva apuesta por “la mejora de la educación de los alumnos”: la implantación de ordenadores portátiles individuales. La iniciativa surgió como una forma de apoyo en el proceso de digitalización del colegio, para facilitar a los escolares el desarrollo de su aprendizaje y formación a través de las nuevas tecnologías.
Durante la reunión, las madres y los padres de los alumnos fueron informados de que esta “innovadora apuesta” tenía un precio por niño de 1.200 euros. El plan que proponía la dirección del colegio quería implantar ordenadores portátiles de un modelo concreto, con licencias de software, un seguro o una funda, que debían pagar las familias a través de cuotas de 30 euros durante los cuatro años siguientes desde quinto de Primaria. Algo que sumar a la “aportación voluntaria” que ya les cobraba este centro concertado.
“Me parece un abuso absoluto”, denuncia a Somos Madrid una de las madres afectadas por la decisión del colegio. Algunas familias no pueden permitirse el desembolso que exige el centro, diez cuotas mensuales de 30 euros durante cuatro años, y temen que sus hijos se vean desplazados por ello. “Dicen que no es obligatorio llevarlo, pero todos estarán trabajando con el ordenador menos los que no paguen, aunque ya tengan uno en casa no les dejan llevarlo”, explica la madre de un alumno.
Al plantear la posibilidad de que los niños que no puedan pagar el ordenador propuesto por el centro pudieran llevar el suyo propio, la respuesta de la dirección del centro ha sido rotunda: “Los niños que no tienen el portátil deberán utilizar las herramientas de clase tradicionales, es decir, cuaderno y bolígrafo”, explican desde la dirección en mensajes cruzados con las familias a los que ha tenido acceso este periódico. Las familias afectadas consideran la alternativa que plantea el colegio “absolutamente discriminatoria”. Este diario ha intentado, sin éxito, que la dirección del centro respondiera a las preguntas de Somos Madrid sobre su versión de los hechos y si existe alguna solución para aquellos niños que no pueden permitirse la compra del dispositivo.
El ordenador que plantean usar en el centro es un Acer TravelMate B5 14, un portátil con un precio oficial desde 399 euros. “El procesador es un i3, está obsoleto, es casi pleistocénico”, señala la madre de un alumno. Las familias aseguran que las características del ordenador son bastante “flojas” para el dinero que les piden por él en el colegio, casi 800 euros de diferencia con el precio original.
Además, la adquisición del portátil va acompañada de un contrato que les compromete en muchos aspectos. La primera de las cláusulas de este acuerdo es, precisamente, la que más polémica ha causado entre las familias del centro: “El alumnado y sus padres o tutores legales reconocen que el dispositivo es propiedad del colegio, que a su vez cede a las familias en un periodo de cuatro años y que el colegio lo provee para la consecución del trabajo educativo”.
Los padres y madres no creen que sea “coherente” obligarles a pagar durante cuatro años un ordenador que está bajo la potestad del centro. El contrato es muy explícito con este punto y, ante la posibilidad de que algún alumno abandone el colegio antes de que termine el período de liquidación, advierten que “el alumno deberá devolver el dispositivo con los accesorios entregados en perfectas condiciones de uso, quedando rescindido el contrato de cesión, salvo que la familia desee adquirirlo abonando la cuantía restante”.
“Por el mismo precio que cuesta este ordenador que proponen, puedo comprar un ordenador increíble para mi hijo y toda la familia”, indican las fuentes consultadas. El colegio es bastante tajante respecto al uso del portátil: no solo obliga a los niños a responsabilizarse de todo lo que pueda ocurrirle, también impide cualquier tipo de uso fuera del ámbito escolar: “Los ordenadores van a tener ciertos bloqueos que no van a permitir que los niños utilicen el dispositivo fuera del colegio. Ya que te pago un ordenador, debería tener derecho a usarlo fuera de clase”.
El centro exige también que los alumnos lleven el dispositivo a clase cada día de la semana. Todos los niños a los que afecta esta decisión tienen que hacerse cargo del mantenimiento, la protección y la limpieza del ordenador a diario, una preocupación más para las familias. “La mayoría de ellos van a extraescolares o a jugar al parque, el portátil tiene muchas posibilidades de romperse o de que alguien se entere de que lo llevan en la mochila e intenten robárselo. Es un peligro innecesario”, explica una de las madres que se oponen a la compra.
Para evitar posibles accidentes, la compra incluye un seguro que cubre la pérdida o rotura del dispositivo una única vez. Si se repite, se aplica una penalización. Los padres opinan que el seguro “debería ser opcional” y cuestionan la decisión del centro: “Si alguien tiene ya un seguro de hogar, por qué tiene que pagar otro que solo cubre lo que pase la primera vez”.
Según han trasladado los padres y madres afectados a Somos Madrid, esta apuesta por el “desarrollo de la competencia digital” de los alumnos solo tendrá aplicación en las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. “No les van a enseñar informática. Van a usar el ordenador para ver los libros en digital. Está bien que les enseñen a usarlo correctamente y les preparen para entender las nuevas tecnologías, pero no tiene sentido que compremos un ordenador para leer en PDF un libro que pueden tener en papel”, cuenta la madre de un alumno. Las familias no comparten la visión del colegio y consideran que “quieren hacerlo por imposición”. El centro no ha planteado ninguna alternativa: “La directora dice que a los que no nos guste, nos podemos ir del colegio”.
Discriminación y pagos forzados
No es la primera vez que el centro impulsa una iniciativa de este tipo. “Decidieron implantar tabletas digitales a partir de quinto de Primaria, no les fue bien y ahora han decidido lo de los ordenadores”, explica la familia de un alumno. Los padres no quieren que vuelva a repetirse una escena similar a la que se produjo cuando el año pasado se repartieron las tabletas digitales entre los alumnos: “El día de la entrega, los que no pudieron pagar se quedaron en clase y los demás se fueron al salón de actos. No se puede hacer eso a niños que no tienen más de diez u once años, es un despropósito, lo menos pedagógico que existe”.
Las familias temen que sus hijos sean desplazados o señalados por no llevar el ordenador que piden y no pueden permitirse. Este tipo de actitudes fomentan entre el alumnado comportamientos discriminatorios y el centro los respalda a pesar de existir alternativas que beneficiarían a todos los niños: “Por qué mi hijo no puede llevar su propio ordenador desde casa y tiene que resignarse a dar clase con un libro por imposición”.
La posibilidad de que los niños puedan sentirse discriminados es lo que más preocupa a las familias, aunque no es lo único. El contrato que el centro ha pedido firmar a los padres es solo un ejemplo de los métodos que llevan utilizando desde hace varios años para aumentar la recaudación de fondos. El Colegio Fundación Caldeiro es una institución educativa concertada, es decir, recibe una financiación pública que complementa con las aportaciones voluntarias del alumnado (AVA).
Pagar 85 euros cada mes
La cuota mensual del AVA son 45 euros mensuales por alumno, una aportación opcional que ninguna familia tiene obligación de pagar. Sin embargo, el centro hace un gran esfuerzo por convencer a los padres y madres de la importancia que esta cuota tiene para el colegio. Además, se escudan en la necesidad de incorporar algunos servicios para poder mejorar la comunicación entre el centro y las familias: “Nos cobran diez euros al mes de canon digital por la aplicación que utilizan para las comunicaciones con los padres. Siempre había sido gratis y a partir de la pandemia nos la empezaron a cobrar”. La indignación de las familias no queda ahí: “Es una tomadura de pelo, nos cobran otros 12 euros al año por la agenda para acabar mandando todo por la plataforma”.
Estas aportaciones son obligatorias para todos, a pesar de tratarse de un centro concertado que fue fundado para “la prestación de ayuda económica a la infancia y a la juventud carente de medios económicos para facilitar su educación e instrucción”. En total, sumando la cuota de la aplicación, la del portátil y la AVA, cada familia ha de desembolsar 85 euros mensuales por hijo, 850 euros anuales. “Se definen como un colegio para familias de clase media-alta y no puede ser más mentira”, señala una de las madres del centro.
Las familias que se oponen a la compra de ordenadores consideran que “si quieren hacer este tipo de cosas obligatorias deben renunciar al concierto público con la Comunidad de Madrid”. Obligar a pagar en un colegio concertado sin respetar la voluntariedad es ilegal, así lo establece el artículo 88 de la Lomloe: “En ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”.