Carpetazo municipal al caso del trabajador de la EMT que cobró un 3% de una adjudicación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) mientras disfrutraba de una excedencia. Aunque la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid considera que Pablo Pradillo -el trabajador afectado- cometió una “falta muy grave” por estos hechos, concluye que no debe sufrir castigo alguno porque el organismo municipal indica que la posibilidad de sanción ha prescrito.
La resolución la adelanta este lunes El País, que cita un informe con el dictamen de la oficina sobre Pradillo: “Se ha producido una situación de incompatibilidad por parte de un empleado público, que pudiera ser constitutiva de falta muy grave”, apunta antes de añadir “que no ha sido sancionada al considerarse prescrita”, según publica el citado periódico. Con esta frase concluye una investigación que se puso en marcha varios días después de que se conociera el escándalo, el pasado mes de mayo.
La Oficina Anticorrupción zanja su trabajo sobre las posibles repercusiones para Pablo Pradillo y la EMT de una comisión que supuso el 3% del importe de un contrato valorado en más de cinco millones de euros. Y detiene el apunte de unas responsabilidades que tenía muy avanzadas desde hacía meses: otro de sus informes previos a la resolución final, al que tuvo acceso Somos Madrid, detallaba que Pablo Pradillo pudo incumplir La Ley de Incompatibilidades al haber aceptado un trabajo relacionado con su puesto anterior en la EMT, para lo cual debería haber esperado al menos dos años sin actividad en la empresa. Por el contrario, ayudó a preparar la oferta cuando solo llevaba unos meses desde que había abandonado la compañía.
Según este primer informe, existían “indicios de haberse incurrido en causas de incompatibilidad y conflictos de intereses”, decía el organismo del Ayuntamiento de Madrid de lucha contra la corrupción, dirigido por el exfiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Granados. Las responsabilidades del Caso Pradillo no parecían quedarse ahí: el trabajador de la EMT que actuó como comisionista durante una baja voluntaria de la empresa y cobró 150.000 euros como comisión a un grupo de empresas privadas a conseguir un contrato de la EMT también pudo infringir varios códigos de conducta.
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción apuntaba en este primer informe a posibles quebrantos del Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid y del Código Ético y de Conducta de EMT, como ya se advertía en este artículo publicado por Somos Madrid. El organismo de vigilancia recordaba que los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid se deben abstener “en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público”.
Historia de una comisión
El Caso Pradillo fue destapado por el diario El País a principios del mes de mayo, cuando informó de la existencia de esta comisión, que se había conocido durante la celebración de un juicio entre las empresas afectadas por el contrato. La licitación salió en marzo de 2019 y se adjudicó en junio de ese mismo año. Concurrieron tres empresas, según consta en la documentación del expediente: una fue descartada por no cumplir los criterios y de las dos que llegaron a la fase final, la mesa de contratación eligió la UTE a la que había asesorado Pradillo, en base a criterios técnicos y a su mejor puntuación, que obtuvo por resultar la más barata -coste de algo más de cinco millones de euros, más IVA- y pese a que no era la que mejor nota sacó en la calificación técnica. La UTE la forman las empresas Inesco, Asfaltos y Pavimentos SA y Ciser.
La obra fue adjudicada el 14 de junio de 2019 por el equipo de Manuela Carmena, durante la última reunión de la EMT durante el gobierno de Ahora Madrid, un día antes de la toma de posesión de Almeida como primer edil. Tanto el alcalde como el delegado de Movilidad, Borja Carabante, pidieron explicaciones al anterior equipo de Gobierno por la adjudicación y amenazaron con demandas judiciales que todavía no han llevado a cabo. Sin embargo, el informe inicial de la Oficina contra la Corrupción al que tuvo acceso este periódico no citaba a los anteriores responsables y sí a la actual dirección de la compañía, a la que ha reclamaba información precisa sobre las labores de Pradillo antes y después de su parón laboral, con objeto de verificar posibles responsabilidades.
En un primer informe, la Oficina echaba en cara al actual gerente de la EMT -Alfonso Sánchez Vicente- que algunas de las preguntas que le han formulado “no quedan respondidas de manera clara”, especialmente aquellas sobre las funciones desempeñadas por Pradillo durante los dos años anteriores a su salida temporal de la empresa. Y pedía una valoración a este directivo sobre si sus trabajos en las Cocheras de Fuencarral pudieron servir para presentar la oferta privada unos meses después, que acabó ganando el concurso para el mismo centro de operaciones.
El gerente de la EMT también aseguró que Pablo Pradillo no comunicó su relación laboral en el contrato adjudicado cuando se reincorporó en 2021 a la empresa. Tampoco queda reflejado cuándo fue comunicada esta relación, algo que el propio empleado admitió a preguntas de este periódico. La Oficina contra el Fraude y la Corrupción reclamaba más datos: “Quedaría pendiente de conocer, si una vez que los responsables de la empresa han tenido conocimiento de la mencionada relación profesional, están actuando para un esclarecimiento de las circunstancias”, decía en el primer informe. Este periódico no pudo comprobar si las cuestiones fueron respondidas, ya que ni desde el Ayuntamiento ni desde la EMT se ha producido comunicación ninguna sobre el contenido de ningún informe desde que estallara el caso.
Los primeros trabajos de la Oficina dejaban claro que solo estudiaba los aspectos que pudieran implicar “presuntas responsabilidades de naturaleza administrativa” reflejadas en las normativas sobre incompatibilidades, conflictos de interés y contratación pública. Pero que no iba a abordar hechos que puedan ser punibles judicialmente, porque “la Oficina no podrá desempeñar funciones que correspondan a la autoridad judicial”, recordaba en alusión a su normativa de funcionamiento.
Por último, el escrito de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción señalaba una incongruencia en la figura legal con la que se reincorporó Pradillo a la EMT, ya que abandonó la empresa en 2019 bajo la fórmula de suspensión del contrato de trabajo de mutua acuerdo y el documento de su reincorporación cita la expresión “excedencia voluntaria”, otra forma de abandono de una empresa, pero distinta a la firmada en su salida de la compañía municipal.