“Se ha producido una situación de incompatibilidad por parte de un empleado público, que pudiera ser constitutiva de falta muy grave, que no ha sido sancionada al considerarse prescrita (...) archívese este expediente”. Así concluye el informe con el que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha despachado el caso Pradillo, una investigación que mezcla intereses públicos, un contrato millonario, una saga familiar en instituciones de la Comunidad de Madrid y una comisión de 150.000 euros obtenida de forma dudosa.
Las irregularidades se destaparon el pasado mes de mayo. Un conflicto laboral judicializado acabó sacando a la luz el papel de un trabajador en excedencia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en una adjudicación del año 2019 sobre la que nadie antes había reparado. Su nombre era Pablo Pradillo y había asesorado a una unión de tres empresas -Inesco, Asfaltos y Pavimentos SA y Ciser- para conseguir un contrato valorado en algo más de cinco millones de euros más IVA. La mesa de contratación eligió la opción a la que había ayudado Pradillo y él reclamó el 3% de la comisión, según contó en su día El País, el periódico que destapó el caso.
La publicación de la noticia puso a la defensiva al Ayuntamiento de Madrid, con el delegado de Movilidad (y presidente de la EMT), Borja Carabante, lanzando acusaciones al anterior equipo de Gobierno, ya que el contrato se había adjudicado durante la última reunión de la empresa de transportes durante la época de Ahora Madrid, un día antes de la toma de posesión de Almeida como alcalde. Pero Pradillo no era una persona afín a Manuela Carmena ni al equipo directivo que la exalcaldesa puso al frente de la EMT. Como trabajador, había sido apartado de responsabilidades en la empresa después de cometer una grave imprudencia en unas obras en las cocheras de Fuencarral, durante las que se desprendió amianto.
El incidente tuvo lugar en 2018 y acarreó una dura sanción para Pradillo: por cometer una “falta muy grave” se le multó con dos meses de suspensión de empleo y sueldo, el máximo que permite el convenio de la compañía. Fue la sanción más dura impuesta por la EMT a uno de sus empleados. Unos meses después, ya apartado de sus tareas como jefe de división, solicitó tres meses de permiso en la empresa. Al finalizar este periodo, reclamó a la EMT suspender su contrato, una especie de excedencia a partir del 1 de enero de 2019. Meses después y aprovechando sus conocimientos acumulados, participó en la oferta citada al inicio de esta información.
Después de varias semanas de investigación, la Oficina contra la Corrupción, un órgano que depende del Ayuntamiento de Madrid, concluyó que Pablo Pradillo había cometido otra “falta muy grave” al haber asesorado para conseguir el citado contrato y recibir una comisión de 150.000 euros. “El nexo entre incompatibilidad y riesgo de existencia de conflictos de intereses es incuestionable”, dice el informe de la Oficina, al que ha tenido acceso Somos Madrid. Pese a ello, exonera al trabajador de recibir ninguna sanción porque considera que este tipo de faltas prescriben “a los sesenta días”. Según la EMT, el plazo comienza “a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, entendiéndose como tal la fecha en que el Agente que tramita la propuesta tuvo conocimiento de la misma, y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”. Más Madrid, que presentó denuncia en Anticorrupción, considera que el contrato se siguió ejecutando hasta este mismo verano y que Pradillo puede ser sancionado.
Pablo Pradillo entró a dedo en la EMT por ser el hijo de quien es. Y ahora le están protegiendo
“Están protegiéndolo porque es de los suyos, pese a haber cometido una falta muy grave”, denuncia Esther Gómez Morante, portavoz de Más Madrid para asuntos de movilidad. “Es otro movimiento de comisiones pa la saca”, asegura recordando una popular expresión del Caso Mascarillas. Pradillo, ingeniero de Caminos de formación, comenzó a trabajar en la EMT en el año 2008. Según sus propias palabras en respuesta a preguntas de Somos Madrid, ingresó gracias a “un proceso interno que estaba en vigor en ese periodo” con una vacante para alguien con su título. Desde Más Madrid denuncian que no se les ha facilitado -pese a haberlo solicitado- el proceso que dio lugar a su entrada en la entidad pública y afirman que “entró a dedo en la EMT por ser el hijo de quién es”, dice Gómez Morante.
Pablo Pradillo trabaja actualmente en la EMT, después de volver a la empresa en septiembre de 2021. Al hacerlo avisó a la compañía de su participación en el contrato de la polémica: “La empresa era conocedora de esta situación”, reconoció en respuesta a las preguntas de este periódico. Más Madrid pedirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid la cabeza del actual gerente de la empresa que gestiona los buses municipales, Alfonso Sánchez, por permitir este comportamiento a sabiendas de que se estaba produciendo. El partido de la oposición considera que debe ser destituido porque, pese a conocer el conflicto de intereses -como reconoció Pradillo a Somos Madrid-, la empresa dejó prescribir una falta muy grave de su empleado.
Más Madrid apunta en sus acusaciones a las buenas relaciones del trabajador cuestionado dentro de la EMT, donde lo consideran un “protegido”. Cuando comenzó en la compañía, en 2008, el apellido Pradillo era muy conocido en la empresa municipal. El padre de Pablo, José Manuel Pradillo, también ingeniero de Caminos, fue parte del consejo de la compañía durante 15 años y llegó a dirigir la entidad desde su puesto de gerente. En el año 2003 la abandonó camino del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, el órgano rector de todos los transportes de Madrid, donde lo colocó Esperanza Aguirre. Desempeñando este puesto, coincidió con el actual delegado de Movilidad y presidente de la EMT, Borja Carabante.
Carabante mantuvo una estrecha relación profesional con el padre de Pablo Pradillo en su época como viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ya que el año 2012 compartía mesa en el Consejo de Administración de Metro con José Manuel Pradillo, hasta su retirada y jubilación en el año 2013.
Almeida: “Una actitud condenable”
Tanto Borja Carabante como el gerente Alfonso Sánchez acompañaron este martes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un acto en la EMT. Presentaba el despliegue de Bicimad para el año 2023, pero a la conclusión del acto se pronunció sobre la polémica resolución de su Oficina contra la Corrupción: “Si me pregunta si me parece bien que haya una persona que ha cobrado una comisión y ha incurrido en un supuesto de incompatibilidad, le digo directamente que no, que me parece que es una actitud condenable, al margen de las cuestiones jurídicas que en todo caso hay que respetar”, apuntaba respondiendo a Somos Madrid, quedándose a medio camino entre la censura al trabajador municipal y la exoneración casi definitiva.
“Yo no soy el que tiene que decidir desde el punto de vista de expediente sancionador, si se tiene que dar por cerrado”, añadía Almeida antes de descargar la responsabilidad en Anticorrupción y en la Empresa Municipal de Transportes. Este periódico ha preguntado a la EMT si considera cerrado definitivamente el expediente del caso Pradillo, sin obtener hasta ahora respuesta alguna.
Mientras guarda silencio, la EMT ha trazado un muro de contención en torno a Pablo Pradillo, denuncia Más Madrid entre quejas por la falta de transparencia. El partido ha solicitado varias veces copias de numerosos documentos, entre ellos el expediente completo que afecta al trabajador, cuyas conclusiones se trasladaron a la Oficina contra la Corrupción. De momento se siguen negando a facilitarlo y nadie fuera de la compañía ha visto aún esta documentación que podría aclarar muchas de las dudas del caso.