El pasado 24 de octubre salió publicado el acuerdo de incoación (de oficio, por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática) del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática para la Cárcel de Carabanchel.
Según la Ley de Memoria Democrática, la figura jurídica ayuda a poner de relieve socialmente espacios o inmuebles en los que “se han desarrollado sucesos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.” No supone, en ningún caso, una protección de tipo urbanístico.
La incoación se produce después de que caducara sin respuesta oficial otra petición de origen ciudadano, llevada a cabo al amparo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y solicitada hace más de dos años por la Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel.
La plataforma celebra la publicación en el BOE, pero insiste en reivindicar la creación de un verdadero Centro de Memoria de la cárcel de Carabanchel como lugar de represión franquista, lucha por las libertades y la justicia social, algo que no está garantizado por la declaración cuyos trámites se ponen ahora en marcha. La Ley de Memoria Democrática obliga a la construcción de un Centro de la Memoria Democrática en su artículo 58 pero nada obliga a que sea en el lugar donde estuvo la cárcel franquista por excelencia.
La exigencia del Centro de Memoria es una lucha que lleva viva dos décadas, y en ella se han involucrado distintas organizaciones memorialistas, de antiguos presos y el tejido vecinal de Carabanchel (la raíces del actual movimiento hay que buscarlas en Salvemos Carabanchel, que data de los tiempos del cierre del penal). En la anterior legislatura, se produjo un vivo diálogo entre el gobierno y la plataforma para avanzar juntos hacia la declaración y la construcción del centro, pero después de las elecciones las conversaciones se vieron interrumpidas y nunca más se volvieron a poner en marcha.
Según explican desde la la Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel (y hemos comprobado desde este medio) el texto publicado incluye algunas imprecisiones y errores. Algunos son de índole administrativo y otros atañen al alcance de lo protegido. Entre los primeros podemos nombrar la atribución de la propiedad del bien incoado al Ayuntamiento de Madrid, cuando los terrenos son propiedad de Instituciones Penitenciarias (es decir, del Ministerio de Interior).
Los errores alcanzan también a las dimensiones geográficas del espacio protegido (aunque dicha protección se circunscriba a su memoria). En el texto se hace referencia a una de las parcelas que ocupaba la cárcel, pero se dejan fuera otros terrenos, más grandes si cabe, “donde se encontraban la mayor parte de sus dependencias, en particular el edificio principal de los años 40”, según explican desde la plataforma ciudadana en un comunicado.
También hay olvidos en el capítulo de los vestigios materiales. Se habla del pórtico de entrada de la prisión como único superviviente de la demolición llevada a cabo en 2008. Sin embargo, existen otros restos, como un tramo de muro perimetral situado al norte del terreno o la construcción bajo rasante, que se conserva y donde se puede encontrar, al menos, el sótano bajo el centro de control (la rotonda con la icónica cúpula), según explican.
Pero, sobre todo, hay un recuerdo de la cárcel que permanece muy vivo. El antiguo Hospital Penitenciario, donde hubo presencia de mujeres presas políticas, sigue hoy en funcionamiento como Centro de Internamiento de Extranjeros. La Plataforma pide que se incluya en la declaración, no solamente para preservar su memoria, sino porque creen que “la declaración debe, además, entre las medidas de protección, señalar la incompatibilidad de los valores democráticos con el actual uso como CIE, proponiendo su cierre”.
La lucha por la memoria de la cárcel ha sido inseparable durante los últimos años de la reclamación ciudadana de los vecinos de Carabanchel y Latina del uso social de los terrenos dentro del plan urbanístico para el ámbito. Se trata de una reivindicación viva, y el próximo día 19 de noviembre, sin ir más lejos, hay convocada una manifestación cuyo lema es “Vivienda pública en los terrenos de la cárcel”.
El mismo 24 de octubre aparecieron además publicadas en el BOE las resoluciones de acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de la “extinta Dirección General de Seguridad franquista”, en la Puerta del Sol, y de la “tapia de fusilamiento del Cementerio del Este”, es decir, el cementerio de la Almudena.