El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid imputa por un presunto delito de prevaricación a dos funcionarios de alto nivel en los Gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Se trata, por un lado, de quien lleva cerca de 20 años siendo el Jefe de Disciplina Urbanística del Consistorio de la capital, Julio César S.G. El otro implicado es el excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel G.P., que ejerció dicho cargo desde 2021 hasta su cese en abril de 2023.
El motivo de las diligencias es el derribo de la vivienda de un vecino de la Cañada Real en el mes de julio de 2022, ejecutado pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo abierto meses antes. Después de casi dos años de investigación, tanto la jueza titular como Fiscalía consideran que hay indicios de criminalidad “evidentes” en la actuación de ambos cargos públicos, según recoge el escrito judicial al que ha tenido acceso Somos Madrid. Así, la magistrada ha dictado el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado. Con ello, abre el plazo para que tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen los representantes legales del vecino presenten sus escritos de acusación.
Según queda acreditado en el auto, el vecino llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, cuando adquirió la finca en la que se ubicaba. Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse.
Fuentes de la acusación particular indican que “el comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y pese a que el afectado presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, alegaciones que estaban siguiendo los trámites legales”. A continuación, este funcionario del Ejecutivo autonómico solicitó el derribo de la construcción.
“En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo”, añaden.
Celeridad injustificada en una orden “lesiva”
La demolición se ejecutó automáticamente el 19 de julio de 2022, apenas cinco días después de la declaración de supuesto abandono. En ese momento el vecino se encontraba de vacaciones fuera de su vivienda desde hacía apenas una semana y había presentado alegaciones apenas un mes antes justificando que la vivienda era su domicilio.
Por parte de ninguno de los dos investigados se ha podido justificar esta actuación durante la fase de Instrucción. “Es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad solo puede dictarse cuando existe una resolución firme al respecto, y que la declaración de la vivienda como abandonada sólo podría afirmarse tras la práctica de una exhaustiva prueba. En el presente caso no solo no intentaron comprobar si el vecino seguía en la vivienda, sino que teniendo evidentes pruebas de que así era (los recursos presentados semanas antes, la presencia de todos sus enseres personales y su vehículo dentro de la vivienda o las declaraciones de los vecinos que intentaron evitar el derribo) continuaron adelante con la ejecución”, exponen desde la acusación particular.
“Este derribo se llevó a cabo en el marco de toda una campaña orquestada por las Administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real, una campaña cuyo principal hito fue el corte de luz a los Sectores V y VI en octubre de 2020, y que busca expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con esta zona residencial, poblada principalmente por población vulnerable o de escasos recursos”, explican desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa integral de profesionales para la defensa de los Derechos Humanos que ha asumido la representación del residente que perdió su vivienda.