Brigadas Inquilinas en Lavapiés para alertar sobre los fondos buitre: “¡Que no se atrevan a comprar un edificio más!”

El movimiento en defensa de la vivienda se organiza en Madrid para prevenir la amenaza de los fondos buitre puerta por puerta. No es una forma de hablar, ya que el Sindicato de Inquilinas de la capital ha organizado unas Brigadas Inquilinas en Lavapiés para informar a vecinas y vecinos a quienes cerca la especulación inmobiliaria.

“¡Que no se atrevan a comprar un edificio más!”, es uno de los principales lemas de los pasquines que miembros de la organización han repartido en buzones, pero también en mano a algunos arrendatarios. La manera de proceder es tan sencilla como (casi siempre) efectiva: llaman al timbre de algún piso, esperan la respuesta del inquilino, les explican resumidamente por qué están ahí y, si el residente les abre, acceden al interior del portal. Allí depositan tarjetas informativas en los buzones y tocan puerta a puerta para tratar de hablar unos minutos con cada vecino.

Una decena de personas se concentran en plena plaza de Lavapiés para iniciar la jornada. Antes, desde el Sindicato ya han evaluado y seleccionado los edificios a los que acudir en la zona, aquellos de propiedad vertical. Es decir, los que tienen un único dueño, sea un particular o una empresa, de todos o la mayoría de viviendas. En Madrid son más de 1.000, solo en Lavapiés superan el centenar, por lo que en esta ocasión cubrirán una pequeña muestra representativa. El grupo se divide en dos Brigadas Inquilinas, y cada una de ellas recorre parte de este céntrico barrio asfixiado por el turismo masivo y la gentrificación.

Información con rostros e historias humanas

Lucas, que pese a su juventud es uno de los miembros más activos de la organización, explica a sus compañeras y compañeros la forma de actuar una vez acceden a los inmuebles y llaman a un timbre: “Lo primero que debemos preguntar en el cara a cara es si saben quién es el propietario de las viviendas. Después, decirles que su edificio está en el punto de mira de los fondos buitre por el hecho de tener un único tenedor, un factor que les facilita las cosas a estas macrosociedades inmobiliarias”.

Para poner en situación, recurren a ejemplos cercanos que tienen rostros propios. Dos miembros de las brigadas son Virginia y Nacho. Viven en Tribulete, 7, la comunidad de vecinos que ha conseguido un gran impacto mediático después de que un fondo vinculado al entorno familiar de Esperanza Aguirre haya comprado el edificio y lleve meses amenazando con expulsar a los residentes.

La sociedad Elix Rental Housing Socimi II fue creada por la empresa de capital riesgo AltamarCAM Partners y la gestora inmobiliaria Elix. El presidente de AltamarCAM, Claudio Aguirre, es primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. La estrategia de la entidad es “dar respuesta a la obsolescencia y escasez de vivienda en alquiler de calidad en el centro de la ciudad”, lo cual pasa en Chamberí por vaciar los bloques de los antiguos vecinos. Y ahora la repiten en Lavapiés, también en Tetuán o Ciudad Lineal, pero los vecinos no se lo han puesto fácil gracias a una movilización que se ha traducido en manifestaciones, batallas legales y hasta festivales culturales.

Mientras la primera Brigada Inquilina se dirige a la calle de la Cabeza, donde empiezan la acción, Virginia relata su caso a Somos Lavapiés. Le sirve de ensayo, ya que solo unos minutos después lo replicará con varios vecinos que abren la puerta a estos equipos de información habitacional: “Yo llevo 27 años en mi casa, pero ya me ha llegado el burofax de que debo irme el 31 de mayo sin derecho a nada. No pierden ni un segundo, y eso que yo estoy pagando un alquiler normal o al menos lo que antes era normal. Pero a ellos ni siquiera les interesa subirlo, lo que te han quitado es el derecho a la vivienda porque quieren hacer vivienda turística. Y a la vez, se te da la vida en arreglar tu piso y tu edificio porque el propietario pasa de ello y por ley no se le puede obligar”.

“Nuestro arma es armar revuelo. Ni Ayuso, ni Almeida, ni el Defensor del Pueblo nos han hecho caso”, critica Virginia. Vive sola en su piso de Tribulete después de que su pareja muriera hace dos años, pero su ímpetu personal y la fuerza colectiva de la vecindad y el Sindicato le animan a seguir peleando. Así lo relata al primer edificio al que llegan, después de que Lucas ponga en situación tanto al vecino que atiende desde el telefonillo como a las residentes que abren las puertas de sus casas.

Cómo espantar a los buitres

Varias puertas no se abren, por ausencia, desconfianza o falta de interés. Pero, a quienes sí les reciben, les avisan de la situación crítica del barrio, las circunstancias que convierten el edificio en especialmente proclive a la llegada de un fondo buitre y las posibles acciones para prevenirlo o contrarrestarlo. “Si difundís la palabra en la comunidad y colocáis pancartas en la fachada contra este tipo de corporaciones es probable que consigáis espantarlas. Al final a estas empresas no les interesa el ruido mediático, así que si ven un edificio movilizado es probable que prefieran adquirir otro o irse a zonas distintas”, expone Lucas.

Si difundís la palabra en la comunidad y colocáis pancartas en la fachada contra este tipo de corporaciones es probable que consigáis espantarlas. Al final a estas empresas no les interesa el ruido mediático, así que si ven un edificio movilizado es probable que prefieran adquirir otro o irse a zonas distintas

Las vecinas reciben la información superadas y desconcertadas. “¡Qué mal todo! Lo hablaré con mi marido”, contesta una de las que muestra una preocupación más profunda. Aunque no conocía el caso de Tribulete, Virginia se lo explica y eso ayuda a que entienda más claramente tanto la magnitud del problema como la forma en la que puede materializarse.

Mientras, Rebeca va tomando nota de las reacciones. Procedente de Cercedilla, Rebeca se ha unido al Sindicato de Inquilinas por un caso menos trágico que el de Virginia, pero también grave: una fianza nunca devuelta por su casero. Entre esa circunstancia y sus problemas para dar con un nuevo alojamiento, encontró en el Sindicato un asidero al que ahora quiere devolver parte de la ayuda recibida participando en las Brigadas Inquilinas.

A este primer inmueble llegan en el momento justo: la mayoría de casas pertenecen a un mismo arrendador particular. Aunque no pueden conocer sus intenciones, según Lucas “es el perfil que más interesa a los fondos buitre que operan en Lavapiés”. Las dos siguientes visitas, sin embargo, no son tan exitosas por mucho que su labor informativa siempre sea útil.

La última es dura pero esperanzadora. Se trata de un edificio en el que la mayoría de alojamientos son administrados por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Aunque la entidad ya se ha visto implicada en polémicos desahucios, tanto las cuantías del alquiler como las condiciones de protección distan mucho de la agresividad del mercado inmobiliario.

No en vano, son viviendas dirigidas a personas con situaciones particularmente críticas y extraordinarias. La mujer que les atiende en el bajo relata su experiencia como víctima de violencia de género. Cercada por la violencia y las amenazas, detalla con emoción y entereza que acabó “desamparada”. El acceso a una vivienda pública y protegida, un modelo menguante pese a la crisis habitacional, le ha permitido empezar a reconstruir su vida. Wilson, otro miembro del Sindicato y la Brigada Inquilina, le muestra todo su apoyo. Al mismo tiempo, se interesa por conocer el procedimiento para acceder a uno de estos alquileres accesibles. La iniciativa también sirve para esto: tejer lazos y crear redes de apoyo e intercambio de experiencias.

El revés de llegar tarde

Antes de esta emocionante parada, la brigada se topa con un tercer modelo: un edificio al que llegan tarde. Situado de nuevo en la calle de la Cabeza, cuando llaman al timbre les responde una voz italiana. Les abre el portal y luego la puerta del bajo en el que se hospedan. Porque este piso se ha convertido ya en un Airbnb, como la mayoría del bloque. “Solo hay que ver que la escalera o las paredes han sido reformadas. Si se compara con el primer edificio al que hemos ido, donde las zonas comunes casi se caen a pedazos, se ve superclaro la estrategia que siguen este tipo de fondos. Meten pasta para rehabilitaciones, que les darán mayor rentabilidad para los alquileres turísticos, ya cuando han echado a los vecinos”, lamenta Lucas.

Solo hay que ver que la escalera o las paredes han sido reformadas. Si se compara con el primer edificio al que hemos ido, donde las zonas comunes casi se caen a pedazos, se ve superclaro la estrategia que siguen este tipo de fondos. Meten pasta para rehabilitaciones, que les darán mayor rentabilidad para los alquileres turísticos, ya cuando han echado a los vecinos

Los alojamientos turísticos del inmueble los administra la empresa Mit House, que en el caso del bajo lo ofrece de media a unos 145 euros por noche. Están ocupados prácticamente la totalidad del verano, así que la compañía de alquileres temporales ingresará más de 4.000 euros al mes solo por este piso. “Revientan el mercado y con ello el modelo de vida de todo el barrio”, protesta Lucas antes de seguir la ruta con sus compañeras. Avanzan que retomarán la iniciativa, que no se va a quedar en una jornada puntual.

En el exterior del portal, una pintada adorna el contenedor de basura comunitario (de una comunidad que ya no existe). El minigraffiti reproduce uno de los mensajes más extendidos por las paredes de Lavapiés: “Tourists go home!”, acompañado de una carita sonriente. Es lo que algunos miembros de las brigadas inquilinas han pensado al toparse con los inquilinos pasajeros de este edificio, aunque se lo hayan callado. Prefieren utilizar su palabra para informar y persuadir a esos vecinos con quienes comparten amenazas e inquietudes, pero también fuerzas para resistir.