Si las leyes están para cumplirlas y hay unas autoridades que deben velar para que eso sea así lo que sucede con las viviendas vacacionales en edificios residenciales de Madrid no se entiende muy bien: se calcula que hay unas 14.000 viviendas dedicadas al uso turístico en Madrid y el 98% son ilegales, según datos del Ayuntamiento previos a la pandemia.
Alejándonos de cifras macro y de casos abstractos, fijarnos en el perjuicio que uno solo de esos pisos de alquiler turístico está ocasionando a unos vecinos cualesquiera del centro de la ciudad debería ser suficiente para hacernos una idea de las molestias que cientos de ellos estarán ocasionando ahora mismo a miles de madrileños. Y todo eso ante una hiriente lentitud administrativa y legislativa para resolver el problema y ante una preocupante incapacidad controladora y sancionadora de las autoridades.
L.L. es una de las vecinas afectadas por una vivienda turística (VUT) en el número 5 de la calle Esgrima. Abrir la ventana de su dormitorio llegada la noche en busca de algo de fresco es sinónimo de dejar entrar en él a una cuadrilla de hasta 10 personas que conversan, beben y fuman a los pies de su cama, de madrugada y cualquier día de la semana, según expone.
“El dueño del segundo piso no sólo tiene montado en él un negocio ilegal de alquiler turístico sino que, además, ha ocupado el patio de luces del edificio montando una especie de zona chill out donde sus huéspedes hacen vida y que encima promociona como uno de los grandes atractivos del alojamiento”, comenta con indignación esta vecina. “Durante el día no es plato de buen gusto, pero cuando llega la noche se convierte en algo insufrible”.
“Esta persona ha llegado al punto de atreverse a cerrar el patio comunal con un sistema de techo retráctil, para cuya colocación ni tan sólo pidió un permiso que no le hubiéramos dado. Política de hechos consumados”, explica L.L, erigida en portavoz de los propietarios de esta pequeña comunidad, que cuenta con otro piso de alquiler turístico en la misma planta que el anterior.
“¿Qué más podemos hacer?”
Lo más preocupante, sin embargo, para estos vecinos es el desamparo en el que se encuentran. Tres denuncias en el Ayuntamiento por las presuntas ilegalidades cometidas por el propietario del piso turístico no han servido para que se persone en el edificio inspección alguna.
Según las últimas cifras oficiales sobre control de pisos turísticos del Área de Desarrollo Urbano, facilitadas en febrero de este año, en 2020 la Agencia de Actividades inició 278 expedientes de cese y clausura de alquileres turísticos que afectaban a 840 viviendas, con el objetivo de “restablecer la legalidad urbanística infringida tras comprobar el ejercicio de la actividad sin título habilitante”. De ellos, 132 dieron lugar a una resolución firme de cese y clausura, mientras que en los 61 casos restantes se presentaron recursos de reposición frente a las mismas.
Esos expedientes surgieron de un total de 502 inspecciones de edificios, según el Ayuntamiento, pero tras cualquier cifra, por abultada que pueda parecer, se encuentran cientos de comunidades como la de Esgrima 5, donde el desamparo no sólo se siente sino que se sufre.
“Hemos detallado a las autoridades dónde se está infringiendo la ley, quién la está quebrantando y cómo; estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestras casas a cuanto inspector quieran enviar para que comprueben fácilmente que lo que denunciamos es cierto. ”¿Qué más podemos hacer?“, se preguntan los vecinos afectados.
La primera de las denuncias de esta comunidad contra el propietario del piso segundo la presentaron en diciembre de 2020. Pocos meses antes había adquirido el inmueble y aprovechando el techo del bajo comercial que hay en el edificio transformó el patio de luces en lo que sería el suelo de su chill out. Fue cuando procedió a techar este espacio comunal que había conquistado cuando sus vecinos decidieron denunciarlo, explican.
Con esos mimbres comenzó a operar un negocio de alquiler turístico en el inmueble, el cual tiene como principal espacio común para sus inquilinos el patio de la comunidad, convertido en el salón-comedor-espacio de convivencia de facto del piso, tal y como se aprecia en algunas fotografías promocionales del alojamiento.
La segunda de las denuncias de esta comunidad contra la citada propiedad se formalizó en febrero de 2021. En esa ocasión lo que se denunció sí fue ya la actividad de alquiler turística que se estaba realizando. En el mes de junio, y ante el empeoramiento de las molestias, se interpuso una tercera reclamación por el mismo motivo.
Según el Plan Especial de Hospedaje y Alojamiento del Ayuntamiento de Madrid (PHE), aprobado en 2019 durante el mandato de Manuela Carmena y aún vigente aunque el gobierno de Almeida lo va a modificar, todos los alojamientos turísticos, incluidas las viviendas de uso turístico, ubicadas en edificios residenciales, necesitan hasta la fecha un acceso independiente y la correspondiente licencia de uso terciario para operar legalmente, siempre que se alquilen durante más de 90 días al año. Por acceso independiente se entiende que las viviendas turísticas no podrán compartir portales u otros elementos comunes al del resto de las viviendas.
Ciñéndonos a esta normativa, el alojamiento de la calle Esgrima al que nos venimos refiriendo, como tantos otros en la ciudad, no sería legal, por lo que los vecinos afectados esperan que las autoridades actúen en consecuencia.
En “proceso de legalización”
Por su parte, en declaraciones a este periódico, el propietario del inmueble denunciado por sus vecinos asegura estar en “proceso de legalización” de la actividad de alquiler turístico que viene desarrollando y afirma “no querer fastidiar la vida a nadie”. Dice, además, haberse trasladado a vivir al mismo piso que alquila para evitar las posibles molestias por ruido que quizá pudieran generar algunos inquilinos de paso y asegura que a las 23 horas cierra “la pérgola” del patio comunal para no hacer ruido, algo que sus vecinos le discuten. “Quiero llevarme lo mejor posible con todo el mundo. Todos tienen mi teléfono y pueden avisarme si hay algo concreto que les pueda molestar”, insiste este propietario.
Pero independientemente de la buena voluntad que puedan o no tener ambas partes el caso es que, como en tantos otros edificios residenciales del distrito Centro, que goza de máxima protección y donde se concentra la mayor cantidad de alojamientos turísticos, en la comunidad del número 5 de la calle Esgrima existe un problema de convivencia generado por una actividad fuera de norma y sobre eso poco hay que discutir: mientras que el propietario denunciado trata de legalizar su actividad -para lo cual ha adquirido el local comercial que hay en el bajo del edificio con la idea de intentar lograr un acceso independiente a través del mismo hacia el piso que ya explota- sus vecinos tratan de lograr que el Ayuntamiento haga cumplir la legislación vigente y que lo haga, además, mejor hoy que mañana para, entre otras cosas, poder abrir las ventanas y no tener que elegir ni una noche más entre no dormir por calor o no hacerlo por ruido.
El uso económico que pretende dar uno a su vivienda es difícilmente compatible con el uso residencial que le dan los otros a las suyas. Según el anuncio de este alojamiento en la plataforma de alquiler vacacional AirBnB, en el segundo izquierda de Esgrima 5 se ofrecen 3 habitaciones, más otra con varias literas, y el negocio estaría atendido por “cuatro amigos”. En esa misma plataforma, tan sólo en lo que llevamos de julio hay 62 comentarios de personas que habrían pasado por el piso en ese corto período de tiempo, de un total de casi 1900 comentarios vertidos supuestamente por otros tantos viajeros que se habrían alojado en esta VUT -pandemia mediante- desde que comenzara su actividad.
La nueva ordenanza para regular los pisos turísticos “estará lista este año”
El Área de Desarrollo Urbano del actual Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Mariano Fuentes, prepara una nueva ordenanza para regular los pisos turísticos “que estará lista este año”, según fuentes municipales. Lo hace en coordinación con otras áreas de gobierno -al afectar estos a cuestiones urbanísticas pero también a otras de seguridad y de convivencia- y en coordinación también con la Comunidad de Madrid, con competencias en la materia.
Este jueves la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado un avance de modificación de las normas urbanísticas que, entre otras muchas cosas, incluye cambios en el actual Plan Especial de Hospedaje. El Ayuntamiento de Madrid da así el primer paso para modificar la normativa de Carmena para poner freno a los pisos turísticos y preservar el uso residencial del centro urbano.
El área de Desarrollo Urbano, gestionada por Ciudadanos, planea que las VUT solo puedan instalarse en los bajos o primeras plantas de los edificios -siempre con la condición de que no haya vecinos abajo-, retirando la exigencia de que tengan un acceso independiente (diferente al portal) para obtener una licencia.
En cualquier caso, y a la vista de los hechos, la pregunta que cabe hacerse sería: ¿sirven de algo las normativas que no se hacen cumplir?