El rechazo al turismo masivo y la especulación en Madrid toma las calles de Lavapiés este sábado
“Después de Canarias, Cantabria y Baleares, es el turno de Madrid. La mecha se prende este sábado en Lavapiés”. Así anuncia en redes sociales el Sindicato de Inquilinas la convocatoria de una concentración este sábado a las 18.00 en el centro de la capital. Una protesta que recoge el sentir contra la especulación inmobiliaria y el turismo masivo, en defensa “del territorio y las formas de vida colectiva”.
Son palabras de Jacobo Rivero, periodista, escritor y vecino del barrio, durante la rueda de prensa que sirvió de presentación a la manifestación Lavapiés al límite: Contra la destrucción de los barrios. ¡Nos quedamos!. Precisamente la plaza de Lavapiés es el escenario escogido por las más de 40 organizaciones y colectivos que están detrás de una marcha con “mirada periférica” abierta al conjunto de la ciudadanía madrileña. “No nos atañe solo a los vecinos de Lavapiés. Estos procesos ya han acabado con gran parte de la vida de otros barrios, como Malasaña o El Raval de Barcelona”, señala Rivero.
El acto de presentación a los medios, celebrado este miércoles en el Teatro del Barrio, aunó a personas que luchan contra todas las problemáticas que han llevado tanto a la convocatoria del sábado como a una serie de acciones previas, en forma de protestas espontáneas o pegatinas y proclamas contra Airbnb, que ya iban dibujando un creciente escenario de malestar.
Entre las causas del conflicto se encuentran la turistificación descontrolada, la proliferación de alquileres vacacionales en su mayoría ilegales y su afectación en el encarecimiento del precio de la vivienda, el auge de edificios controlados por fondos buitre, la falta de zonas verdes y otras dotaciones para la infancia y la tercera edad o las dificultades que encaran las personas migrantes (desde trabas para empadronarse hasta “una persecución policial injustificada y racista”).
Habla de esta última cuestión Diawar Sek, miembro de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses y el Sindicato de Manteros, que compartió su experiencia: “Nos sentimos rechazados, humillados y acosados. Podríamos aprovechar la multiculturalidad del barrio, pero está yendo a más el rechazo institucional: controles en las calles, las tiendas o el transporte público que solo sufre determinado grupo de población, como si ser negro fuera un delito”. Lamenta que lo que vive actualmente en Lavapiés no lo ve “en ningún otro sitio”, y recuerda que muchas de estas personas han nacido ya en Madrid y ven en la capital su casa: “Somos la cuarta generación de migrantes, no nos van a echar fácilmente”.
A Diawar Sek tampoco le es ajena la crisis de la vivienda, de hecho su condición de persona racializada complica aún más las cosas: “Al buscar casa, te descartan por el tono de voz”. Una losa más en una ciudad donde operan “casi 17.000 pisos turísticos ilegales”, como remarca Sabina, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. El Consistorio, que ha ofrecido recientemente por primera vez datos oficiales, rebaja esta cifra pero la sitúa por encima de los 13.500 alojamientos irregulares. “Ante este modelo de ciudad como un parque de atracciones turístico, reclamamos nuestro derecho al barrio, porque sin su gente los barrios se mueren”, reivindica Sabina, que se muestra tajante: “Lavapiés no se vende, Lavapiés se defiende”.
Cree que expulsar la vida de lugares como Lavapiés “forma parte de un plan sistemático de determinadas administraciones según el cual todo lo que pueda ser mercantilizado lo será”. Y añade: “Buscan echarnos o que nos vayamos destrozando los servicios públicos, abandonando las zonas a su suerte sin mejoras y dejando que los fondos buitre operen a sus anchas”. Los bloques controlados íntegramente por grandes y opacas sociedades inmobiliarias se multiplican, hasta el punto de que el Sindicato de Inquilinas ha creado unas Brigadas para poner en aviso a pisos proclives a este tipo de adquisiciones.
El caso más mediático se ha vivido en la calle Tribulete 7, donde decenas de residentes se han organizado para mostrar su oposición (firme pero festiva) a la compra de la sociedad Elix Rental Housing Socimi II, creada por la empresa de capital riesgo AltamarCAM Partners y la gestora inmobiliaria Elix. El presidente de AltamarCAM, Claudio Aguirre, es primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
Su estrategia, “dar respuesta a la obsolescencia y escasez de vivienda en alquiler de calidad en el centro de la ciudad”, pasa por vaciar los bloques de los antiguos vecinos. “Una vez expulsados, pasan a reformarlos después de años de abandonos y los venden a otras empresas interesadas en el negocio de los alquileres turísticos o de temporada”, detallan desde el Sindicato de Inquilinas. Elix sigue la misma estrategia en Chamberí y Tetuán.
También en Lavapiés, la productora de cine Gloriamundi Producciones planea desalojar a 16 vecinos en dos edificios de las calles Buenavista 25 y Zurita 22. El barrio cuenta con una gran capacidad de organización vecinal autogestionada, con lazos estrechos entre agrupaciones diversas, pero no siempre es suficiente. En los últimos años, se han producido desahucios que han dejado un fuerte impacto en el sentir colectivo de Lavapiés, como el de Argumosa 11. La proliferación descontrolada de viviendas turísticas, así como de fondos buitres interesados en expandir su presencia en ese mercado, ha tensionado todavía más la situación.
Cristina, que reside en Tribulete, arremete contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque “no aplica la Ley de Vivienda, que al menos serviría para declarar zonas tensionadas donde se evitarían subidas abusivas”. Pero su crítica se dirige al conjunto de las autoridades: “Ninguna institución ejerce sus funciones para cumplir el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a una vivienda digna”.
“El fondo buitre ha comprado Tribulete a la familia de propietarios por 8 millones de euros, no llega a 150.000 euros por piso. Envían el mensaje de que los ciudadanos pagan un precio mucho más alto que empresas que especulan, hacen negocio y manejan información. Son compañías que no aportan nada a la sociedad española, solo miseria. Y por culpa de eso, ahora nos enfrentamos a la incertidumbre y la pobreza en materia habitacional. Incluida gente mayor que ha trabajado toda su vida y que paga sus impuestos”, relata Cristina. Opina que Lavapiés, como otras zonas de Madrid, ha experimentado el “proceso clásico de gentrificación: una degradación intencionada para que la gente se canse del barrio y se vayan por su cuenta”.
Contra la degradación y la gentrificación
En dicha “degradación” juega un papel clave la utilización del “racismo y el clasismo”, con esos controles selectivos que denunciaba Diawar Sek. “No son rutinarios, a mí por ser caucásica no me han parado en la puñetera vida en estas calles que habito”, afirma Lucía López. Para Ramtin Zigorat, activista iraní por los derechos LGTBI+, el fomento de la sensación de inseguridad a través de las patrullas y los registros es un arma con el cual el Ayuntamiento de Madrid “quiere crear en Lavapiés otra Malasaña”. López y Zigorat son miembros de Museo Situado, una red de colaboración de 26 colectivos migrantes, feministas y artísticos con el Museo Reina Sofia.
Abogan por simplificar los requisitos de empadronamiento, ya que sin él “no existen muchos derechos, el primero de ellos el acceso al sistema de salud”. Lucía apunta que durante el mandato de Manuela Carmena se ideó un proyecto piloto que permitía empadronarse en las sedes de colectivos del barrio. Esto facilita el proceso para aquellas personas que llegan sin una residencia fija o pasan un tiempo en situación de infravivienda, incluso en la calle. Y una vez empadronados, resulta más sencillo acceder a un trabajo, a una vivienda y a una integración efectiva. “Todo eso se ha perdido”, dice Lucía.
La Administración tolera la expropiación de un patrimonio social y cultural, a través de una política de bloqueo y una guerra abierta a las lógicas de los vecinos y vecinas del barrio
Respecto a otro estigma asociado al barrio, el de las drogas, Jacobo Rivero defiende una política que vaya más allá del refuerzo en el número de controles o agentes desplazados: “Estas medidas represoras, que no van acompañadas de ninguna en ningún otro sentido, se han demostrado fracasadas”. Denuncia la reducción de la presencia del Samur Social y de espacios de apoyo. Engarza además esta cuestión con los problemas al turismo, unas molestias que van mucho más allá de la afectación al precio de la vivienda (también acarrea ruido, suciedad o colapsos del transporte público): “El modelo que se promueve en muchas partes del centro de Madrid va asociado al consumo y el tráfico de drogas”.
Rivero reivindica Lavapiés como lugar de acogida, primero de emigrantes de Extremadura y Andalucía, luego llegados de distintas partes del mundo aunque predomine la procedencia africana. Considera que “la Administración tolera la expropiación de un patrimonio social y cultural, a través de una política de bloqueo y una guerra abierta a las lógicas de los vecinos y vecinas del barrio”. Zigorat pone el ejemplo del escaso respaldo municipal que reciben proyectos de integración como el equipo de fútbol base Dragones de Lavapiés: “Para el Ayuntamiento, son vidas sin importancia”.
En este contexto, Carlos y Andrés exigen que al menos las instituciones no interfieran en iniciativas autónomas y autogestionadas como aquella en la que están implicados: el Centro Social Okupado La Rosa. “Nuestros proyectos impactan directamente contra la dinámica de acumulación, por ello el Gobierno municipal nos violenta y persigue nuestro cierre desde el primer día. Necesitamos más centros sociales ocupados para la organización política. Lavapiés, diana de especuladores y grandes capitales, es casi el último barrio del Centro donde resiste la vida en la calle. Se van vecinas y llegan turistas, se criminaliza la vida comunitaria que hay en él. Los centros sociales son lugares de contrapoder”, argumentan.
Carlos cita como ejemplo “un ocio cada vez más pensado para el turista y para el gasto extremo”. Frente a ello, sostiene que iniciativas como La Rosa “articulan la vida del barrio”. Un refugio para “movimientos transfeministas o ecologistas, frente a la abundancia de plazas duras y la persecución de la vida (sobre todo las de personas migrantes) en las pocas que no lo son”.
La cuestión del espacio público también estará muy presente en la manifestación del sábado, e igualmente ha acabado derivando en la creación de una plataforma colectiva para su defensa: Esta Es Una Plaza. Roxy, una de sus integrantes y docente en el barrio, toma el micrófono para decir que “la infancia de Lavapiés no tiene dónde jugar”. Los pocos lugares habilitados para la vida comunitaria, el parque del Casino de la Reina o la plaza de Lavapiés, “son demasiado calurosos y hostiles”. Lucía López apostilla que “el único refugio climático del barrio es un espacio autogestionado, y por tanto vulnerable”.
Parte también de Hola Vecinas, un proyecto vecinal para ayudar a familias en riesgo de exclusión a través de clases de español o de refuerzo entre otras actividades, para Lucía “no hay futuro sin facilitar la integración”. Se muestra muy crítica con la respuesta de las autoridades a esta necesidad: “Vemos cómo nos llaman directores de colegios públicos para que nosotras asumamos la acogida que deberían llevar a cabo las instituciones, o cómo nadie tiene en cuenta la salud mental de quienes viven en casas hacinadas”.
Pero cree que no se trata únicamente de un problema institucional por inacción, sino que “hay una persecución activa”. Quizá es Lucía quien mejor resume el sentir de la manifestación transversal y abierta con la que intentarán que su voz resuene en todo Madrid desde la plaza de Lavapiés: “No necesitamos sirenas a 300 kilómetros por hora. Lo que necesitamos son plazas vivas, espacios verdes y casa en condiciones y precios asumibles”.
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