“Es la ley de la selva”. Así describe el concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia la política urbanística del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida en varias declaraciones a este medio. El edil emplea la expresión en casos que afectan a recintos dirigidos a actividades diversas, en distintas zonas de la capital y con motivos dispares para explicar sus problemas con los permisos. Todos estos inmuebles comparten, eso sí, un elemento común: su puesta en marcha antes de disponer de la licencia oportuna o a través de una declaración responsable, y su continuidad durante un largo periodo de tiempo (en algunos casos permanente) pese a estas irregularidades. La maniobra se repite tanto que puede hablarse de una estrategia instaurada, conscientemente o no.
Uno de los últimos ejemplos es la carpa aparentemente desmontable instalada cerca de Atocha, construida por la empresa La Estación Gran Teatro Príncipe Pío y bautizada como Atocha Plaza. La estructura carece de licencia a pocos días del que habría sido su primer evento, un congreso sobre instalaciones temporales entre el 6 y el 8 de febrero. Aunque los terrenos pertenecen a Adif, que los ha arrendado, el control urbanístico corresponde igualmente al consistorio.
De hecho, en una respuesta enviada el 30 de noviembre a una petición de información del grupo municipal Más Madrid a la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, la Jefatura de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito admite que “no se localizan expedientes de licencias”. Luego detalla que “en la inspección del 14 de noviembre se verifica que la instalación se encuentra en fase de construcción”. Sin embargo, dichas pesquisas acabaron “al no encontrarse personal que pudiera dar información”.
Aunque el área de Urbanismo dio traslado de la actuación irregular al Servicio de Disciplina Urbanística de la Subdirección General de Control de la Edificación “para la adopción de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística”, de las cuales por el momento no ha habido noticia, la falta de sanción después de una inspección recuerda a lo sucedido con el restaurante del Wow en Gran Vía, 18. Una actuación que llegó después de una denuncia por infracción urbanística presentada por Más Madrid, en la que aseguraba que la licencia para una actividad temporal relacionada con la “difusión de la gastronomía” llevaba meses caducada.
En la visita de los inspectores municipales el pasado 13 de septiembre, no pudieron demostrar que el lugar funcionara como un restaurante en lugar de como un espacio para la “difusión de la gastronomía”. Los técnicos lo exponían del siguiente modo: “Respecto de la actividad de restaurante, durante la visita de inspección no se pudo constatar que se llevase a cabo la misma”, escriben en la misiva. Todo ello pese a que el lugar admitía reservas al menos hasta la publicación de la denuncia en Somos Madrid y empleaba a menudo en sus publicaciones el hashtag #restaurantesMadrid.
“Una dinámica general”
La acumulación de actuaciones con la misma fórmula no ha pasado desapercibida para la oposición. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en la materia, Antonio Giraldo, enumeró varias de ellas en la última Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad: “Parecen casos anecdóticos, pero ya es una dinámica general. El último ejemplo es el de San Bernardo, 41, donde la Junta de Gobierno tramitaba un plan especial para cambiar el uso de residencial a hospedaje en un inmueble donde abrieron apartamientos turísticos, aunque la licencia solo permitía albergar oficinas y nueve viviendas. Ustedes actúan una vez ya ha salido en la prensa”. La actividad ilegal de estos apartamentos turísticos fue denunciada por la Policía Municipal hasta el pasado 9 de enero. Esto es, un día después de la información publicada por Somos Malasaña.
“Lo mismo sucedió en el Palacio del Conde de Miranda, en la azotea de Wow en Gran Vía o el espacio Atocha Plaza en Delicias”, recopiló el edil, que expresó su “rabia y frustración” ante “la cantidad de ilegalidades que comenten en esta ciudad y la nula capacidad de este Gobierno municipal no tanto para detenerlas, que lo hacen cuando les pillamos, como para evitarlas”.
No faltó la mención al Hospitalillo de Chamberí, del que aprovechó para preguntarles si finalmente se ha sancionado a sus responsables. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, no se pronunció al respecto. Lo ocurrido con el antiguo Instituto Homeopático y Hospital de San José es otra referencia paradigmática de esta práctica.
El centro educativo ubicado en los números 3 y 5 de la calle Eloy Gonzalo llevó a cabo reformas de calado en el inmueble e inició las clases pese a no poseer “ni licencia de obras ni licencia de actividad”, como reconoció el propio Carabante. Además, abrió sus puertas sin contar con un plan de evacuación de incendios aprobado por las autoridades municipales, debido a que este forma parte del plan especial pendiente (e indispensable dada la condición de Bien de Interés Cultural del entorno, una protección que no permite intervenir un edificio a través de una mera declaración responsable).
Por ello, el Ayuntamiento de Madrid llegó a fijar su precinto hasta en dos ocasiones, después de un primer retraso al alegar el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que era prioritario reubicar al alumnado afectado (en torno a 152 personas, según fuentes del propio centro). Finalmente, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo evitó la clausura al decretar medidas cautelares y posteriormente el Ayuntamiento dio su visto bueno al plan especial.
En otras ocasiones el desenlace sí se traduce en un precinto, aunque sea un procedimiento igualmente tortuoso. Así ocurrió con el gimnasio privado edificado en la parcela municipal cedida a un colegio concertado para usos educativos en San Blas. La orden de clausura pesaba desde el 25 de enero de 2023 sobre el Centro Deportivo Newman, que operaba sin licencia precisamente por incumplir dicho uso previsto.
No fue hasta el pasado 12 de enero, casi un año más tarde, que el Ejecutivo de Almeida ejecutó dicho cierre. Un fin de actividad fulminante para sus 37 empleados y 6.000 abonados, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diese la razón al Ayuntamiento en su recurso y revocase con ello las medidas cautelares vigentes, que ya evitaron un precinto en diciembre.
Los cambios en la normativa y el aumento de declaraciones responsables
El Ayuntamiento de Madrid tarda, de media, en torno a seis meses en comprobar si una licencia presentada es correcta o no. El dato procede del último informe de gestión de la Agencia de Actividades (ADA), el organismo municipal que certifica la legalidad en los edificios de la ciudad y que durante los ocho primeros meses de 2023 verificó cientos de expedientes para licencias básicas, urbanísticas y de funcionamiento.
El estudio detalla el volumen de declaraciones responsables recibidas por el consistorio. Una declaración responsable es un documento en el que una persona física o jurídica asegura cumplir todas las obligaciones de la normativa vigente, lo que le permite ejercer la actividad para la que ha pedido el permiso. Alcanzaron las 6.443 hasta agosto, un cuarto más que en las mismas fechas del 2022.
Esta fórmula de licencia ha ido aumentado en la capital desde que en 2022 entrara en vigor la nueva Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, impulsada por el área de Urbanismo que entonces dirigía Mariano Fuentes (Ciudadanos). “El objetivo fundamental de la OLDRUM, además de unificar la normativa, es reducir los trámites y cargas administrativas, consolidando la declaración responsable como el medio de intervención por excelencia en materia urbanística”, recoge dicha ordenanza. En la práctica, este interés por “reducir trámites administrativos” ha derivado en una disciplina urbanística mucho más laxa.
La mayoría se tramitaron a través de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU), empresas privadas que ejercen la labor del consistorio en este proceso burocrático. El resto, 2.370, fueron analizadas por la propia Agencia de Actividades. De todas las analizadas por la ADA, el 45% fueron declaradas ineficaces. Es decir, que hasta 1.054 contenían deficiencias en la documentación presentada que hubiera impedido su apertura.
“Es importante dictar las resoluciones de ineficacia en el menor plazo posible, ya que el solicitante puede ejercer la actividad desde su presentación”, reconoce la ADA en su estudio en el que advierte del problema de poner en marcha un negocio sin cumplir la legislación municipal. En el caso de que sea declarada ineficaz, el establecimiento que ha presentado la declaración responsable vuelve al punto de partida. Pero, como muestra la realidad, esto no es siempre exactamente así.
Para más inri, no todas las declaraciones responsables eficaces son correctas. El Ayuntamiento de Madrid debe inspeccionar in situ que lo que la empresa o el particular asegura cumplir sea así fehacientemente. Del total de declaraciones eficaces llegadas en lo que va de 2023, la ADA solo va a revisar 564, especialmente las afectadas por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar), de las que se inspecciona tanto las llegadas a la ADA (181) como las remitidos por las ECU (245). El resto de las declaraciones tramitadas por las empresas colaboradoras, más de 3.800, se consideran eficaces y no son revisadas por el organismo municipal.
Los inspectores evalúan cada uno de los casos a través de informes técnicos que pueden ser favorables, desfavorables o precisar algún requerimiento. Las cifras aportadas sobre los expedientes finalizados indican que se tramitaron 2.577, de los que recibieron la luz verde algo más de la mitad (1.322), mientras que se comunicaron como desfavorables hasta 538 y sobre otros 717 se practicó un requerimiento. Dentro de estos expedientes, la mayoría de los dedicados a actividades recreativas y de espectáculos (693) acaban con resultado desfavorable (244, el 35%) o tienen que contestar a requerimientos (284, el 41%). En este ámbito solo 165 (el 23%) cumplieron con los requerimientos municipales para ejercer su actividad.
Mientras, se suceden los casos que implican a grandes empresas y promotores urbanísticos, pero también las actuaciones irregulares de particulares aprovechando la mayor laxitud que trajo consigo esta reforma. En algunos casos a costa incluso de la seguridad de obreros y vecinos. Auténticas declaraciones sin responsabilidad.