El Madrid privatizado por Almeida: cuatro años de cesiones a empresas, regalo de parcelas y polémicas recalificaciones

Lo público está en retroceso en la capital. La legislatura que se cierra este mes de mayo ha estado marcada en el Ayuntamiento de Madrid por una clara apuesta por las privatizaciones de servicios y espacios comunes a lo largo de toda la ciudad. Aparcamientos rentables enajenados, polideportivos entregados durante décadas a empresas privadas, parcelas municipales regaladas hasta el año 2097 o recalificaciones millonarias forman parte de las operaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

“Cabe pensar que, si una administración pública privatiza un servicio, está mostrando su incapacidad para gestionarlo, que es para lo que fue elegida. Y no es así. El objetivo no es la buena gestión, sino cambiar la mentalidad y, a nivel concreto, la creación de valor privado”. El entrecomillado está recién sacado de la imprenta y pertenece a El malestar de las ciudades (Arpa, 2023), un libro en el que Jorge Dioni analiza las causas y los objetivos de las privatizaciones masivas que están acometiendo los gobernantes de urbes como Madrid.

Las grandes privatizaciones de la capital se han diseñado principalmente desde tres áreas del Ayuntamiento: Obras, Movilidad y Desarrollo Urbano. Van desde pequeñas parcelas municipales vendidas para construir viviendas privadas hasta alquilar durante meses, semanas o años plazas de la ciudad donde las empresas privadas montan eventos con escaso retorno económico para las arcas municipales. Un modelo que, en palabras otra vez de Jorge Dioni, “permite la transferencia de capital público al sector privado sin necesidad de sobres ni cajas B”.

Somos Madrid ha elaborado una recopilación de las más importantes llevadas a cabo por el equipo de Almeida y Villacís. Son las siguientes:

Parcelas regaladas a la Iglesia durante 75 años

Hace algo más de un año y sin más publicidad que su publicación en el portal de contratación, el Ayuntamiento de Madrid iniciaba la cesión de tres parcelas municipales a la Iglesia valoradas en 757.304,95 euros, según los cálculos de Desarrollo Urbano, área que gestionó la operación. El objetivo era entregar al Arzobispado y a una congregación religiosa hasta 8.000 metros cuadrados de suelo público, que servirían para construir sendas parroquias en Aravaca y en el Ensanche de Vallecas y un monasterio en Almendrales (Usera).

Las parcelas fueron finalmente cedidas el pasado octubre, después de un rápido proceso legal, a un coste de 666 euros como pago por tasas. A cambio, la Iglesia podrá disponer de ellas durante 75 años, hasta 2097. Vecinos del distrito de Usera se movilizaron para protestar por la cesión de los terrenos municipales a la Comunidad del Cordero, pero su recogida de firmas, que alcanzó más de 2.800 apoyos, fue ninguneada, al igual que unas pegatinas que vestían de santo a Almeida. En su lugar proponían construir “un instituto público, algo que beneficiaría a toda la comunidad indistintamente de sus creencias”. O también instalaciones deportivas “como un gimnasio o una piscina cubierta”.

No es la única parcela entregada sin coste durante tres cuartos de siglo en el último año. La Fundación A la Par, una ONG muy cercana al PP, recibió por las mismas fechas más terrenos municipales anexos a sus instalaciones actuales, valorados en 2,1 millones de euros. Esta entidad también fue favorecida durante el temporal Filomena, cuando el consistorio mandó limpiar de nieve y hielo sus accesos antes que los de los mercados municipales o los colegios.

Suelo para el Atlético y subsuelo para el Real Madrid

Otras parcelas públicas que han sido entregadas a una entidad privada durante otros 75 años serán las que rodean el campo del Atlético de Madrid en San Blas. Allí el club rojiblanco pretende levantar una ciudad deportiva, un miniestadio para 6.000 espectadores, una zona de ocio y hasta un hotel sobre 205.000 metros cuadrados de suelo municipal.

A cambio de esta cesión, el Atlético de Madrid se compromete a construir varias instalaciones deportivas municipales y reformar los accesos en coche a la zona desde la M-40. En este caso ni siquiera hubo información pública: el Ayuntamiento aprobó esta cesión demanial por decreto en mitad del pasado verano desde el área de Obras, sin necesidad de ser votado en ningún órgano municipal.

“A mí también me pidió suelo público Gil Marín”, recordaba en este artículo de opinión el exconcejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, explicando las razones por las que el alcalde no debía entregar estos terrenos.

La cesión de las parcelas supone también el abandono del proyecto olímpico en esta zona de Madrid, en la que se habían reservado los terrenos donde se proyectaron las tres candidaturas olímpicas en las que fracasó la capital. De aquellas épocas queda allí un cadáver que costó 100 millones: el del centro acuático, que el club rojiblanco ha dejado fuera de su proyecto.

Mientras se cedían estas parcelas en el este de la ciudad, el área de Movilidad preparaba un proyecto para el otro gran club de la ciudad, el Real Madrid. En este caso en forma de dos aparcamientos subterráneos rodeando su estadio que suman más de 2.000 plazas y que reclamó el club de Florentino Pérez para poner la guinda a la reforma de su estadio.

Pero la construcción de aparcamientos bajo suelo público es una prerrogativa del Ayuntamiento, así que el equipo de Almeida ideó una concesión por obras durante 40 años para justificar la entrega a la empresa adjudicataria en un concurso en el que el club merengue es favorito por haber hecho la propuesta (recibirá más puntos por ello). De regalo, además, la concesión llegará con la gestión privada de 20.000 metros cuadrados de la plaza pública situada en la Castellana, frente al Bernabéu.

Todos los plazos legales se han acelerado para intentar adjudicar el proyecto antes de las elecciones, por lo que un hipotético cambio de gobierno no podría impedir la cesión por cuatro décadas. Pero los vecinos de la zona, contrarios a los aparcamientos −especialmente al de Padre Damián, que incluye un túnel−, han llevado a los tribunales este procedimiento. Los sobres de ofertas se abrirán dos días después de las elecciones, con el gobierno en funciones.

Privatización de AZCA durante 40 años

El modelo de concesión de obras es −junto a las concesiones demaniales− una de las figuras más utilizadas por este consistorio para la privatización de espacios durante décadas. Muy cerca de los aparcamientos proyectados junto al Bernabéu está AZCA, el corazón financiero de Madrid que Almeida también apuesta por privatizar durante otros 40 años a petición de alguno de los grandes fondos de inversión propietarios de sus edificios, agrupados bajo el nombre de Renazca.

La operación se lanzó en mitad del verano, también casi de incógnito −la reveló este periódico, para sorpresa del consistorio− y con una fórmula por la que el Ayuntamiento de Madrid acabaría pagando dinero a la concesionaria en lugar de que la cesión de suelo público rentara a las arcas municipales.

Pese a que el proyecto echó a andar el verano del año pasado, en este caso los plazos burocráticos son más largos y será el próximo gobierno municipal el que tenga que decidir sobre su adjudicación definitiva. Además, los inversores tienen que superar también la negativa de un importante actor en la zona: la inmobiliaria de Amancio Ortega, que de momento se opone al proyecto.

Aparcamientos municipales privatizados

Con los aparcamientos públicos también hay negocio. En esta legislatura Almeida y su concejal de Movilidad, Carabante, han intentado privatizar 5.600 plazas de aparcamiento en ocho instalaciones municipales muy rentables, en las que el consistorio ha recuperado la titularidad después de décadas en manos privadas.

En lugar de seguir el modelo desarrollado por Manuela Carmena, el de pasar la gestión a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y recibir pingües beneficios, el área de Movilidad prefirió entregar esta posibilidad de hacer caja a empresas privadas. De momento ya ha adjudicado los aparcamientos de Cortes o Santo Domingo y prepara actuaciones similares en Velázquez o Santa Ana.

Hay dos casos especialmente llamativos en toda esta operación bajo el subsuelo. El primero tiene que ver con el parking de la plaza del Carmen, donde el Ayuntamiento permitió que un hotel de lujo cercano redactara el proyecto de remodelación, asegurándose una conexión subterránea directa, llevando lo más lejos posible de su fachada la entrada al aparcamiento y, por el camino, talando decenas de árboles de gran porte.

El segundo caso es el de la plaza de la Luna, donde una concesión de la época franquista sigue gestionando su aparcamiento subterráneo. La rentabilidad para la empresa privada es enorme: paga al mes al Ayuntamiento la cantidad de 383 euros por 10.000 metros cuadrados de oficinas y locales junto a la plaza de Callao, en el corazón de la capital. Pese a ello, el delegado Borja Carabante decidió prorrogar un año más el contrato.

Por último, el consistorio está llevando a cabo una actuación muy discutida en estacionamientos municipales que no son rentables: la EMT alquila sus plazas a precios por debajo de mercado a empresas que gestionan flotas de Uber, para que los utilicen como almacén de sus vehículos y punto de entrega para sus conductores. Ha sucedido, por ejemplo, en San Epifanio (Arganzuela).

Recalificaciones a El Corte Inglés y a empresarios venezolanos

A las cesiones durante décadas a empresas privadas se unen en esta legislatura las recalificaciones millonarias en el Plan General de Ordenación Urbana, llevadas a cabo por el área de Desarrollo Urbano. La última en ser aprobada fue la del Hipercor de Méndez Álvaro, que podrá ser derribado para construir en su lugar dos enormes torres de oficinas.

Este centro comercial tenía que ser derribado por El Corte Inglés, debido a una sentencia judicial. Pero hacerlo será muy rentable, gracias a la operación del gobierno de Almeida: con el cambio en el PGOU, producido hace unas semanas, los terrenos se han revalorizado 29 millones de euros.

La segunda recalificación más polémica es la del centro comercial de la Ermita del Santo, propiedad de capital venezolano, que quiere cambiar su calificación del suelo, de deportivo a residencial. Con esta modificación en el PGOU se quintuplicaría el valor de los terrenos. Pero aquí han pinchado en hueso con los vecinos de la zona, que se oponen con fuerza al “pelotazo” porque incluye varias torres de apartamentos que cambiarán el perfil del barrio y lo saturarán de más habitantes sin que por ello lleguen más dotaciones. La operación, si finalmente se lleva a cabo en la siguiente legislatura, está abocada a acabar en los tribunales.

Polideportivos municipales privados durante décadas

Otro de los grandes negocios del capital privado a costa de lo público en la ciudad está teniendo lugar en los polideportivos municipales. El área de Obras detuvo la construcción de uno proyectado en Cuatro Caminos nada más llegar al poder, para poder adjudicarlo a una empresa privada, que lo explotará durante los próximos 24 años. El parón provocará un retraso de cinco años en la llegada de la dotación, pero para el consistorio era más importante afianzar el modelo de concesión de obra a que este servicio llegara pronto a los vecinos de la zona.

El citado modelo se ha replicado en otros lugares de la ciudad y las cifras que se manejan son enormes en más de una decena de proyectos. Solo en los tres polideportivos que se pretende privatizar en distritos del sur se moverán 292 millones de euros en facturación.

El afán privatizador municipal influye en los deportes que se pueden practicar en estas nuevas instalaciones: todas están pensadas sin pabellones para deportes de equipo, que son menos rentables para las compañías del sector, que reclaman salas de musculación y para actividades dirigidas, como en los gimnasios privados.

Esto último ha provocado que el consistorio haya cambiado algunos proyectos cuya construcción se encontró en marcha Almeida. Ha pasado en Chamberí, donde su concejal de distrito ha enfadado a las familias y clubes de la zona al convertir su pista de baloncesto en una gran sala de máquinas deportivas, anulando los deportes colectivos. También hubo una chapuza constructiva en La Cebada, donde no se podrá jugar al fútbol por no contar con la altura reglamentaria.

74 parcelas municipales puestas a la venta para pisos y chalets

Dentro de las políticas de venta de lo público del Ayuntamiento, el área de Desarrollo Urbano puso en marcha en 2021 la enajenación de decenas de parcelas municipales para construir viviendas. Primero lo hizo con 17 terrenos para la construcción de vivienda libre en régimen de cooperativa, después con otras 10 parcelas sin restricciones y acabó con otros 38 suelos municipales puestos a la venta para levantar chalets. En total el área preveía recaudar hasta 67 millones de euros con la venta de los terrenos municipales.

El último de estos procesos tuvo lugar hace un año y puso a disposición del capital privado otras nueve parcelas propiedad del Ayuntamiento, esta vez destinadas a suelo industrial y terciario, por 29 millones de euros. La última se la adjudicó la empresa Ahorramás.

Otras privatizaciones menores, pero simbólicas

Las privatizaciones no salen gratis al ciudadano, y a la larga encarecen el coste de muchos servicios públicos. Un ejemplo muy pequeño pero tremendamente paradigmático es el del autobús que recorre las luces de Navidad de Madrid. Pasó de costar 2 euros con Carmena, cuando la EMT se encargaba del servicio, a 7 euros con Almeida, que privatizó el servicio a la empresa Alsa.

Además de las privatizaciones de plazas por décadas, existen otras con plazos más cortos. En Plaza de España van a tener un feriódromo montado más de la mitad de los días del año hasta 2025 (como mínimo), después de que la Junta de Moncloa decidiera convertir el lugar en un recinto ferial durante todo el año y alquilarlo a empresas para ferias por Navidad, verano, el Día de la Hispanidad o al Año Nuevo Chino. Los vecinos protestaron y el Ayuntamiento ha acabado echando el freno a las ferias previstas para esta primavera. Habrá que ver qué pasa después de las elecciones. Y quién es la persona que tiene que tomar esta decisión −y otras− en Cibeles.