En noviembre de 2019 los habitantes del edificio municipal del número 32 de la calle Luna, el conocido como palacio de la Infanta Carlota, recibieron una orden de desalojo inmediato por parte del Ayuntamiento de Madrid. Diez días les dieron entonces para abandonar un edificio en el que viven en situación irregular desde hace años alrededor de 300 personas. Aquella notificación, que argumentaba razones de seguridad para ser ejecutada con urgencia, fue recurrida administrativamente y quedó sin efecto.
Casi un año después, las autoridades han procedido a notificar una nueva orden de desalojo contra los habitantes de Luna 32, basada esta vez en protección del patrimonio municipal. La nueva fecha tope que tienen ahora estas personas para abandonar el edificio es el 24 de noviembre.
“De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de junio, vengo en apercibir de lanzamiento a los ocupantes del inmueble sito en la Calle Luna nº 32, fijando como fecha de lanzamiento el próximo día 24 de noviembre de 2020 a las 9:30 horas”, reza en el comunicado que se les ha hecho llegar a los vecinos de la resolución firmada el 21 de septiembre por el Director General de Gestión Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Jesús Ignacio Pascual Martín.
Para la asociación vecinal ACIBU y para la plataforma ciudadana SOS Malasaña, que reclaman al ayuntamiento que ofrezca una solución habitacional a los habitantes de Luna 32 antes de desahuciarlos y que están asesorando a estas familias, la nueva notificación presentada por el Consistorio no tendría validez porque “no se pueden desalojar domicilios particulares sin una orden judicial”. Su portavoz, Jordi Gordon, asegura que el Gobierno local trata ahora de recuperar el edificio por un procedimiento que sólo podría ser válido para inmuebles municipales no habitados. “Es un procedimiento claramente ilegal”.
También denuncia Gordon que no es de recibo pretender desalojar a estas personas en plena pandemia y que desde servicios sociales no se les están ofreciendo alternativas por escrito y con garantías y que las verbales que están sobre la mesa en el mejor de los casos no pasan de realojar a algunas de estas familias en viviendas y habitaciones compartidas por períodos muy cortos de tiempo de entre uno y tres meses.
En cualquier caso, las nuevas notificaciones de desalojo van a ser recurridas. El tema también se abordará en el pleno de la Junta Municipal de Centro que se celebra esta semana donde, entre otras cosas, el Grupo Municipal Socialista instará a “suspender cualquier desahucio administrativo sobre el bien inmueble situado en la calle Luna 32 hasta como mínimo, el 31 de enero de 2021, tal y como establece el Real Decreto-Ley 11/2020”.