“Los Juegos Olímpicos generarán empleo”. Esta frase, usada como mantra por los defensores de la candidatura olímpica, ha sido repetida hasta la saciedad en los últimos días para intentar aplacar la cada vez más creciente oposición interna a la organización de las Olimpiadas en Madrid. Y es cierta: sería difícil que un evento en el que se gastan 4.100 millones de dinero público no generara ni un solo empleo. Ahora bien, la pregunta es: ¿se van a crear puestos de trabajo en sectores productivos o desaparecerán después de los Juegos?
Una ciudad endeudada hasta las cejas no puede permitirse un gasto de este tipo. Decimos que no puede porque es verdad: tenemos 6.667 millones de deuda, la mayoría heredada del soterramiento de la M-30. Lo que se ha traducido en un aumento de los impuestos (IBI, tasa de basuras), un mayor precio de los servicios públicos (escuelas municipales, acceso a instalaciones deportivas) y un recorte en estos mismos servicios (todos conocemos el visible aumento de la suciedad en Malasaña durante los últimos meses, por ejemplo). La segunda pregunta que se nos plantea aquí es: ¿de dónde se recortará para añadir un gasto de 4.100 millones de euros a una ciudad que ya debe 6.667 millones?
Llegados a este punto y dando por buenos los 4.100 millones de gasto de presupuesto (que en todas las citas olímpicas precedentes se ha disparado hasta el doble o el triple de lo anunciado) nos viene otra duda a la cabeza relacionada con el gasto de esta ingente cantidad de dinero público. En un país en el que es habitual el pago de comisiones por parte de constructores a los mandatarios públicos para conseguir contratos y en el que altísimos políticos de diferentes signos ideológicos han estado cobrando dinero negro durante años, asalta el temor de que esta valiosa inversión acabe en manos de unos pocos y los ciudadanos acabemos pagando con nuestros impuestos asociados a los Juegos enriquecimientos personales. Ha sucedido antes y no hay ninguna herramienta que nos ayude a pensar que no sucederá ahora. La tercera pregunta es: ¿cómo se controlará el gasto presupuestario de los Juegos Olímpicos para que no se vuelvan a entregar sobres negros?
Pero vayamos a lo cercano, lo local. Nos dicen que este evento beneficiará a toda la ciudad, y es obvio que durante al menos dos semanas cientos de miles de turistas ocuparán las calles de Madrid atraídos por las Olimpiadas. Pero, más allá, nos resulta difícil ver en qué medida puede beneficiar a Malasaña la celebración olímpica. Ni siquiera en el aspecto deportivo -el que más debiera ayudar, si atendemos a la esencia del evento-. Si nos fijamos en las cifras, veremos que el deporte es una actividad proscrita en el distrito Centro, que cuenta con escasos lugares para practicarlo, y el único que existe sin pasar por taquilla se reduce a una triste pista de fútbol sala en las traseras del Conde Duque. Por lo que surge la cuarta pregunta: ¿Servirán los JJ. OO. para fomentar realmente el deporte en nuestro entorno?
Las cuestiones anteriores resumen de forma sucintísima el reto al que se enfrenta esta ciudad y las consecuencias que tiene para Madrid embarcarse en un sueño olímpico que puede convertirse en pesadilla a medida que se vayan aprobando más y más recortes públicos para conseguir abonar la factura del COI (porque habrá que pagarla, que nadie se lleve a engaños). Aquí es cuando surge la última y definitiva pregunta, que debe hacerse cada madrileño hoy, en las horas previas a la elección de la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos de 2020: ¿Queremos celebrar los JJ. OO. o tener mejores servicios públicos?
No hay que engañarse. Hay que elegir entre esas dos opciones. Porque Madrid no puede conjugar ambas. Así de cruda es nuestra situación. Aunque los que aún nos gobiernan no lo tengan tan claro. O tal vez sí.