“Ahora mismo es más factible negociar los límites de los pisos turísticos con Airbnb que con la Comunidad de Madrid”. Estas palabras las pronunciaba hace unos días el concejal de Centro, Jorge García Castaño, durante unas jornadas sobre los peligros de la turistificación organizadas por Podemos. Y parece que ese será el camino a seguir, porque el Ayuntamiento de la capital ya prepara una batería de medidas para mediar en el descontrol actual de vivienda turística.
“Nos parece interesante plantear una tasa turística solo para la vivienda turística, no para el hotel, que ya paga impuestos y tasas, ya cumple con sus obligaciones. Pero la vivienda turística no paga impuestos”, ha adelantado el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, a El Confidencial. El concejal de Ahora Madrid explica que este gravamen servirá para que “parte del beneficio del arrendador revierta en el municipio”.
Además y ante la inacción de la Comunidad de Madrid, que ha optado por negar el problema, el Ayuntamiento prepara otras dos medidas para intentar frenar los efectos de la conversión de miles de viviendas residenciales (se habla de más de 20.000) en pisos turísticos. Calvo apuesta por negociar con Airbnb y plataformas similares un número máximo de días que se puede alquilar una vivienda con este fin: “Defines 60 días, 120 días, lo que sea, y con la operadora pactas que cuando una vivienda o habitación supera esos días al año, sale de la web, de manera que se retira de la oferta hasta el año siguiente”, explica el delegado. Ciudades como Amsterdam ya limitan este número de días, tras acordarlo con las operadoras.
La tercera propuesta del Ayuntamiento de Madrid es la de garantizar que el que alquila en Airbnb sea el propietario de la vivienda y no una empresa. En los últimos tiempos han proliferado estas últimas, que son las que copan actualmente el mercado de la vivienda de uso turístico en el centro de Madrid, con compañías que alquilan decenas de pisos y que usan esta vía para evadir impuestos, indica Calvo en el artículo. Este sería el caso de las compañías que gestionan edificios como el de Minas 5 y Pozas 16, que operan sin licencia.
Mientras la prensa generalista -que obvió el tema durante meses- se empieza a llenar con reportajes sobre edificios tomados por los turistas y empieza a hablar de “pesadilla”, el Consistorio aprobó el pasado mes una instrucción para impedir la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos. Una medida que obligó a retratarse a todos los grupos políticos, con PSOE y Ahora Madrid, de momento, más sensibles a las demandas vecinales.
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