Los inquilinos de Madera 24 lo tienen claro: no van a ceder. El Ayuntamiento quiere venderlos junto con el edificio al mejor postor, pero han decidido plantar cara y pelear por su derecho a quedarse en su barrio: de momento, han constituido la asociación Yo no me voy y estudian cómo plantear una querella contra los responsables municipales.
Madera 24, al igual que otros cuatro edificios del distrito Centro, fueron puestos a la venta hace unas semanas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Todos albergan en régimen de alquiler a personas -muchas de ellas mayores- que llegaron allí hace años en peligro de exclusión social. Ahora, la EMV intenta trasladarlos para obtener un buen precio por el inmueble para sanear las maltrechas cuentas municipales.
“Llegaron cartas amenazantes, llamadas para exigir que nos fuéramos”, nos explica Salva, portavoz de la nueva asociación. Avisaban de que los inquilinos tendrían que entregar las llaves al finalizar sus contratos (de dos años de duración, autorrenovables). “Los esfuerzos de la EMV se centraban en personas solas y mayores, más fáciles de intimidar”, incida. Les llegaron a ofrecer otros pisos en San Chinarro.
Pero los vecinos tienen claro que, legalmente, no tienen por qué irse: aseguran que el real decreto 100/1986 les ampara. Y parece que tienen razón, puesto que el texto legal reza que sus contratos “se prorrogarán por períodos bianuales sucesivos, en el caso de que los arrendatarios continúen reuniendo el requisito exigido de que sus ingresos anuales sean inferiores a 2,5 veces el salario mínimo”. Incluso ya se han producido sentencias a favor de inquilinos en otros casos.
Ante tal perspectiva legal, que obligaría a adquirir las viviendas con inquilinos casi vitalicios, el único comprador que de momento se ha hecho público, la inmobiliaria Renta Corporación, se echó para atrás. Iba a pagar nada menos que 21 millones de euros. Aunque eso no significa que el equipo de Ana Botella esté pensando en detener la venta de las casas.
Querella criminal contra la EMV
Ante esta perspectiva, los vecinos, unidos, estudian ya presentar una querella criminal contra todos los miembros de la EMV que han intervenido en el proceso del que califican ya de “mobbing inmobiliario”, por sus amenazas y por “habernos dado las Navidades a más de uno”, explica Salva. “No se han preocupado en disimular lo más mínimo de intentar eliminar a los bichos de los edificios, como nos llaman en el argot inmobiliario”, se queja.
No obstante, los últimos movimientos municipales dan un atisbo de esperanza a los vecinos: en el último pleno de distrito, celebrado la pasada semana, el nuevo concejal presidente, Pedro Corral, se comprometió a intentar mediar ante Ana Botella para frenar la venta: “He obrado por iniciativa propia. Es mi responsabilidad”, decía luego en su perfil de Twitter.
Aunque la mejor noticia llegó en el último pleno municipal, cuando la alcaldesa comunicó que ha pedido a la delegada de Urbanismo, Paz González, que “proceda a ofrecer esas viviendas a sus actuales inquilinos para que las ocupen en propiedad”, una de las principales reivindicaciones de la asociación.
Sin embargo, a falta de más respuestas, los vecinos siguen adelante con el trabajo de hacer visible ante todo Madrid su problema, una estrategia que consideran será la que finalmente frente la operación. Por lo pronto, la nueva asociación ya tiene hasta página de Facebook. Y no se cansan tampoco de pedir el cese del director de la EMV, Fermín Oslé, por su nefasta gestión en este caso.