La no obra de Almeida que acumula contratos sospechosos al entorno del PP

En marzo de 2019, el entonces candidato José Luis Martínez-Almeida organizó junto a Ayuso y varios alcaldes del PP un acto para presentar el proyecto estrella de su programa electoral: soterrar la A-5. El ahora alcalde prometió que, de llegar a Cibeles, retiraría los semáforos colocados por Carmena e iniciaría obras para enterrar la autovía de Extremadura y construir encima un gran parque lineal. Los trabajos iban a empezar, según sus cálculos, en el “último trimestre de 2020”.

“Es un proyecto emblemático que beneficiará a 120.000 conductores que vienen cada día a trabajar, a consumir, a hacer compras o a visitarnos”, apuntaba entonces para defender su idea, a la vez que dibujaba un panorama idílico para los vecinos de Latina, que iban a abrir sus ventanas y contemplar “una gran zona verde de más de 80.000 metros cuadrados para tener la calidad de vida que merecen y revalorizar esta zona”.

Cuatro años después de aquellas palabras, los coches continúan circulando por la A-5 a escasos metros de las casas de los vecinos, a mayor velocidad que entonces porque los semáforos sí que fueron retirados. Las obras siguen siendo una promesa -esta vez para la siguiente legislatura- y el proyecto para construir la infraestructura está ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles tratos de favor en la adjudicación, después de dos denuncias de la oposición.

La estrategia de prometer el soterramiento le funcionó electoralmente a Almeida en los anteriores comicios: la derecha sacó 1.159 votos más en Latina en 2019 que en el año 2015. Para Más Madrid la solución de los semáforos resultó un fracaso en uno de los distritos donde más apoyos cosechaba: 4.065 vecinos dejaron de votar por Carmena en 2019 respecto a los que le habían dado su apoyo cuatro años antes, la segunda mayor caída en toda la ciudad.

Una vez que Almeida consiguió el bastón de mando en el Ayuntamiento, el Paseo Verde del Suroeste -como denomina el PP al soterramiento- empezó a acumular retrasos. La licitación para redactar el proyecto no se adjudicó hasta el verano de 2020, lo que alargaba los trámites y hacía imposible comenzar las obras a finales de ese mismo año. El trabajo, además, se extendió varias veces y se acabó entregando en noviembre de 2022. Desde entonces permanece en el Ayuntamiento, sin que el equipo de Almeida lo haya querido hacer público.

El secretismo que se guarda sobre el proyecto es enorme. Fuera del entorno municipal, solo lo han visto oficialmente dos vecinos, que la pasada semana consiguieron que se lo enseñaran gracias a una petición de Transparencia, informaba esta semana la cuenta de Twitter @soterramientoA5. Pero no pudieron hacer fotos de la enorme documentación (diez cajas) ni extraer copias digitales. Mientras, los residentes de Latina han exigido en las calles “solución ya” para su problema de tráfico. Incluso llegaron a caminar por la autovía en una protesta multitudinaria.

El consistorio no ha explicado por qué mantiene en secreto el proyecto y achaca los retrasos en su ejecución a la Operación Campamento, relanzada el pasado verano y que podría acabar alargando el soterramiento hasta más allá de la avenida de los Poblados. Sobre esta operación se ciernen varias sospechas y, desde finales de febrero, las pesquisas de la Fiscalía. Todo por una adjudicación con muchas dudas, sobre la que este periódico lleva un mes y medio informando con detalle.

Dos contratos a la empresa en la que trabaja el hermano de Borja Carabante

La primera información relevante llegó el 29 de enero. Ese día Somos Madrid revelaba que el contrato para el proyecto, valorado en tres millones de euros, había sido entregado a una empresa (Subterra) en la que trabaja el hermano de Borja Carabante, delegado de Movilidad. El concejal firmó en agosto de ese mismo año la aceptación que adjudicaba la obra a Esteyco-Subterra, aunque luego anuló su decisión y pidió abstenerse en el proceso. Ninguno de estos datos figuraban en el Portal de Contratación y el Ayuntamiento prefirió no publicarlos tampoco en su boletín oficial, alegando que no estaba obligado.

El área dirigida por Carabante concedió unos meses después un segundo contrato a la misma empresa, en la que su hermano Rafael Carabante ostenta el cargo de director de departamento. El modus operandi fue el mismo y el cometido esta vez era el de supervisar proyectos en Calle 30. Mientras, la redacción del soterramiento de la A-5 avanzaba con dificultades y el Ayuntamiento de Madrid daba cinco meses más de plazo y otros 460.000 euros a Subterra para corregir defectos de los que ya había avisado Metro antes de que empezaran los trabajos.

Esa misma semana Marta Higueras (Grupo Mixto) y Roberto Sotomayor (Podemos Madrid) denunciaban los hechos en la Fiscalía Anticorrupción, acusando a Almeida y Carabante de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Varias semanas más tarde, la oficina abría pesquisas, aunque sin acusar a ninguna persona inicialmente y sin imputar ningún hecho delictivo. En principio tiene hasta el mes de agosto para averiguar si se pudo cometer algún delito o desestimar el caso, por lo que probablemente Almeida acuda a la reelección con esta investigación encima de la mesa.

Con esta investigación abierta, Somos Madrid revelaba hace unos días otra adjudicación llamativa, relacionada con el proyecto de la A-5. Se trata de la que sirvió para preparar los pliegos que regirían el contrato de más de tres millones que se acabó entregando a Subterra. Lo consiguió Teach and Consult 4, empresa del vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos cuando era decana Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras y la persona que firmó la adjudicación.

La fecha de esta firma, el 13 de abril de 2020, coincidió con la publicación del resultado del trabajo de Teach and Consult, un pliego de 58 páginas con todas las cláusulas administrativas para licitar el proyecto de soterramiento. ¿Cómo consiguió desarrollar este trabajo en solo un día? El Ayuntamiento asegura que la contratación se había propuesto el 27 de febrero, pero sin mostrar ninguna prueba que lo acredite.

El mismo contrato de Teach and Consult 4 sirvió además para preparar los pliegos de otras dos adjudicaciones: una que acabó también en las manos de Subterra (la citada de la supervisión de proyectos en Calle 30) y otra relacionada con el Nudo Norte que fue a parar a la empresa de un vocal de la Junta de Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos en los tiempos de Ortiz como decana.

Los partidos de la oposición siguen pidiendo explicaciones a Almeida sobre los contratos que rodean el soterramiento de la A-5. Más Madrid reclamó respuestas del alcalde sobre las últimas revelaciones publicadas por este periódico: “Si eres familiar o amigo de Almeida o de alguno de sus concejales, tienes más probabilidades de contratar con el Ayuntamiento de Madrid que otra empresa”, denunció su portavoz de campaña, Eduardo Rubiño. Por su parte, el PSOE pedirá la comparecencia de Borja Carabante en la próxima Comisión de Vigilancia a la Contratación. A la anterior también estaba convocado el delegado de Movilidad para explicar las adjudicaciones a Subterra, pero prefirió ausentarse y enviar en su lugar a uno de sus cargos intermedios. Tanto los socialistas como los de Rita Maestre se acabaron marchando ante el desplante.