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El Ayuntamiento de Madrid reparte entre cinco grandes empresas sus contratos de limpieza por 1.636 millones hasta 2027

Un trabajador limpia las calles de la capital.

Diego Casado

12 de agosto de 2021 22:01 h

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El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ya qué empresas gestionarán durante los próximos seis años su servicio de limpieza, el contrato más cuantioso de los que adjudica la corporación de la capital. Será a cambio de 1.636.419.788,82 euros (impuestos incluidos), según consta en la propuesta de adjudicación del consistorio a la que ha tenido acceso este periódico y que se divide en seis lotes. El importe total es ligeramente inferior al precio inicial calculado por el área de Medio Ambiente al sacar la licitación, que cifró en 1.692,39 millones.

La compañía Urbaser, que antiguamente pertenecía a ACS y actualmente está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se ha hecho con dos de los contratos, el del lote 3 (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros, y el del lote 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones. Ambos ya han sido adjudicados, como también el del lote 1, el más cuantioso de todos y que da servicio a los distritos de Centro, Chamberí y Tetuán. Se lo ha llevado por 306 millones la empresa Cespa, filial de Ferrovial, la constructora que hasta ahora ostentaba el contrato sobre la misma zona.

Quedan por adjudicar formalmente los lotes 2, 4 y 6, aunque el Ayuntamiento de Madrid ya ha propuesto otorgárselos a otros tres grupos empresariales: la unión de Valoriza (de la constructora Sacyr) y OHL se hará previsiblemente con la limpieza de Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín por 274 millones; Acciona y Alfonso Benítez SA se encargarán de las zonas de Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas por 300,1 millones y FCC se hará cargo de los distritos de Usera, Villaverde y Carabanchel por 252,8 millones.

Hace unas semanas, el área de Medio Ambiente alargó durante mes y medio los contratos que aprobó Ana Botella en 2013 y que continuarán vigentes hasta la firma de las nuevas adjudicaciones. Los trabajadores del servicio estaban pendientes de que no se extendiera mucho más porque la entrada en vigor de las licitaciones incluye importantes mejoras ligadas al nuevo convenio colectivo, entre ellas una subida del 2,17% salarial y la contratación de unos 2.000 operarios más, según anunció el Ayuntamiento en la presentación del concurso.

El consistorio aseguró en su momento que estos nuevos lotes “blindan la limpieza de la ciudad” al establecer el Ayuntamiento las características de las prestaciones, en lugar de ser la concesionaria la que determinaba los medios para el servicio. “Los propios ciudadanos serán auditores a través de un canal de atención las 24 horas para comunicar incidencias”, añadió también. Los nuevos contratos se extenderán durante tres legislaturas: la actual, la que salga de las elecciones de 2023 y la de los comicios de 2027, cuya alcaldía será la encargada de convocar un nuevo concurso.

Quejas por el servicio del anterior contrato

La adjudicación llega tras años de polémicas y en medio de las críticas de vecinos y partidos de la oposición por la escasa limpieza en los distritos del sur de Madrid. “Los barrios del sur estamos viviendo este verano una situación terrible”, se quejaba este jueves desde Usera el concejal de Más Madrid Félix Rey. “No sabemos si usted tiene algún control sobre las empresas de la limpieza o más bien son las empresas de la limpieza las que tienen un control sobre usted, pero no nos puede tener diez días sin que un barrio se limpie”, ironizaba. La compañía que se encargará del nuevo contrato en los distritos del sur será la misma que lo ejecutaba en el anterior: Fomento de Construcciones y Contratas.

Desde el Ayuntamiento rechazan las acusaciones de que se esté limpiando menos en los distritos del sur en las últimas semanas: “No se han detectado anomalías significativas en ningún distrito, incluido el de Usera, si bien siempre pueden producirse incidencias puntuales, de carácter leve, en cualquier zona de la ciudad”, explican fuentes del área de Medio Ambiente. “Es inviable la permanencia de residuos sin recoger en la vía pública”, añaden antes de señalar que la recogida de residuos se ha incrementado recientemente y que las encuestas de satisfacción están mejorando cada año.

Un servicio blindado desde hacía ocho años

Los contratos de limpieza vigentes en Madrid datan del año 2013, cuando Ana Botella adjudicó seis concesiones durante ocho años a cuatro de las empresas que ahora también repetirán a través de diferentes fórmulas: la citada FCC se ha encargado hasta ahora de Moratalaz, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Usera; Sacyr ha limpiado los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Fuecarral-ElPardo y Moncloa-Aravaca; Ferrovial se adjudicó entonces Tetuán, Centro, Chamberí y Barrio del Pilar y OHL estuvo al cargo de la limpieza de Barajas, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Ciudad Lineal.

Las condiciones de limpieza que establecían los contratos de Botella eran tan deficitarias que Manuela Carmena se planteó anular los acuerdos a su llegada a la alcaldía, a la vista de una legislatura lastrada por la suciedad en las calles. Sin embargo, el alto coste en indemnizaciones le hizo cambiar de idea y en lugar de cancelarlos, planteó multas en forma de descuentos sobre la concesión a las empresas cuando detectaba incumplimientos.

Después de su elección, José Luis Martínez Almeida admitió que el servicio de limpieza heredado de su compañera de partido no era el más adecuado para mantener la ciudad en condiciones: “Queremos recuperar el orgullo que teníamos los madrileños de tener una ciudad limpia. En estos momentos no podemos decir que está lo limpia que queríamos que estuviera”, afirmó hace casi un año. Después anunció, ante las presiones de la oposición y de los vecinos, que incrementaría el presupuesto un 45% más (de 282 millones anuales frente a los 194 anteriores) y que exigiría un mínimo de personal para evitar los despidos que acometieron las adjudicatarias en el año 2013, al poco de obtener los contratos.

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