Hace seis años, la Plaza de España era muy diferente a la que hoy conocemos, un espacio incómodo en pleno centro de Madrid: sus pasadizos peatonales de la parte sur eran inseguros y hostiles desde hacía tiempo y cuando anochecía pocos madrileños se aventuraban a pasar por las zonas con mayor vegetación. El tráfico la rodeaba como si fuera una rotonda cuadrada, con especial intensidad en la autovía urbana que canalizaba el paso de coches desde Ferraz hasta Bailén. Y, periódicamente, las ferias y mercadillos impedían su uso e incluso bloqueaban los caminos que la atravesaban.
Los políticos y urbanistas de la ciudad alimentaban desde hacía tiempo el runrún de que había que intervenir el lugar de alguna forma, pero el alto coste de la inversión y los coletazos de la crisis económica habían frenado cualquier idea. Hasta que Wanda compró el Edificio España en 2014. El grupo inversor chino quería revitalizar la zona levantando un nuevo inmueble desde cero, echando abajo el construido en los años cincuenta y transformando el entorno urbano que lo rodeaba. El Santander –anterior propietario– había conseguido antes que la exalcaldesa Ana Botella rebajara su grado de protección para poder hacerlo y el consistorio se preparaba para autorizar su demolición. Entonces llegaron las elecciones y Manuela Carmena se convirtió en la nueva alcaldesa de Madrid.
Tres meses después, el 8 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Madrid se plantó ante Wanda: el área de Desarrollo Urbano Sostenible prohibió al grupo chino derribar el edificio, a la vez que presentaba dos informes en los que se daban alternativas para la reforma sin echar abajo esta construcción histórica, uno de los primeros rascacielos europeos. Esa misma semana, el Gobierno de Manuela Carmena sorprendía a los madrileños anunciando su intención de acometer una reforma integral de la Plaza de España. ¿Por qué se tomó esta decisión?
“El debate con Wanda sobre derribar el edificio nos tenía completamente acorralados, nos acusaban de espantar a los inversores, con Begoña Villacís y Esperanza Aguirre protestando a sus puertas”, recuerda José Manuel Calvo, exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible y actor fundamental en todo el proceso que derivará en la inauguración de Plaza España este lunes. “Le propuse a Manuela Carmena salir del debate del edificio e irnos al debate de la plaza, que estaba totalmente degradada”, añade. Entonces le planteó lanzar un concurso de ideas internacional para mejorar este espacio, añadiendo una capa de participación que mezclara las aportaciones de expertos técnicos con la opinión ciudadana. La alcaldesa estuvo de acuerdo y el 11 de septiembre de 2015 el propio Calvo anunciaba el concurso de ideas, que después iría concretando.
La apuesta era arriesgada: una encuesta ciudadana decidiría si se tenían que acometer las obras y marcaría –en caso afirmativo– las líneas básicas a los arquitectos. Después estos presentarían sus propuestas, que serían primero seleccionadas por un jurado y luego votadas por los madrileños en diferentes rondas, hasta dar con un ganador. En la primera fase participaron 27.000 ciudadanos, que dieron luz verde a la reforma (63% a favor) y paso a los 70 proyectos arquitectónicos presentados al concurso, que se expusieron con grandes lonas en la propia Plaza España, al aire libre. La votación popular eligió cinco finalistas, entre los que una vez ampliadas sus ideas hasta convertirlos casi en un proyecto básico, el jurado seleccionó a dos. Sus virtudes: plantear una novedosa conexión Este-Oeste, para enlazar el Palacio de Oriente con el Templo de Debod, o dejar los Jardines de Sabatini al mismo nivel, recuerda Calvo. Ambos pasaron a la última fase: un referéndum que elegiría el que finalmente sería construido.
Mientras el proceso avanzaba, llegaban críticas por parte de la oposición y también desde un grupo de arquitectos históricos madrileños, encabezados por Félix Arias o Eduardo Mangada (que luego acabó presentándose al concurso), partidarios de hacer solo pequeñas reformas en el entorno y que presionaron para que el concurso no saliera adelante y boicotearlo, asegura Calvo. Algunas asociaciones vecinales y colectivos sociales también se quejaron de la mecánica. “No estamos ante un proceso verdaderamente participativo”, concluía un informe crítico del Instituto DM, impulsado desde el movimiento municipalista.
Botella y las siete plantas de aparcamiento
Menos participación hubo la anterior vez que se quiso reformar la plaza, con Ana Botella como alcaldesa, en el año 2013. Entonces se convocó una consulta pública en la que expresaron sus alegaciones 70 vecinos. Era parte de un proceso mucho menos ambicioso y que buscaba cubrir las necesidades hoteleras de la zona ampliando el aparcamiento subterráneo para construir hasta siete sótanos, con conexión directa con los tres hoteles. A cambio, los empresarios de la plaza ofrecían pagar la mitad del coste previsto de la obra (39 millones de euros) –la mayoría sufragado por Wanda– y el Ayuntamiento la otra mitad. El resultado iba a ser un arreglo en superficie menor, con alguna peatonalización, más de 400 árboles talados o trasplantados y un nuevo centro comercial. De este proyecto solo llegaron a presentarse las líneas generales, porque el PP perdió la alcaldía y Ahora Madrid lo descartó al llegar a Cibeles.
Volvemos al referéndum definitivo: en febrero de 2017, dos finalistas (Un paseo por la cornisa y Wellcome Mother Nature) competían por los 787.000 € que se adjudicaría el ganador (sumando el premio, la redacción del proyecto básico, el de ejecución y la asistencia a las obras). Para fomentar la participación, el Ayuntamiento de Madrid envió un sobre a cada madrileño con las instrucciones para expresar su opinión, desplegó una gran campaña publicitaria y consiguió que 225.000 personas eligieran el actual diseño de Plaza España, en la mayor votación popular reglada celebrada en la capital hasta la fecha.
Mientras el proyecto de Plaza España avanzaba, el resto de nubarrones negros sobre el entorno se iban aclarando. En marzo de 2017 se presentaba el acuerdo por el que se daba luz verde a la remodelación del Edificio España, conservando toda su estructura y muchos de sus elementos interiores. Era la primera gran victoria del gobierno de Carmena, que había defendido la viabilidad económica del edificio sin ser derribado. El acuerdo, primero con Baraka y Trinitario Casanova –que urdió la operación de compraventa– y con la cadena RIU después, permitió reabrir el inmueble como hotel en verano de 2019, con 585 habitaciones de lujo a los pies de la futura plaza. Hacerlo era viable y posible, si se encontraba a las empresas adecuadas.
Influencia en la votación y obras
Despejado el horizonte del Edificio España y acabada la votación, quedaba construirlo todo. Antes, una dificultad más se cernió sobre el proceso: los arquitectos ganadores, la unión de los estudios Guadiana y Porras La Casta, incumplió uno de los términos del concurso al apoyar un pequeño lobby que intentó influir a diferentes colectivos durante el proceso de votación. Su existencia fue acreditada por Somos Malasaña, pero ninguno de los estudios finalistas quiso denunciar esta práctica, por lo que el concurso quedó cerrado.
“El procedimiento técnico nos llevó muchísimo tiempo, dedicamos casi toda la legislatura para adjudicar la obra”, recuerda José Manuel Calvo al repasar los plazos del concurso de ideas, el proceso participativo, la redacción del proyecto y la licitación. La Comunidad de Madrid tampoco lo puso fácil: “Cada vez que llevábamos el proyecto a su Comisión de Patrimonio, era un suplicio. Su directora, Paloma Sobrini, trabajaba para ponernos palos en las ruedas, nada de lo que llevábamos salía de allí pacíficamente”, recuerda el concejal de Ahora Madrid. El mayor conflicto surgió porque el proyecto final planteaba girar el monumento a Cervantes, poniendo al escritor mirando al Edificio España y recuperar la distancia original entre esta escultura y los bronces de Don Quijote y Sancho Panza, a la altura de los ojos del autor. Pero el Ayuntamiento renunció a ello para conseguir desatascar los permisos y se dejó la estructura tal cual estaba.
En enero de 2019 se adjudicó la construcción –un importante contrato de 62 millones de euros– y en marzo comenzaban las obras ante la mirada de Carmena y del propio Calvo, que fueron multados por la Junta Electoral porque quedaban dos meses para las elecciones. Luego se la retiraron porque no se había convocado ningún acto oficial. Fue la última vez que pudieron acudir a la obra como responsables municipales, porque los comicios de mayo propiciaron el ascenso de una nueva corporación a Cibeles.
Si no llegamos a adjudicar la obra de Plaza España, Almeida lo hubiera parado todo
“Apretamos lo máximo para arrancar cuanto antes, porque si no llegamos a adjudicar la obra, Almeida hubiera parado todo, no tengo ninguna duda”, asegura José Manuel Calvo, a pocos días de que el actual alcalde corte la cinta del fin de los trabajos. “Al encontrársela ya en marcha, era muy difícil parar una obra así, con tanto consenso ciudadano y con una gran constructora con un contrato de este calibre”. Él cree que el PP nunca hubiera planteado una actuación tan ambiciosa, que eliminara tanto tráfico en superficie y que invirtiera en mejoras del espacio público “porque en ese partido entienden de forma equivocada que eso no le da valor, lo que hacen es gastar dinero solo en infraestructuras de transporte”.
El exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible también confiesa que Plaza España fue también una especie de plan B si su grupo no conseguía renovar la alcaldía: “Con las grandes obras que dejamos como esta o la del Nudo Norte, se consumirían durante años muchos recursos económicos y de técnicos municipales para evitar que la nueva corporación hicieran barbaridades urbanísticas de gran calado en esta legislatura”, además de “generar actuaciones en el espacio público que sirven para transformar Madrid”, añade.
Cambios en el proyecto y pegas
Como arquitecto de formación, José Manuel Calvo alaba muchas de las soluciones propuestas en la reforma de Plaza España, desde la desaparición de la mayor parte del tráfico en superficie, los ensanches de aceras, la permeabilidad peatonal, hasta los bancos corridos que llenan todo el espacio en forma triangular y que se extienden por las calles aledañas. Lo detalla mientras habla con este periódico en una cafetería de la plaza de Cristino Martos, a donde también ha llegado la reforma por la que apostó hace seis años con un importante lavado de cara.
Entre los cambios que hizo el área de Obras de Almeida al proyecto, Calvo valora la forma en la que se van a mostrar los hallazgos arqueológicos. Pero critica dos: el del carril bici por acera y el edificio verde del restaurante. En 2020 el departamento que dirige Paloma García Romero decidió eliminar el diseño de sándwich, paralelo al carril bus, y finalmente se ha construido en la zona peatonal: “Es una aberración, obligan al ciclista a ocupar acera pasando incluso por detrás de las paradas del autobús, es lo único que realmente me duele porque será difícil meterlo en calzada en un futuro, aunque no imposible”. También echa de menos el gran paso de cebra en todas direcciones previsto al inicio de Gran Vía, que se descartó.
El otro elemento que distorsiona el conjunto es el edificio que albergará la cafetería-restaurante de la plaza, pintado de verde y que en el futuro será cubierto por plantas. Calvo cree que se trata de una “firma de los arquitectos” añadida después, que desentona al llegar a la plaza. Habrá que ver cómo queda este lunes 22 de noviembre, día en el que está prevista la inauguración de la nueva Plaza de España. A ella acudirá José Manuel Calvo, orgulloso de haber dejado a la ciudad “una obra que va a cambiar completamente el centro de Madrid, igual que cambió el suroeste con Madrid Río”. Y seguro de que, si llegara el momento en el que volviera al equipo de Gobierno en Cibeles, repetiría un proceso similar: “Pero no en el centro, sino en los distritos periféricos de Madrid, como intentamos con las reformas de las 12 plazas que Almeida paró”.