El Ayuntamiento de Madrid deriva hacia asociaciones vecinales a familias necesitadas que no puede atender

Contra el discurso de los responsables políticos de Madrid que minusvalora públicamente el importante papel que las despensas solidarias y las asociaciones vecinales de los distintos barrios están teniendo a la hora de paliar la crisis social provocada por la COVID-19 están los hechos de los trabajadores sociales del mismo Ayuntamiento. Muchos de estos empleados públicos, cuando ven que la administración no es capaz de responder a las demandas de ayuda de personas realmente necesitadas que se les acercan buscando alguna solución, derivan a estos ciudadanos hacia las redes de voluntarios que, de forma ágil y sin demasiada burocracia, llevan más de un año atendiendo situaciones desesperadas.

Habitualmente, de estas derivaciones no queda constancia por escrito. El Ayuntamiento de Madrid sostiene que atiende a todas las personas de la ciudad que necesitan ayuda. Sin embargo, de vez en cuando, algún trabajador social deja huella en documento oficial constatando que eso no es así exactamente.

Este lunes, a través de las redes sociales, la Asociación de Vecinos de Aluche, hacía público el caso de una familia que llamó a su puerta con una carta del Centro de Servicios Sociales Los Yébenes/Latina. En ella, un trabajador social solicita a este colectivo vecinal que, dada su “situación de severa exclusión social”, “valoren positivamente la inclusión de esta unidad familiar en su programa de reparto de alimentación y productos de primera necesidad”.

El de la Asociación de Vecinos de Aluche no es el único documento que prueba esta actuación del Ayuntamiento de Madrid. La Casa Vecinal de Tetuán está situada en el número 6 de la calle de Berruguete, en el barrio del mismo nombre. A este espacio, en el que se organizan actividades culturales y que también lleva a cabo constantes campañas de recogida de ropa y de alimentos para personas necesitadas, llegó a finales de 2020 una familia derivada del Centro de Servicios Sociales María Zayas.

De nuevo, en un documento oficial, dirigido al “Colmado popular - Casa Vecinal de Tetuán”, una trabajadora social hacía constar lo siguiente: “Familia en situación de vulnerabilidad por los escasos ingresos con los que cuenta para cobertura de necesidades”. En el escrito se decía que el Ingreso Mínimo Vital de 400 euros que estaba percibiendo la unidad familiar no le daba ni para el pago del alquiler de su vivienda.

Por las mismas fechas, desde el citado centro de servicios sociales, y papel oficial mediante, también derivaron otro caso similar, el de una familia en situación de ERTE con el siguiente diagnóstico: “Riesgo social por escasez de ingresos” con “dificultades para cubrir las necesidades básicas de los menores”.

Antonio Ortiz, miembro de la Casa Vecinal de Tetuán, indica que a quienes acuden a ellos en busca de ayuda les dirigen a los servicios municipales de la zona, “pues son quienes tienen que atenderlos en última instancia”, pero que, en ocasiones, les llega gente que ya ha pasado por ellos y que, algunos, como en los casos expuestos, tienen incluso un documento oficial de derivación.  

Pese a lo expuesto, lo normal es que de esas derivaciones, que se producen de forma constante, no se deje rastro documental. Consultados al respecto por este periódico, fuentes de servicios sociales del distrito Centro de Madrid indican que, en esos otros casos, técnicamente no se podría hablar de derivaciones de personas necesitadas hacia las redes vecinales de apoyo, sino que algunos trabajadores municipales, “por propia iniciativa”, informan a quienes acuden a ellos de qué colectivo de su zona les podría echar una mano.

Ángela Acosta es una de esas personas derivadas, o informadas, según la versión del Ayuntamiento. Según cuenta a Somos Madrid, fue la asistenta que llevaba su caso en el centro de servicios sociales de la calle Espronceda, en el distrito de Chamberí, la que le puso en contacto en abril de 2020 con la Despensa Solidaria de Chamberí, una de las organizaciones integrantes de la Casa de Cultura del distrito, otro centro vecinal. “Por aquel entonces yo estaba recién operada y era paciente de riesgo en necesidad económica. Antes, Servicios Sociales me había conseguido alguna ayuda a través de la Cruz Roja, pero esa vez hablaron con la Casa de Cultura de Chamberí y ellos me llamaron. Desde entonces no han dejado de ayudarme con alimentos y, a través de mí, han ayudado también a otras muchas personas que yo sabía que estaban necesitadas. Servicios Sociales no me ha vuelto a dar nada. La gente de la Casa de Cultura de Chamberí es mi único apoyo actual”, afirma. Ángela teme que la continuidad de esta despensa solidaria esté en serio peligro al no haber renovado la Junta de Distrito de Chamberí la cesión del local municipal desde donde opera. “Me parece increíble que quieran quitar el espacio donde ellos mismos derivan a personas para que los vecinos las ayuden”.

Los casos de personas a las que los servicios sociales municipales enviaron a la Despensa Solidaria de Chamberí son numerosos y de ellos queda también constancia en los muchos correos electrónicos recibidos con sus datos, a los que ha tenido acceso este periódico.

Por otra parte, el pasado 2 de marzo la asociación Hola Vecinas recibía la llamada telefónica de una técnica del Centro de Servicios Sociales de Puerta de Toledo (distrito Centro) que, en esta ocasión, no buscaba ayuda alimenticia para una usuaria sino ayuda de otro tipo. Lucía López, una de las voluntarias de la citada asociación, situada en el barrio de Lavapiés, cuenta que lo que le solicitaron es que acogiera en su espacio a una niña de origen marroquí, de 8 años, que presentaba un importante retraso académico y que tenía dificultades con el aprendizaje, siendo hija de madre soltera sin posibilidad para ayudarla. Hola Vecinas es una asociación de reciente creación surgida de una despensa de alimentos que nació durante la pandemia. Tras detectar en su entorno un problema de brecha digital, la asociación decidió dar un servicio de acompañamiento a vecinos con dificultades que fuera más allá de la entrega de comida.

De peticiones de ayuda por parte de trabajadores públicos a las redes de barrio que no tienen que ver con temas estrictamente alimenticios sabe también mucho Laura Correa, voluntaria del colectivo Malasaña Acompaña, que actúa en las céntricas zonas de Chueca, Conde Duque y Malasaña. Afirma Correa que, aunque en los últimos tiempos ya no es así, una trabajadora social del centro de salud del área le contactó en distintas ocasiones, a través de correos electrónicos a los que Somos Madrid ha tenido acceso, para que algún voluntario de la red fuera a pinchar heparina a una persona mayor que no podía hacerlo por sí misma. En otra ocasión, se les solicitó acompañamiento para una señora con problemas psicológicos que no quería tomar su medicación. Ambos casos les fueron derivados en junio de 2020.

Anteriormente, recuerda esta voluntaria, les llamaron directamente para pedir que se hicieran cargo de un turista enfermo de Covid que se había quedado atrapado en un hostal de la zona sin dinero para subsistir. Malasaña Acompaña proporcionó alimentos a esta persona y le pagó el billete de vuelta tras una colecta entre simpatizantes. Esta red sigue repartiendo alimentos a familias necesitadas desde el edificio conocido como la Casa del Cura, que, al igual que la Casa de Cultura de Chamberí, se encuentra bajo amenaza de expulsión por parte del Ayuntamiento. El Consistorio está empeñado en recuperar ese espacio municipal pese a que supondría que más de 600 personas dejaran de percibir la ayuda mensual que les proporciona esta despensa.

Ninguna de las asociaciones o colectivos vecinales con los que ha contactado este medio reciben subvención o ayuda alguna por parte de la administración para que se ocupen de estos temas.

Las distintas redes solidarias de Madrid, que llevan más de un año realizando muchas labores asistenciales que corresponden a la administración, vienen reclamando vehementemente a las instituciones que asuman su responsabilidad. En la actualidad estudian emprender acciones conjuntas para denunciar lo que califican como “dejación de funciones por parte de las administraciones ante la persistencia en el tiempo de la carencia de alimentos y otros productos de primera necesidad entre miles de familias en Madrid”.