Segundo revés judicial para Almeida por el caso de la cocina fantasma que durante meses amargó las entradas y salidas al colegio de cientos de alumnos del CEIP Miguel de Unamuno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado sentencia sobre la licencia que concedió a un local situado en el número 8 de la calle Alejandro Ferrant, en el que operaban varias cadenas de comida a domicilio. En su auto confirma la ilegalidad del permiso y que este espacio nunca tuvo que haberse puesto en marcha.
El fallo judicial lo han dado a conocer el AFA del colegio, que judicializó el caso ante el permiso concedido por el Ayuntamiento de Madrid y su negativa a cortar las alas a una actividad que arrojaba humos sobre el patio de alumnos y consideraban peligrosa por el trasiego de repartidores en moto. “A pesar de las quejas, de los avisos sobre lo inadecuado de la ubicación y, sobre todo, de que la licencia no lo permitía, el Ayuntamiento ignoró a las familias y estas tuvieron que acudir a los tribunales”, recuerdan ahora.
La sentencia es la segunda que emite un tribunal contra este espacio, después de la que se conoció en junio de 2022. Entonces, el juez de primera instancia que dictó el auto afirmó que era “indiscutible que se trata de una actividad industrial, situada en una zona residencial, con emisiones de las cocinas y ruido por el aumento de movilidad, que tiene repercusión en el medio ambiente”.
En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid decidió recurrir la sentencia. Entonces estaba en Urbanismo -responsable de las licencias- el exdelegado Mariano Fuentes, de Ciudadanos. Ahora, con Borja Carabante como responsable del área, no llevará más lejos el asunto en los tribunales y desistirá del recurso, lo que automáticamente convertirá en firme la sentencia.
“No hay motivos para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, apuntan fuentes del área a preguntas de Somos Madrid. “A juicio de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, el juez realizó una valoración incorrecta de la prueba presentada por el Consistorio, no siendo éste uno de los motivos previstos en el ordenamiento para la presentación del recurso de casación”, añaden.
También recuerdan desde el Ayuntamiento de Madrid que la sociedad mercantil a quien se concedió la licencia impugnada “no ha comparecido en las actuaciones”. Cerró el negocio hace un año después de que el consistorio dictara orden de paralización de las obras al detectar -gracias a los avisos de las familias- que estaban haciendo unos trabajos interiores no amparados en la licencia.
Las familias piden más regulación para las cocinas fantasma
La sentencia condena al consistorio a pagar las costas del proceso, un esfuerzo económico menor para una entidad como el Ayuntamiento de Madrid, pero que resultó un muro difícil de salvar para el AFA del Miguel de Unamuno, cuando decidió denunciar y después cuando llegó el primer recurso municipal.
Con la segunda sentencia, las familias creen que desde el consistorio tendrían que ser “muy conscientes de que esto no puede suceder otra vez” y se preguntan “¿cuántas de estas licencias habrán colado a la población y por no ser una comunidad tan numerosa como la nuestra no habrán podido meterse en litigios?”, afirma su portavoz, Noelia Cabezas.
“Pedimos que el Ayuntamiento desarrolle una legislación que regule debidamente este tipo de negocios, que recupere las peticiones que distintos vecindarios afectados redactamos y presentamos a través de la FRAVM y las incorpore a la normativa vigente; no nos basta con la actualización unilateral de unas normas urbanísticas insuficientes heredadas del anterior delegado de urbanismo que no son más que parches que no dan una solución real al problema”, añade Julie Delabarre, madre del colegio.