Orden de derribo para otras 20 casas en San Fernando de Henares por el hundimiento de la línea 7B de Metro

La Plataforma de Afectados por la ampliación de la Línea 7B de Metro ha denunciado este martes que la Comunidad de Madrid llevará a cabo nuevos derribos en dos bloques de viviendas en San Fernando de Henares afectadas por las obras y ha convocado una concentración de protesta ante la “política de parches” por parte del Gobierno regional.

En concreto, los derribos se producirán en los próximos meses en las viviendas ubicadas en los portales 3 y 4 del número 7 de la calle Rafael Alberti y en el número 9 de la misma calle y afectarán a una veintena de familias, que actualmente están desalojadas de las casas, según han indicado los afectados después de una reunión con la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras.

En concreto, los técnicos han comunicado a los vecinos que el estado de las viviendas es de ruina urbanística legal. Fuentes de la Consejería que dirige Jorge Rodrigo han indicado a Europa Press que esta decisión se trasladará también al Ayuntamiento, que tiene la competencia “o bien para declarar la ruina urbanística legal, que conlleva la demolición del edificio y el abono de indemnización por parte de la Comunidad, o bien de desestimarla y que el Gobierno regional rehabilite esas casas”.

Según han indicado desde la Asociación de Afectados, en enero se solicitará al Ayuntamiento la declaración de ruina de los portales 3 y 4 del número 7 de la calle Rafael Alberti con la intención de comenzar el derribo en febrero o principios de marzo, unos trabajos que se espera se prolonguen durante un mes o mes y medio. La Orden de Emergencia para la totalidad del edificio de esta calle que termina en marzo de 2024 se ampliará así sin determinar la duración, que en cualquier caso sería no menos de seis meses.

Una vez efectuado el derribo, se volverá a inyectar mortero en la zona para consolidar todo el solar y las calles adyacentes y se ampliará la monitorización del entorno para volver a ver la estabilidad de los portales 1 y 2 de dicha calle. En caso de que todo se desarrolle con normalidad, los vecinos de estos dos últimos portales podrán regresar a sus viviendas. Una vez finalizada la rehabilitación de las viviendas, se entregará un certificado en el que se garantizará su seguridad en ese momento.

Igualmente, se procederá al derribo del edificio que ocupa el número 9 de la calle Rafael Alberti. También se hará un análisis en profundidad del edificio histórico ubicado en el número 5 de Nazario Calonge para ver su viabilidad y si procede su derrumbe.

En declaraciones a Europa Press, Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma, ha explicado que estas demoliciones son “una crónica de muerte anunciada” ante los “parches técnicos” que se están aplicando en el entorno de las obras de la zona más afectada del municipio.

“No solamente no contienen el problema ni lo resuelven, sino que lo aumentan y lo extienden a zonas sanas del municipio, a viviendas que hace un tiempo no tenían ni un solo rasguño y que hoy en día van a ser demolidas”, ha explicado Escribano, quien ha denunciado que “la Comunidad de Madrid ”no está cumpliendo desde hace muchísimos años“.

“Desde que Isabel Díaz Ayuso fue proclamada presidenta de la Comunidad de Madrid, en San Fernando de Henares había unas 60 viviendas afectadas repartidas en unas 13 calles. Actualmente los números son terribles. Hablamos de más de 600 viviendas afectadas en todo el municipio, repartidas en 21 calles, 88 familias desalojadas, 54 viviendas derribadas más las que van a derribar próximamente”, ha explicado el portavoz.

Todo ello, ha recalcado, unido a los comercios y servicios afectados y empobrecidos, la pérdida del transporte público para los vecinos, con la L7 cerrada entre Hospital del Henares y San Fernando, además de las consecuencias en escuelas, teatros y recursos municipales y, lo que es más importante, una “devaluación generalizada de todo el municipio”.

En este contexto, la Plataforma de Afectados ha insistido en la necesidad de poner en marcha una ley autonómica y un plan integral para la recuperación de la zona. “El problema técnico es un problema de difícil solución pero a día de hoy no hay soluciones sociales para las víctimas”, ha indicado el portavoz, que ha citado la necesidad de que “las víctimas que les toque pasar por esta situación puedan tener al menos una cobertura social necesaria” con ayuda psicológica, ayuda a comercios, alternativas habitacionales dignas e indemnizaciones dignas que les permita recuperar lo que se ha perdido.

Ante esta situación, la plataforma de afectados ha convocado una concentración de protesta y apoyo a las familias afectadas este mismo viernes, a partir de las 17 horas, en la Plaza del Trébol de la localidad.

Tras conocerse estos dos nuevos derribos, el Ayuntamiento de San Ferando ha trasladado su “total apoyo y solidaridad” con los vecinos. Además, el alcalde de la localidad, Javier Corpa (PSOE), se reunirá en los próximos días con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para abordar esta situación.

“Seguimos insistiendo en la importancia de poner en marcha un plan integral que ordene todo este caos y en que la Administración competente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tiene que acelerar los plazos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones, así como tomar medidas también en aquellas viviendas en las que por parte del Gobierno regional todavía no se ha actuado y que tienen algún tipo de afección”, ha subrayado.

El Plan Integral, ha explicado, marca una 'hoja de ruta' a seguir, con plazos y partidas económicas para alcanzar soluciones definitivas a esta grave problemática que padece la ciudad desde hace más de 15 años.

En su reunión con el consejero, ha indicado, volverá a reclamar la máxima celeridad en el cobro de indemnizaciones, así como garantizar total protección a los afectados e insistirá en la necesidad de poner en marcha el Plan Integral aprobado en la Asamblea de Madrid. “El municipio de San Fernando de Henares merece soluciones a un problema que ya viene de lejos y un problema que debe solucionar la Administración que lo ha creado, que es el Gobierno regional”, ha zanjado.