Pisos de lujo, puñetazos contra el desalojo y vecinos perplejos por la noticia de una gran okupación en Carabanchel Alto
Lujosos pisos vendidos de forma ilegal por apenas 2.000 o 3.000 euros a familias en un PAU recién construido de La Peseta, en Carabanchel Alto, y un enfrentamiento con la empresa de desokupación cuando trataron de desalojarlas ante la alarma de los vecinos. La noticia de una macrokupación de hasta 28 apartamentos ofrecidos supuestamente a través de mafias por un precio irrisorio –con conserje propio incluido para abrir el acceso a los inquilinos irregulares, según publica el diario El Mundo– ha causado estupor entre los vecinos del barrio.
La Policía Nacional aún investiga los hechos, de los que ha trascendido poca información oficial y que culminaron con una batalla campal en el interior de las instalaciones. Mientras los residentes de este bloque en la en el número 6 de la calle Excelente pagan elevados alquileres que rondan los 1.000 euros mensuales, la llegada durante el puente de la Inmaculada de estas familias en condición desigual ha causado ya más de un quebradero de cabeza.
Tanto es así que recientemente han circulado en redes y medios de comunicación vídeos e imágenes de una aparatosa pelea atribuida a los empleados contratados por la empresa promotora del edificio, Vivenio, contra quienes han sido señalados por usurpar las viviendas a través de una venta ilegal. En las imágenes se aprecia cómo se propinaron golpes y todo tipo de agresiones para evitar un desalojo que, finalmente, no pudo realizarse.
Pelea entre los okupas de Carabanchel y los miembros de una empresa de desokupación.
— Jefe Hispano (@JefeHispano) January 9, 2025
Una mafia vendió ilegalmente estas viviendas, que todavía no estaban habitadas, a familias de origen peruano por unas cantidades entre los 2.000 y los 3.000 euros. pic.twitter.com/Gjq8ueFofh
En declaraciones recientes a Telemadrid, una de las vecinas de este edificio ha asegurado cómo advirtieron durante el puente de diciembre que muchos pisos parecían haber sido alquilados de forma repentina –el bloque aún cuenta con viviendas vacías pendientes de su venta o alquiler– y, poco después, descubrieron el pastel.
Según este mismo testimonio, los residentes se pusieron de inmediato en contacto con Vivenio para hallar una solución, pero solo obtuvieron un descenso de 100 euros en el pago del alquiler y la visita de una empresa de desokupación que concluyó sin éxito. Otras declaraciones conocidas en los últimos días hablan incluso de un conserje aliado con las familias que se encarga de abrir y cerrar las puertas para permitirles el paso, facilitando así su estancia en el edificio.
El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció este miércoles tras estallar la noticia el problema que inquita a los vecinos de la PAU y subrayó la necesidad de modificar la normativa vigente para “echar a los que okupan ilegalmente una vivienda en 24 o 48 horas”. De hecho, de manera irónica, el regidor instaba a visitar el inmueble a “todos aquellos que dicen que en España no hay un problema de okupación” para que lo aprecien con sus propios ojos, en referencia al longevo debate social sobre si este fenómeno ocurre o no a gran escala en el país.
Lo hizo precisamente durante una visita a la céntrica Plaza del Dos de Mayo, donde ese día inauguraban la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia para prevenir incidentes o delitos a plena calle. Todo apunta a que los señalados, en esta ocasión, habrían sido engañados por terceros que, de alguna manera, obtuvieron el acceso a los pisos en disputa y procedieron a venderlos fuera del marco de la ley a familias vulnerables, que se resisten a abandonar el alojamiento que dicen haber pagado y denuncian sentirse estafadas por el clan al que condenan por un supuesto caso de estafa.
Ni siquiera desde la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto conocen al detalle lo ocurrido, pero piden prudencia a la hora de analizar los hechos hasta que se conozcan todos los recovecos. Las conclusiones finales tendrán que esperar hasta que las pesquisas policiales esclarezclan lo ocurrido y se proceda a buscar una solución definitiva. Mientras tanto, la tensión escala en el edificio ante la estupefacción y frustración de los residentes que sí pagaron un alto coste por el arrendamiento, que ahora denuncian broncas y altercados constantes con estas personas.
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