El polideportivo privatizado que rebasa los precios fijados por el Ayuntamiento de Madrid: “Es un servicio más caro y peor”

Luis conoce las diferencias entre ambos modelos de primera mano. Padre separado con dos hijos, el pequeño acude al Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel, en el barrio de La Ventilla (Tetuán). La mayor vive con su madre y va al gimnasio Viding Alcántara, en el distrito de Salamanca. Mientras que el pago de la tarifa permite al primero asistir a cualquier centro municipal, la segunda solo puede utilizar los que pertenezcan a la red de la cadena Viding.

Esto se debe a que el Antonio Díaz Miguel conserva una titularidad y gestión directa municipal. Por contra, el espacio de la calle Alcántara fue edificado en 2014 con una concesión del Ayuntamiento a la empresa Viding Fitness, que disfruta de la explotación de sus 7.700 metros cuadrados durante 40 años a cambio de un canon anual de 25.000 euros. Los pliegos de cláusulas técnicas de la operación, cerrada durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa, especificaban que la compañía adjudicataria debe regir sus cuotas por los precios fijados por el consistorio. Sin embargo, según apostillan desde Viding en conversación con este medio, el pliego de cláusulas administrativas permite subidas anuales regidas por el IPC.

Es este punto lo que ha colmado la paciencia de Luis. El acuerdo del 22 de diciembre de 2010 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios en centros deportivos y casas de baños, fija en 38 euros la cuota del abono mensual total joven (para usuarios de entre 18 y 26 años). Luis detalla que en años anteriores Viding Fitness ya rebasó ligeramente esa cifra, con mensualidades por encima de los 39 euros, pero lo atribuyeron a algún error. “El problema es que en 2023 aumentó a 42,65€ y ahora ha pasado a 44. Esto no es legal”, denuncia. El abono mensual adulto alcanza los 55€ cuando la tarifa que fija el consistorio es de 47,45€.

Respuesta “neoliberal” de la empresa y “ninguna solución” del Ayuntamiento

Así, la hija de Luis afronta un coste mayor mientras prestaciones como el disfrute de otros centros municipales se ven mermadas: “Es un servicio más caro y peor”, concluye su padre en declaraciones a Somos Madrid. “Para completar el desastre, el responsable de Viding Alcántara, cuando se le demandan explicaciones sobre la subida ilegal de precios, ofrece en respuesta charlas de corte neoliberal, impropias de alguien que gestiona un servicio público. ¿Por qué debe el conjunto de ciudadanos sufragar algo que no es estrictamente necesario?, me ha llegado a decir”.

“He comunicado al Ayuntamiento esta situación, pero la Junta de Distrito de Salamanca, después de reconocer de manera continuada que reciben reclamaciones en relación con la gestión de la citada instalación deportiva, no aporta ninguna solución”, denuncia Luis. “Me dicen que han convocado en distintas ocasiones la Comisión de Seguimiento prevista al efecto y que se están planificando las actuaciones necesarias para evitar que este tipo de situaciones se sigan produciendo, sin hacer nada”.

Lo que dice el pliego de cesión: “Tarifas aprobadas por el Ayuntamiento o inferiores”

Desde el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida justifican las subidas por una disposición especial en el pliego que este centro deportivo municipal comparte solo con otros “dos o tres de la ciudad” y les faculta a aumentar los precios según el IPC, según señalan fuentes del área delegada de Deporte.

“El concesionario recibirá de los usuarios las tarifas que se ajustarán a los importes establecidos para los Precios Públicos en el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid o normativa que le sustituya en cada momento”, recoge sin embargo el documento de cláusulas técnicas. La única mención al IPC hace referencia a la explotación de las 375 plazas de aparcamiento incluidas en la concesión: “Los precios de cesión de uso de las plazas evolucionarán disminuyendo linealmente en función de los años transcurridos y revalorizándose anualmente conforme al Índice General de Precios al Consumo (IPC) o índice que le sustituya”.

Desde Viding Alcántara motivan la legalidad de las subidas adjuntando el extracto del pliego en sus cláusulas administrativas, según las cuales “los precios públicos establecidos serán objeto de actuación conforme a la variación interanual del IPC”.

Listas de espera y redes estancas

Luis detalla otras “irregularidades” del centro. Cuenta que su lista de espera para matriculaciones alcanza el año y medio. Cuando su hija por fin tuvo la posibilidad de conseguir una plaza, les trasladó que su intención era obtener el bono de mañanas. Desde Viding le replicaron que estaban agotados y debía sacarse el de jornada completa, más caro. “No tiene ningún sentido que no pueda ir solo por la mañana y sí tener la opción de ir tanto por la mañana como por la tarde. Es una triquiñuela para que toda la gente que se apunte pague lo máximo posible”, opina.

La queja de Luis contrasta con la posición habitual del equipo de Gobierno de Almeida, que ha defendido en repetidas ocasiones que al usuario “le da igual” que el polideportivo municipal esté o no privatizado, ya que el sistema de gestión no debe afectar -en teoría- al servicio que ofrece el consistorio

Hay ayuntamientos que llegan a acuerdos con los municipios limítrofes (en el Gran Bilbao, por ejemplo) a fin de facilitar que los vecinos hagan deporte vivan donde vivan y puedan compartir instalaciones. Aquí, en Madrid, es al contrario

“En otras ciudades, los ayuntamientos llegan a acuerdos con los municipios limítrofes (en el Gran Bilbao, por ejemplo) a fin de facilitar que los vecinos hagan deporte vivan donde vivan y puedan compartir instalaciones. Es lo lógico teniendo en cuenta que los ciudadanos pueden vivir y trabajar en localidades distintas”, defiende Luis. “Aquí, en Madrid, es al contrario y cada vez hay más redes estancas. Nuestros servicios públicos están al servicio de gente que ni cree en ellos ni les da importancia, buscan solo el beneficio económico”, sentencia.