La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acudido este jueves a las oficinas de la Fiscalía de Medio Ambiente para denunciar la construcción del crematorio de la M-40 “por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública con la concesión de esta licencia”. Es lo que ha explicado ante los medios, tras enfatizar su apoyo a las zonas de Usera y Villaverde, las más afectadas.
Este paso supone una nueva ofensiva por parte del PSOE-M, puesto que el alcalde José Luis Martínez-Almeida ya les había tumbado otro recurso presentando con anterioridad, aunque por el mismo motivo. Hicieron lo propio también desde la por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) y en diversas entidades vecinales de los distritos de Usera y Villaverde, también sin éxito.
Según Maroto, su iniciativa para levantar el crematorio atenta directamente contra la Constitución Española. “Creemos que se está incumpliendo el artículo 45, que mandata a los poderes públicos a proteger la salud y el medio ambiente, en este caso de la ciudad de Madrid”, asegura.
En este sentido, la portavoz municipal socialista ha acusado Almeida de “escudarse en funcionarios y en la obligación para el cumplimiento del fallo” de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El PSOE apunta que la resolución del Supremo señala que la estimación del recurso “no puede conducir, sin más, a otorgar la licencia solicitada por la recurrente” y “ordena la retroacción de actuaciones a fin de que el órgano competente de la Administración resuelva motivadamente la solicitud formulada por la entidad recurrente”.
“Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que al Ayuntamiento le mandata a que justifique mejor la decisión sobre la construcción o no del crematorio. En ningún caso ese fallo obliga al Ayuntamiento a hacer el crematorio. Por lo tanto creo que el alcalde tiene que dar explicaciones de una interpretación totalmente errónea de una sentencia”, ha aseverado Maroto.
“Estamos ya un poco cansados del trilerismo del señor Almeida, que cuando tiene un problema siempre busca dónde escudarse, bien sea con los funcionarios, bien sea echar la culpa a otras administraciones. Y creo que la responsabilidad de un alcalde es asumir en primera persona las decisiones que toma porque es una decisión errónea que atenta contra la salud de los madrileños”, ha añadido.
Una vez presentada la denuncia, Reyes Maroto ha indicado a los medios que el Grupo Municipal Socialista espera la admisión por parte de la Fiscalía del Medio Ambiente para dar voz “al rechazo” ciudadano a esta instalación. La formación ya había presentado anteriormente un recurso de reposición contra la concesión de la licencia urbanística a la empresa Parcesa para la instalación del horno crematorio en el tanatorio de la M-40.
Aplicable la ordenanza de 1985
Los socialistas argumentan además que la solicitud de la licencia del crematorio se hace en 2015, por tanto, “no rige la Ordenanza de Calidad del aire y sostenibilidad, sino la normativa anterior, es decir, la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de 1985”.
Esta norma de los 80 del siglo pasado, en su artículo 55.3, estipula que los hornos de incineración de cadáveres “deberán instalarse en las inmediaciones de tanatorios de manera que la distancia entre el foco de emisión y las viviendas no sea inferior a 250 metros”. “Sólo en el caso en el que el proyecto de la incineradora garantizara la inocuidad de la actividad molesta o insalubre podría obviarse el requisito de los 250 metros”, aclaran.
En este caso, “la incineración de cadáveres produce emisiones de monóxido de carbono, partículas sólidas, mercurio, cadmio, plomo, cloruro de hidrógeno y óxido de nitrógeno, sustancias altamente tóxicas para las personas. A pesar de los sistemas de filtrado, la técnica hasta el momento no permite eliminar completamente estas emisiones, es decir, no existe ninguna incineradora que permita técnicamente las emisiones cero”.