Un anillo verde alrededor de Madrid, conectando varios entornos naturales ya existentes para conformar una especie de gran barrera medioambiental que proteja a la capital a partir de cinco áreas diferenciadas. Sobre el papel el Bosque Metropolitano suena muy bien. Tanto, que José Luis Martínez-Almeida incorporó el proyecto a su programa electoral pese a que la propuesta venía de Ciudadanos, que no terminó de desarrollarla durante su cuatro años como parte del Ejecutivo local. Sin embargo, la iniciativa lleva meses inquietando a varios propietarios, que ven como el consistorio les pide ceder sus tierras “sin ninguna compensación justa a cambio”.
Lo explica a Somos Madrid Galo Montes, presidente de la Asociación de Afectados por el Bosque Metropolitano. Esta agrupación cuenta ya con más de 500 miembros, y eso que su ámbito de acción se limita a Fuencarral-El Pardo (que ocupa gran parte de la superficie que conforma la primera de esas cinco áreas). Es el distrito con un mayor número de propietarios y una mayor cantidad de terreno implicado, 12 kilómetros cuadrados. Esto es, cuatro veces y media la extensión cubierta por la Operación Chamartín. Pero el Bosque se extiende por Hortaleza, Barajas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Latina y Moncloa-Aravaca. “Y nos parece fenomenal, es una idea muy bonita. Lo único que queremos es que cumplan la ley”, asegura.
Reclaman que, a cambio de sus tierras, se les entreguen otras parcelas o una retribución económica apropiada: “El Ayuntamiento nos ha estado pidiendo que las cedamos gratis porque las van a usar, pero sin que perdiésemos la propiedad, lo cual no tiene sentido. Estamos en medio de lo que va a ser el mayor eje económico de la ciudad, Madrid Nuevo Norte-Alcobendas-Tres Cantos. Imagina que tienes unos terrenos en el centro de todo ese eje, donde van a ir el 40% de todas las inversiones futuras de la capital, mientras te piden entregarlo a coste 0 porque, según te dicen, no vale nada”.
Incide repetidamente en que su única exigencia es el cumplimiento de la normativa vigente. “La ley es muy clara: si quieres crear un parque, decláralo como tal y abona las cantidades que marca la legislación en caso de que se ejecuten expropiaciones. No pueden pedirnos una cesión voluntaria sin darnos otra opción, deja de ser voluntario. Aquí hay familias humildes, gente del pueblo de toda la vida y propietarios de terrenos pequeños, no somos terratenientes”, dice Galo.
Desde el área de Desarrollo Urbano del consistorio, todavía en manos de Ciudadanos, defienden por contra a este medio que la fórmula propuesta es “la custodia del territorio, muy usada en otros países”. En ella los propietarios mantienen la titularidad, pero ceden la gestión a una organización sin ánimo de lucro. A cambio consiguen algún beneficio, ligado a la producción agrícola, la reforestación y otros usos complementarios. “A algunos les ha parecido bien y otros no quieren, no pasa nada. No es obligatorio. El Bosque pasará cerca pero no por su terreno. No hay problema ninguno”. Según estas fuentes “lo que piden esos vecinos en realidad es que se recalifique sus terrenos, algo que no se puede, porque es terreno rústico no urbanizable”.
Para Galo, en cambio, es el Gobierno municipal el que “quiere acometer proyectos que requieren unas licencias que nos han sido rechazadas sistemáticamente a nivel particular”. Cita el caso de una iniciativa para crear un Centro de Interpretación de la Naturaleza: “A su impulsor se le denegó, pese a contar con todos los parabienes y documentos necesarios, porque concentrar a 41 personas en la zona podría crear un problema medioambiental”.
Según detalla dicho informe del área de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid, fechado en 2018 y al que este medio ha tenido acceso, “el pisoteo continuado e intensivo del territorio que cabe esperar por la actividad prevista conllevaría una merma importante en la capacidad de desarrollo de la vegetación”. La resolución recalca asimismo que “la finca constituye parte de la zona de campeo de numerosas especies protegidas que han motivado la declaración del cercano Monte de El Pardo” como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)“.
Sin embargo, según desliza Galo, “ahora hay planificado un espacio similar, solo que mucho más grande y ambicioso, que pueda albergar miles de visitas al año”. Aunque no quiere nombrar iniciativas concretas, se muestra muy crítico con la deriva que puede tomar el entorno. Hasta el punto de que temen que se convierta en “la mayor discoteca natural de Madrid”, dice a medio camino entre lo metafórico y lo literal. Mientras, “a un propietario ni siquiera le permiten colocar dos contenedores en su finca”.
La ley es muy clara: si quieres crear un parque, decláralo como tal y abona las cantidades que marca la legislación en caso de que se ejecuten expropiaciones
Antonio Crespo es otro de los afectados asociados. En su caso llueve sobre mojado, ya que como apunta en conversación con este medio sus antepasados sufrieron situaciones similares: “La historia de nuestras tierras es la de la expropiación. En los últimos 100 años a mi familia nos han expropiado 100.000 metros cuadrados”. Asegura que 45.000 se destinaron al campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, 25.000 a la extensión de Chamartín y otras cantidades menores a edificaciones en el Barrio del Pilar o a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. “Y siempre hemos recibido compensaciones pequeñísimas”, protesta.
No entiende que el Ayuntamiento hable de “terrenos abandonados a los que dar un uso productivo” cuando en muchos de ellos hay gran actividad: “Aquí la mayoría de tierras son rústicas, dedicadas a la plantación y labor de cebada, maíz o viñas. Pero con el paso de los años aparecieron también edificios que se han consolidado: desde casas bajas [no se puede construir en altura] a restaurantes, pasando por cuadras de hípica o empresas dedicadas al adiestramiento canino”. En total hay implicadas 1.500 parcelas de Fuencarral-El Pardo, un buen número ellas de titularidad compartida entre varios vecinos.
Antonio habla incluso de una “expropiación encubierta” en la que seguirían siendo los legítimos propietarios después de perder cualquier capacidad de decisión u organización en sus propias parcelas: “Insistimos una y otra vez en que no nos oponemos al Bosque Metropolitano. Solo queremos estar en la mesa de las decisiones que se tomen sobre nuestras propiedades”.
Esperanza ante el nuevo horizonte de negociación
Galo y Antonio coinciden en un cierto optimismo ante el nuevo panorama de Ejecutivo en Madrid, aunque Almeida y su equipo planean impulsar el Anillo Verde. La esperanza no se debe solo a la salida de Ciudadanos, sino a que el regidor no necesita a Vox para tomar decisiones: “Puede sacar adelante el plan que quiera, sin chantajes ni presiones. Ya sabemos con quien nos tenemos que sentar para explicarles que, como propietarios que somos, queremos que se cuente con nuestra opinión. Tenemos ideas y, a diferencia de nuestros abuelos, nosotros nos hemos organizado para pelear por ellas”, explica Crespo. Para su compañero “se han intentado aprovechar de la indefensión porque creían que no nos íbamos a organizar, pero lo hemos hecho y les hemos dicho que lo que plantean no es viable”.
Según Galo, las primeras semanas de la nueva legislatura municipal que está por arrancar van a ser clave porque “veremos la verdadera piel del lobo”. Matiza, no obstante que confían en que “con el nuevo Gobierno de la ciudad se llegue a una solución razonable, porque nosotros no nos negamos al Bosque y queremos que esta sea la zona más bonita de Madrid. Solo pedimos que no sea sin ningún coste y a nuestra costa”.