La regulación de las cocinas fantasma en Madrid queda en un limbo tras el fin de la moratoria que las limita

“El Ayuntamiento nos tiene entre susto y muerte”. Con estas palabras describía Santiago Navas, vecino de la calle José Calvo de Tetuán y miembro de la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma, la incertidumbre de cientos de vecinos en varios puntos de Madrid. Todos ellos tienen en común su movilización contra las molestias caudadas por estos servicios de hostelería. En ellos se elaboran platos para llevar a domicilio, sin que haya servicio de mesa o terraza, ni siquiera atención al cliente (los pedidos se ejecutan online, habitualmente a través de aplicaciones móviles).

Desde el 15 de agosto de 2021, su actividad en la ciudad ha sido regulada a través de una moratoria que limitaba el tamaño de estos locales en 350 metros cuadrados si sus propietarios trataban de instalarlos en edificios residenciales. Además, tenían la obligación de habilitar un aparcamiento interior para el reparto. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida trató de aplacar así las protestas crecientes por los malos olores, los ruidos, distintos incidentes y la ocupación de la vía pública en un sector que proliferó rápidamente durante la pandemia.

Pese a que continuaron emergiendo nuevas cocinas fantasma para indignación de muchos residentes, la medida ha servido como un dique de contención que ahora se derrumba. De hecho, la actividad queda fuera del marco regulado desde este 16 de agosto y hasta que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dé el visto bueno definitivo al las nuevas normas urbanísticas de la capital. El Pleno de Cibeles las aprobó el pasado 17 de agosto y la Comunidad de Madrid debe esperar al menos un mes para refrendarlas, aunque el periodo de ratificación puede alargarse hasta un máximo de cuatro meses.

La situación, que aunque puede resolverse inminentemente ya ha causado un “limbo jurídico” según fuentes del PSOE madrileño, se explica en gran parte por las enormes dificultades del Gobierno municipal para sacar adelante su agenda política en la anterior legislatura. Pese al apoyo de PP y Ciudadanos (no en vano el área de Desarrollo Urbano estaba en manos del partido naranja), la oposición de Vox hizo imposible implementar una gran batería de modificaciones en materia de urbanismo. Entre ellas, las relativas a las cocinas fantasma. La mayoría absoluta de Almeida después de los comicios del pasado 28 de mayo despejó el bloqueo.

Un “fraude” para la oposición y “ningún vacío legal” para el Ayuntamiento

El portavoz adjunto de Más Madrid en el consistorio, Eduardo Rubiño, avanza que Más Madrid llevará a los tribunales el “fraude” que a juicio de su formación suponen las novedosas normas urbanísticas. Para Rubiño, es imprescindible evitar que el Gobierno de Cibeles “se salte la ley”. En cuanto a la situación de desregulación en la que quedan las cocinas fantasma o dark kitchens hasta que se aplique esta renovada legislación, lo tacha de “ley de la selva”.

“No esperamos que haya ningún vacío legal”, ha defendido por su parte en unas declaraciones recogidas por Europa Press el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante: “El plazo para otorgar licencias es de tres meses. Si se aprueban definitivamente por la Comunidad de Madrid esas normas urbanísticas, entrarán en vigor las limitaciones para esas licencias y, por tanto, no tendremos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores a la aprobación de las normas”, opina el concejal.

Carabante presume igualmente del impulso económico que a su modo de ver traen consigo los cambios legislativos en materia de urbanismo. Habla de “4.182 empleos” y un incremento de “215 millones el PIB de esta ciudad al introducir agilidad administrativa”. El Ejecutivo municipal alaba también las restricciones que aplica a las cocinas fantasma, las cuales deberán ubicarse prioritariamente en zonas industriales con un máximo de ocho locales cada 350 metros cuadrados. Asimismo, tendrán que contar con espacios de espera y con instalaciones de carga y descarga para evitar molestias en la vía pública.

Mientras tanto, en los residentes de las zonas afectadas por las cocinas fantasmas se dan la mano la incertidumbre por este periodo sin control legal con las reclamaciones de “una norma específica que tenga retroactividad”, de forma que se actúe contra todos los negocios de este tipo implementados en Madrid a lo largo de los últimos años. Así lo manifestó Santiago Navas en declaraciones a este medio. Navas es integrante de una de las muchas asociaciones vecinales que también han exigido el cierre o traslado de todas estas cocinas a polígonos industriales.

Puede que estos polos industriales no sean emplazamientos con tanto lustre como algunos de los chefs que apadrinaron estos locales. Dani García, por ejemplo, es una de las principales figuras a este respecto. Sin embargo, vecinos de distritos como Tetuán o Arganzuela han demostrado que, frente a un crecimiento económico a toda costa, ponen por delante la defensa de una seguridad y un bienestar que han considerado amenazados en sus barrios.