La declaración de zonas tensionadas acaba de llegar a los juzgados en Madrid. El Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno regional, al que acusa de haber incumplido la Ley de Vivienda al no haber tramitado un requerimiento para poner en marcha este mecanismo para limitar los precios de los alquileres.
Según el texto del contencioso, al que ha tenido acceso este periódico, su consistorio pidió el pasado 11 de diciembre, a través de un requerimiento, que el municipio fuera declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, tal como establece la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. La petición, enviada a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, no tuvo respuesta en el plazo legal (30 días), por lo que Rivas Vaciamadrid considera que ha incumplido su obligación de aplicar la ley “y deja en una situación de indefensión a la ciudadanía ripense”.
Unos meses antes, el 25 de septiembre de 2024, Rivas había solicitado formalmente que el municipio fuese declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, al cumplir con los requisitos recogidos en la Ley de Vivienda. Entonces la Comunidad de Madrid sí que ofreció respuesta, rechazando iniciar el procedimiento porque había recurrido la normativa estatal ante el Tribunal Constitucional.
Ante estos argumentos, el Ayuntamiento de Rivas asegura que la interposición de un recurso “no suspende la aplicación de la ley, que sigue siendo de obligado cumplimiento, máxime cuando el propio Tribunal Constitucional ha rechazado ya la mayor parte de los recursos interpuestos sobre la Ley de Vivienda”, explican fuentes del consistorio. El fin a esta vía administrativa ha llevado al consistorio a optar por la judicial.
En el caso de que este municipio fuera declarado zona tensionada, Rivas Vaciamadrid aplicaría las medidas incluidas en el plan que acompañó la solicitud, como una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento después de la finalización del contrato o que los nuevos contratos a nuevos inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior, con una excepción de una posible subida del 10% si se hubiesen efectuado obras de rehabilitación o mejora de la vivienda.
Otra de las medidas previstas en el caso de que prosperara su recurso sería el de establecer la condición de gran tenedor a aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial y la limitación de los precios de alquiler de sus viviendas y las de aquellas personas propietarias de viviendas que no hubiesen estado arrendadas en el último lustro.
Y en cuanto a medidas que favorecieran los estímulos fiscales, Rivas proponía la aplicación a los propietarios de los incentivos previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas, estimulando así también la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías.
El Ayuntamiento también ha solicitado la convocatoria de nuevas ayudas para aumentar en 500 pisos el parque público de viviendas en alquiler, tanto a través de la Comunidad de Madrid como del Gobierno de España.
La iniciativa ripense tiene lugar cuando la Asamblea de Madrid tramita una iniciativa de diez alcaldes del PSOE que también han pedido declarar sus municipios como zonas tensionadas por la vivienda. El textopresentado busca por un lado dotar a los municipios de la capacidad de autodeterminarse zona tensionada si cumple los criterios de la Ley de Vivienda estatal –sorteando el veto actual de la Comunidad de Madrid–, y por otro que aquellos que se adhieran reserven parcelas para la promoción de vivienda protegida.
“Un gobierno no puede decidir si aplica o no una ley”
“Una vez agotada la vía administrativa no nos queda más que interponer esta denuncia, para que se cumpla una ley”, explicaba a los medios la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, a las puertas del TSJM. “Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es impedir a la ciudadanía acceder a una serie de medidas que vienen a poner solución a un problema estructural que tenemos como país”, añadió. “Un gobierno no puede decidir si aplica o no aplica una ley en función del agrado que le suponga esa propia ley”, lalmentó respecto a la actitud del Ejecutivo de Ayuso, a quien reclamó que “deje de boicotear las soluciones”.
La alcaldesa ripense defendía que esta herramienta sirve para bajar los precios de alquiler allí donde se aplica: “Hay ejemplos de comunidades que ya lo están llevando a cabo. Cataluña fue la primera y ya se está viendo cómo bajan los precios del alquiler. Asturias ha sido la siguiente. Hay ejemplos que demuestran que aplicar las medidas que la propia ley de vivienda ya introducía vienen a poner de alguna forma solución al problema estructural que tenemos”.
Castillejo también recordó que su equipo “está haciendo un gran esfuerzo” a través de un plan estratégico que prevé la construcción de más de 500 viviendas públicas y pidió la implicación de todas las administraciones para apoyarlo porque, a su parecer, “hay una administración por encima que tiene delegada a las competencias en materia de vivienda y que no está apostando por la vivienda en ninguno de sus municipios”.
